El gobierno boliviano ha sido persistente en mantener la demanda marítima como un eje central de su política exterior, aprovechando toda instancia multilateral para plantear la necesidad de una salida al mar, en términos de exigencia política y en un contexto de reivindicación histórica.

En las últimas semanas, aprovechando el marco de la reunión de Celac-UE, el presidente Evo Morales ha planteado en distintos discursos y declaraciones de prensa, su demanda exigiendo a Chile una propuesta concreta en torno a las opciones que Chile considera para solucionar el problema del enclave marítimo de Bolivia. Si bien, no existe, de parte de los países de la región, un apoyo explícito a la demanda boliviana, es indudable que la instalación de esta demanda en la agenda política regional constituye un hecho en torno al cual distintos actores políticos dan a conocer su posición de respaldo, observancia de proceso y coincidiendo de que se trata de un asunto bilateral.

En este escenario, la certeza de Chile se encuentra específicamente en el ámbito jurídico, el cual respalda una estrategia lógica de manejo diplomático en torno a este factor. Ello implica que una eventual revisión o perfeccionamiento del Tratado de 1904 exige el acuerdo de ambos países. Para que exista acuerdo se precisa la existencia de un proceso negociador, basado en instancias institucionales bajo el alero de ambas cancillerías. Sin embargo, y más allá de existir instancias establecidas en el tratado para generar espacios de diálogo, éstos no satisfacen las expectativas de Bolivia en términos que espera una propuesta chilena tendiente a solucionar la demanda marítima en la perspectiva boliviana.

¿Cuáles son los escenarios que se derivan en el futuro mediato para Chile? Esta interrogante tiene una condición y al menos tres aproximaciones distintas.

La condición exigible desde el punto de vista de las relaciones internacionales es la instalación de un espacio de diálogo debidamente institucionalizado con certeza de sustentabilidad en el tiempo. Ello implica y supone la voluntad de las partes y la presencia de condiciones institucionales que no se modifiquen en el transcurso del diálogo y eventuales negociaciones. En esta perspectiva, las condiciones de estabilidad institucional resultan ser cruciales para el éxito de cualquier instancia de acercamiento. Solo una vez establecida esta condición es posible instalar propuestas o ideas que posibiliten identificar las convergencias y divergencias de las fórmulas de cada país. Los resultados no serán inmediatos y se regirán por los criterios aceptados referidos a las negociaciones internacionales.

Mientras no exista esta certeza mínima, será dificultoso pretender que la certeza jurídica obtenida por el Tratado de 1904 pueda ser revisada o modificada por el simple expediente de peticiones políticas y mediáticas.

La experiencia histórica y actual en Occidente da cuenta de que ello constituye una condición fundamental en cualquier proceso que intente avanzar hacia la búsqueda de acciones y acuerdos que intenten superar situaciones establecidas legítimamente en el pasado. Al efecto, la guerra del 79 y sus posteriores negociaciones, constituyen un hecho o un dato concreto, el cual no puede obviarse en la generación y diseño de instancias de diálogo entre Bolivia y Chile.

Si esta condición no está presente, cualquier propuesta o esquema de conversación o negociación tiende a ser efímera y cambiante conforme sean los énfasis e intereses de los gobiernos de turno. Adicionalmente, la dinámica de búsqueda de integración regional se resiente si está sometida a una presión permanente de exigencias previas para su avance. Por ello, la prudencia de todos los países, independiente de su modelo de sociedad al cual adhieren, les señala que la situación es bilateral y no constituye un factor de apoyo incondicional ni a todo evento, salvo en lo que se refiere a que la demanda planteada por Bolivia debe ser abordada solo en el ámbito de ambos países.

Una primera aproximación factible de tener en cuenta y que ya ha sido anunciada por el Presidente Evo Morales, es la de concurrir a una instancia judicial internacional, lo cual exige poseer los elementos de prueba o evidencias suficientes para sostener dicho requerimiento en el tiempo y someterse al fallo que emita este tribunal. Esta posibilidad enarbolada por Bolivia, hace más de un año, aún no se materializa y todo indica que su probabilidad es baja respecto a la integridad de la demanda boliviana, por lo que queda esperar acciones judiciales solo por partes de lo que se pide y conforme los mecanismos que el propio Tratado considera. Esta opción, por demás, implica el reconocimiento explícito del Tratado de 1904 como arco de referencia. Si ello fructifica Bolivia podría satisfacer una parte ínfima de su demanda cerrando las puertas a futuras reclamaciones con el consiguiente costo de distanciamiento con Chile y el impacto negativo en la región. Es decir, resultados magros y costos políticos altos en términos de su posicionamiento regional.

