En América Latina existe un ambiente y un marco de referencia que genera condiciones propicias para que el fenómeno de la corrupción se produzca. Podemos abordarlo a partir de tres esferas de acción: económica, política y social.

El deseo de obtener una ganancia o una ventaja injustificada; la ausencia de valores éticos; anteponer el interés particular al colectivo o la ausencia de controles internos, prefiguran las condiciones que favorecen la corrupción, ya que sin importar la preocupación de que se atiendan las necesidades de desarrollo y bienestar social, en la parte económica "alguien" busca una gran utilidad monetaria y otros beneficios personales con el deseo de obtener una ganancia o una ventaja injustificada, lo que se conjuga como incentivo perverso, con la impunidad, que hoy día es una preocupación mundial.

En lo político, tenemos carencias o debilidades en el entramado legal institucional, lo que permite que se desenvuelvan los grandes defraudadores, "los pillos";  y por otra parte, existen grupos de poder que quieren hacer prevalecer su visión y sus intereses sobre la de los demás.

En la parte social, la falta de una educación, los pocos o nulos espacios de participación comunitaria, la desconfianza y escasa solidaridad de la ciudadanía, generan indolencia y apatía en la sociedad.

No debemos perder de vista la causa-efecto, entre pobreza y corrupción, donde a mayor corrupción, mayor pobreza, y a mayor pobreza, mayor corrupción, lo que provoca un grave deterioro social que afecta derechos colectivos que inciden en un mayor grado de desigualdad.

Esto nos lleva a pensar en la relación estrecha que existe entre crimen organizado en un entorno de exclusión social e ingobernabilidad, lo que provoca desasosiego en los ciudadanos de países en América Latina que atraviesan por una crisis de legitimidad de sus democracias, y como consecuencia devienen limitaciones a los derechos sociales, económicos y culturales; a eso se añade la impunidad y la ineficacia de las instituciones.

En el caso de países con democracia, la corrupción puede aumentar por varios factores: desempleo, desigualdad, falta de educación y oportunidades, todos factores que nos encaminan, nuevamente, a la exclusión social.

La frustración social en muchos países de América Latina es una realidad incuestionable. Es una sensación de fracaso, desamparo, debilidad e inclusive soledad frente algo indefinible, pero muy poderoso: la corrupción y la impunidad. Y si la percepción de corrupción es alta, es muy probable que el ciudadano que tiene la posibilidad de participar en un acto ilegal considere que es normal y que seguramente no va a pasar nada si toma la decisión de hacerlo.

El documento: "México: Anatomía de la corrupción", señala como países con alta corrupción en Latinoamérica a: Venezuela, Argentina, México, Panamá, Colombia, Brasil, Costa Rica y Chile, y aunque si bien la corrupción es un fenómeno multifactorial, se ha observado la relación de causalidad entre PIB per cápita y nivel educativo por un lado, y los niveles de percepción sobre la corrupción, por el otro. Esto es, los países con PIB per cápita más alto son menos corruptos, así como que a menor nivel educativo, mayor percepción de corrupción.

La corrupción, en ámbitos corporativos. La corrupción, entre otras cosas, es el resultado de fallas en los sistemas de control, por lo que resulta indispensable fortalecerlos mediante el diseño de estructuras de control interno que se ajusten al modelo reconocido a nivel internacional, como el Informe COSO.

Analizar los tipos de fraude y corrupción existente, examinar sus causas y consecuencias, y diseñar estrategias factibles para reducir su incidencia y sus efectos, es una tarea que todas las organizaciones, públicas o privadas, deben desarrollar.

Uno de los factores importantes para la disuasión de actos ilegales es la percepción de los integrantes de una organización, de que existen elementos e instancias precisas de control y denuncia para detectar al personal que pudiera realizar acciones indebidas y, que pueden ser identificados y sancionados.

Una organización que implemente las mejores prácticas para la disuasión de fraudes estará mejor preparada para prevenir, detectar y reducir de manera significativa la comisión de ilícitos. Generar y establecer una política integral que otorgue seguridad plena a los empleados y a terceros, de que todo acto contrario a la norma será sancionado de manera ejemplar, fortalece y blinda a las instituciones.

Algunas acciones a tener presentes: cuidar el perfil de los empleados, funcionarios o servidores públicos; verificar antecedentes laborales y aplicación de pruebas de confianza; fortalecer el control interno y evaluación de riesgos; capacitar a los empleados, estimular las competencias laborales del personal; diseñar y promocionar un programa antifraude; segregar funciones y establecer tramos de responsabilidad, Establecer líneas de denuncia y otros mecanismos para reportar fraudes... tiene que haber un tono ético de la Alta Dirección.