Uno tendería a creer que en Latinoamérica tuvimos suficientes experimentos con controles de cambios y de precios, como para prever sus consecuencias. Basta intersectar curvas de oferta y demanda en un plano cartesiano para percibir lo que ocurre cuando un precio se fija por largo tiempo en un nivel sensiblemente menor que su nivel de equilibrio: habrá escasez del bien en cuestión en los mercados bajo control oficial, porque la demanda tenderá a ser mayor que la oferta. Por la misma razón, el bien en cuestión abundará únicamente en los mercados ilegales (pero a un precio bastante mayor). 

Lo mismo tiende a ocurrir con la cotización del dólar. También existe suficiente experiencia histórica como para saber que los subsidios indiscriminados no necesariamente producen una redistribución progresiva del ingreso (es decir, en favor de quienes menos tienen). Por ejemplo, vender el litro de gasolina a dos centavos de dólar (como ocurre en Venezuela),  beneficia más a quienes tienen auto que a quienes emplean transporte público. Y subsidiar la electricidad beneficia más a las empresas que a las familias. Peor aún, cuando el nivel de los subsidios se torna insostenible y es necesario realizar ajustes, la inflación que esos ajustes generan tiende a perjudicar más a quienes menos tienen (por ejemplo, porque poseen menos bienes inmuebles, los cuales pueden mantener su valor durante períodos de inflación elevada).  

Ese último es el proceso que vienen encarando ahora las economías de Argentina y Venezuela. El gobierno argentino permitió hace poco la devaluación de su moneda, y anunció que reducirá los subsidios al gas, la electricidad y el agua. De un lado, la devaluación permite resguardar las reservas internacionales, al reducir la venta de dólares que el Banco Central debe realizar para sostener la cotización de la moneda local. De otro lado, la reducción de subsidios contribuye a que el déficit fiscal (fuente potencial de inflación), sea menor. Pero en el corto plazo ambas decisiones traen problemas económicos, dado que ahora el precio de los bienes y servicios importados será mayor, al igual que las tarifas de los servicios subsidiados. Es decir, aunque necesarias en el largo plazo, en lo inmediato esas medidas pueden generar descontento social. 

No es por ello casual que se adopten en un contexto político en el cual la próxima elección nacional está a más de un año de distancia, y la presidenta en ejercicio no podrá ir a la reelección. Y un contexto además en el cual la diferencia entre el cambio libre y el oficial era cercana a un ratio de 2 a 1. Si bien en el caso de Venezuela tampoco hay una elección nacional programada en más de un año, la diferencia es que el gobierno venezolano enfrenta las mayores movilizaciones  de oposición desde 2002, en un país en el que existe la posibilidad de convocar en un par de años a un referendo revocatorio del mandato presidencial. Además la diferencia entre el cambio libre y el oficial en Venezuela llegó a ser de más de 13 a 1 en Febrero pasado, la tasa de inflación es el doble que las cotas más elevadas en las que se ha estimado la inflación argentina, y (como vimos para el caso de la gasolina), los niveles de subsidio a ciertos bienes y servicios son absolutamente desorbitados. Es decir, Venezuela tendría que hacer ajustes bastante más severos que los de la Argentina, en un contexto político más complicado. Y si bien una devaluación del Bolívar contribuiría a paliar tanto el déficit en balanza comercial como el déficit fiscal, su efecto inmediato sobre los precios sería bastante mayor que en la Argentina, dado que Venezuela importa alrededor del 70% de los bienes que emplea su economía. Además una devaluación del Bolívar probablemente sería un incentivo menos eficaz que en la Argentina para las exportaciones locales, dado que en Venezuela el petróleo y el gas representan el 96% de las exportaciones, y su demanda es relativamente inelástica.   

Esas serían las razones por las que el gobierno venezolano en lugar de modificar el tipo de cambio oficial (de 6.30 bolívares por dólar), opta por una devaluación encubierta, creando un mercado de dólares paralelo que busca competir con el mercado informal. El primer intento fue el Sicad1, en el que ciertos grupos empresariales están facultados a participar en la subasta semanal de hasta US$220 millones. Pero dado que la cotización alcanzada en ese mercado ronda entre los 10 y los 12 Bolívares por dólar, no bastó para incidir en la cotización de dólares en el mercado informal (en el cual alcanzó un pico de 88 Bolívares en Febrero pasado). Lo cual llevó a crear otro mercado de subasta de dólares (denominado Sicad2), en el que la moneda estadounidense alcanzó una cotización de 51.86 Bolívares. Tras la creación de este nuevo mecanismo, el dólar informal bajó su cotización hasta los 58 Bolívares. 

El fin último de este sistema cambiario escalonado sería el de modular el traslado de divisas de uno a otro mecanismo, de modo tal que se puedan reducir progresivamente las distorsiones de la economía venezolana, causando en el proceso el menor grado posible de conflictividad social. Siendo un paso en la dirección correcta, la magnitud de las distorsiones y la impericia demostrada por los gobernantes venezolanos hacen que se trate de una apuesta riesgosa de pronóstico reservado.