Una segunda aproximación, que pareciera ser parte de la actual estrategia de Bolivia, es convertir la demanda en un problema de fundamento y contenido solo político, dejando de lado los elementos jurídicos asociados al Tratado de 1904. Ello supone una insistencia permanente en todo foro regional y mundial denunciando la demanda marítima como un hecho cuya solución solo compete a Chile en términos del gobierno de turno, sin plantear ninguna relación con los aspectos esenciales de las negociaciones post Guerra del Pacífico. Esta estrategia conlleva una opción ideológica, en la medida que busca el apoyo de los países presentes en organismos hemisféricos (OEA), regionales (Unasur, Celac y ALBA, entre otros); o subregionales (Mercosur, entre otros). La eventual fortaleza de esta estrategia se basa en que gobernantes cercanos en términos ideológicos estarían más dispuestos a dar un apoyo explícito a esta demanda política con vistas a satisfacer intereses coyunturales ya sea de cada país o regionales, pero donde su debilidad es la sustentabilidad en el tiempo de cualquier acuerdo que se lograse por esta vía. Es opción implica establecer un criterio de desconocimiento del derecho internacional y dejándolo al arbitrio de los criterios políticos en contextos determinados. Es justamente este punto el que resulta controversial a la hora de suscribir un acápite sobre seguridad jurídica en la Declaración Final de la Cumbre Celac-UE. Si todo lo que se define como político considera la posibilidad cierta de anular toda decisión política fundada en bases jurídicas –como sería el caso del Tratado-, el actual esquema internacional y nacional entraría a una fase de caos e incertidumbre. Por ello, la estrategia política y mediática, en un sentido reduccionista, tiende a convocar a quienes consideran la política como una agregación coyuntural de intereses sociales dejando de lado el orden pre existente. En esta perspectiva, los dichos de Evo Morales mezclan en forma eficiente un sentimiento nacionalista del pueblo boliviano con un diseño mediático, cuya finalidad es imponer, por una vía no jurídica, un escenario de negociación y exigencias sin inclusión de los aspectos que le dan sentido y contenido a las relaciones entre los Estados.

Si bien la probabilidad de que esta fórmula comunicacional de Bolivia dé algún resultado resulta ser baja, no se puede dejar de lado el hecho de su eficacia en sensibilizar a líderes y sociedad civil respecto a la necesidad de explorar soluciones a la demanda boliviana, la cual varios califican como “justa y legítima”.

En este contexto, es necesario tener presente que el traslado desde un escenario jurídico a uno político-comunicacional importa para Chile una revisión y rediseño de su estrategia de relacionamiento vecinal y regional, en la medida que la instalación de temas en la agenda internacional adquiere una dinámica que precisa de nuevas acciones y objetivos que permitan blindar el argumento jurídico en este nuevo espacio de controversia.

La tercera opción consiste en la generación de un espacio de convergencia bilateral que responda a voluntades políticas de largo plazo avalados por una estructura institucional acorde a los intereses. Por lo pronto ello implicaría tener relaciones diplomáticas plenas, a nivel de embajador, y un proceso de construcción de propuestas que satisfaga razonablemente los máximos y mínimos de cada país. Es un proceso lento, pero eficaz y eficiente que tiene un contexto asociado a la evolución de la región conforme los objetivos sustentados en los distintos organismos existentes, pero también tiene un ámbito supraregional asociado a los despliegues comerciales y de seguridad a los cuales Chile y otros países se han comprometido. En este esquema se ingresa a un proceso de negociación en forma, con sus requisitos y condiciones, avalado por ambos países. Es probablemente la opción más creíble y sustentable en el tiempo, en la medida que sus resultados implicarían la sanción de los respetivos poderes legislativos y las necesarias consultas ciudadanas a que haya lugar y que sean aceptadas por ambas naciones.

Es pertinente recordar que el Tratado de 1904 se firma dos décadas después de finalizada la Guerra del Pacifico, lo cual implica el recorrido de un largo camino que finaliza siendo refrendado por ambos Congresos.

A modo de conclusión, y como bien sabemos, el pasado no se borra ni se cambia, sino que constituye la base de trabajo para nuevos espacios de desarrollo y cooperación futuros, si es esa la voluntad política disponible. De lo contrario, implica asumir una relación conflictiva y compleja de alto desgaste y de pérdidas de oportunidades de variada índole.

Dada la historia de ambos países, una visión realista exige generar confianzas y credibilidad, lo cual se obtiene desde una interacción directa y franca, para luego comunicarla social y mediáticamente y no al revés.

Las declaraciones de distinto tipo y contenido contribuyen a la desconfianza antes que a un clima de diálogo constructivo.

Lo que hemos leído y escuchado en las últimas semanas plantea un punto de inflexión respecto a lo que se había manejado hasta entonces. Ello incide en la configuración de los escenarios futuros que enfrentará Chile y cuyo horizonte es preciso evaluar en términos de sus implicancias y factores que incidirán en nuevas posiciones de Bolivia, Perú y nuestro país. Se requiere una mirada estratégica con cambios en la forma de desplegar nuestras acciones diplomáticas, económicas y políticas de una manera tal que sean percibidas y evaluadas como un aporte sincero y concreto a la región sin dejar de lado los legítimos intereses futuros de cada país. En otras palabras, menos incertidumbre y mas certezas.