En Brasil, el año 2016 comenzó con una profunda crisis política y económica. Y terminará aún peor. La tan esperada recuperación económica se hará esperar hasta 2018 y el combate a la corrupción parece no tener prisa. Mientras tanto, los diferente poderes institucionales prefieren llevar el agua para sus molinos.

Los ajustes para recuperar la economía brasileña podrían haber estado listos a comienzos de año, pero el Congreso estaba más interesado en derrocar a la entonces presidenta, Dilma Rousseff. Los primeros ocho meses se fueron en su proceso de impeachment, que acabó con su salida el 31 de agosto. Dos semanas más tarde se asistía a la caída del artífice de esto, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy, detenido en una prisión en Paraná.

Sólo entonces la recuperación económica volvió a la agenda. El precio de esa tardanza fue el avance del desempleo y una tímida proyección de crecimiento del 0,8 por ciento para 2017. Los dos años anteriores la contracción había superado el 3 por ciento del PIB.

Un problema complejo y sistémico

Quienes apostaban por que separar a Rousseff del gobierno resolvería la crisis política y económica de Brasil, pronto pudieron darse cuenta de que el problema es complejo y sistémico. Pues los que asumieron el poder después de la mala gestión de la líder del Partido de los Trabajadores son parte del problema.

Esto quedó patente en la forma cómo la clase política lidió con el paquete de combate a la corrupción, la principal bandera de la protesta popular que llevó a más de un millón de personas a las calles al principio del año. En un gran acuerdo entre los mayores partidos del país se boicoteó sistemáticamente el proyecto. Sigilosamente, mientras Brasil lamentaba el desastre del avión del equipo de fútbol Chapecoense, desvirtuaron la propuesta y dejaron claro que su prioridad son sus propios aliados. Una actitud no exactamente inesperada teniendo en cuenta que, en este momento, una centena de políticos están siendo investigados por corrupción.

Cabe resaltar que el paquete anticorrupción fue también el inicio de la guerra que se estableció entre el Poder Judicial y el Legislativo. Una disputa que una vez más puso los egos y los intereses corporativos por encima del espíritu republicano.

No obstante, el combate serio a la corrupción político-empresarial quedó a cargo de la Operación Lava Jato, que a pesar de las críticas y las posibles falencias, ha sido la única hasta ahora capaz de castigar a políticos y grandes empresarios, de devolver dinero a las arcas públicas y de desmantelar un esquema gigantesco que se estableció hace décadas en el centro del sistema político.

Por otro lado, Lava Jato amenaza la luna de miel del actual presidente Michel Temer con el poder Legislativo, dividido entre los políticos investigados por corrupción y la opinión pública. Hasta ahora, sus victorias sucesivas en el Congreso y una aprobación popular del 10 por ciento muestran claramente de qué lado proviene el apoyo al presidente. Cabe anotar que su afinada relación con el Legislativo le permitió a Temer, a pocos meses de asumir la presidencia, encaminar reformas económicas de impacto duradero.

El camino de vuelta al diálogo

Así las cosas, los acontecimientos del año fueron seguidos de cerca por una población extremadamente polarizada, con discursos ácidos, amplificados en y por las redes sociales. Como es natural en un país tan desigual, lo que es la solución para una parte de la población es un problema para la otra.

Con todo, mientras que buena parte de los brasileños invierte su energía en debates inocuos e insultos, los políticos corruptos de todas las vertientes e ideologías se alían en pactos suprapartidistas para salvar su propia piel.

Por todo ello, cabría esperar que si 2016 mostró la agonía de un sistema político al borde de un colapso, el año 2017 muestre el camino de vuelta al diálogo. Porque la democracia es eso mismo: un constante debate entre personas con ideas diferentes, y muchas veces opuestas, que sin embargo trabajan juntas para construir un país.