El argumento académico en favor del libre comercio es convincente: salvo en circunstancias excepcionales, la liberalización del comercio internacional genera mayor crecimiento para las economías de los Estados involucrados en el proceso (eso no implica que todos los sectores de la economía se beneficien del proceso, pero ese es otro tema). En general, ese es además un argumento en favor de suscribir acuerdos de libre comercio (aunque, nuevamente, qué tan beneficiosos puedan ser, dependerá de las circunstancias del caso). El Acuerdo Transpacífico que negocian en este momento doce Estados que representan el 40% del producto global es en buena medida un acuerdo de libre comercio, ¿podría concluirse, entonces, que será beneficioso para todas las partes?
La respuesta honesta a esa pregunta es que no lo sabemos, dado que la negociación es en lo esencial secreta. Y por distintas razones, no podemos dar por descontado que se produzca un debate parlamentario sustantivo antes de la ratificación de un eventual acuerdo. Por sólo citar un ejemplo, en el caso de los Estados Unidos el gobierno de Obama busca que su proceso de ratificación adopte el mecanismo de "Vía Rápida" (V., "Fast Track"), según el cual el Senado de su país tendría la prerrogativa de aprobar o desaprobar el acuerdo tal cual fue redactado, pero sin derecho a realizar la más mínima modificación. El punto no es que la Vía Rápida no sea un mecanismo razonable bajo determinadas circunstancias, sino que en el contexto descrito contribuye a la opacidad del proceso.
Y la opacidad del proceso es relevante cuando se recuerda que la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, entre los países que negocian, se han reducido en forma dramática en décadas recientes (sea por acuerdos bilaterales o multilaterales, o por decisión unilateral). Antes que liberalizar el comercio de bienes (el tema medular de los acuerdos tradicionales de libre comercio), el Acuerdo Transpacífico se aboca a temas como el comercio de servicios, la protección de las inversiones y de los derechos de propiedad intelectual (sin tocar los subsidios agropecuarios de países como Estados Unidos y Japón).
No es sólo que el Acuerdo Transpacífico tenga como preocupación central temas ajenos al comercio de bienes, es que además tiene en su origen una clara motivación política: desde que, para todo efecto práctico, la Ronda de Doha bajo el auspicio de la Organización Mundial de Comercio colapsó en 2008, los países desarrollados (y en particular los Estados Unidos) han buscado obtener a nivel regional y bilateral el tipo de concesiones que no consiguen obtener a nivel global. Por ejemplo, Estados Unidos tiene algún tipo de acuerdo de liberalización comercial con la mayor parte de los países del hemisferio occidental, salvo por una gran excepción: los países integrantes del Mercosur. Esa fue la estrategia seguida a partir de 2005, cuando colapsó en la IV Cumbre de las Américas el proyecto de crear un área de libre comercio hemisférica.
No es casual por ende que las principales iniciativas de negociación comercial promovidas por los Estados Unidos (el Acuerdo Transatlántico con la Unión Europea, y el Acuerdo Transpacífico) excluyan a los denominados Brics (V., acrónimo para un grupo de países compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): es decir, precisamente los países que impiden que los países desarrollados obtengan en la Ronda de Doha el tipo de acuerdos en materia de servicios, inversión y (sobre todo) propiedad intelectual, que sí consiguen aprobar a nivel bilateral o regional. El propio Obama lo dijo de manera explícita: el Acuerdo Transpacífico "asegura que seamos nosotros, y no países como China quienes redacten las reglas para la economía global".
En ese contexto, resultan preocupantes los borradores de la negociación filtrados a la prensa. Por cuestión de espacio, haré mención únicamente a tendencias recientes en materia de derechos de propiedad intelectual en medicamentos, como ejemplo de lo que nos podría esperar. De un lado, las empresas farmacéuticas gastan sumas crecientes, más que en investigación y desarrollo, en la contratación de abogados que consiguen no sólo Patentes de Segundo Uso (es decir, debido a que el mismo medicamento sería útil para tratar alguna enfermedad adicional a la establecida en la patente), sino además extender las patentes para las enfermedades ya contempladas, al hacer una modificación menor en el medicamento original (la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, por ejemplo, investiga el caso de un antibiótico cuya composición ha sido reformulada tres veces en aras de extender la patente).
Si queda duda alguna sobre el hecho de que el propósito de esto suele ser el impedir la fabricación de medicamentos genéricos (mucho más baratos), sin brindar beneficios adicionales al consumidor, considere el siguiente caso: los grandes laboratorios farmacéuticos están pagando a los productores de genéricos sumas considerables de dinero con un único propósito: que se abstengan de producir medicamentos genéricos por un tiempo determinado (por ello son conocidos como "pay for delay agreementes"). Según la Comisión Federal de Comercio, ello implica sólo para los consumidores estadounidenses un gasto adicional por medicamentos equivalente a US$3.500 millones por año.
