En realidad, el procedimiento no debería haber sido necesario. Pues, ¿cómo puede un gobierno arrogarse el derecho de abandonar la UE sin consultar a los representantes del pueblo? Esa actitud es antidemocrática y un comportamiento que solo sería de esperar de autócratas como Putin o Erdogan. Theresa May no ha ganado justamente legitimidad con su intento de imponer el "brexit" contra toda resistencia política.

Puntos ciegos en la comprensión de la democracia

La disputa en el Tribunal Supremo y el fallo han dejado al descubierto vergonzosos puntos ciegos en la comprensión británica de la democracia. Eso vale sobre todo para los impulsores del "brexit", que no titubean en recurrir a todo método, por vil que sea, para hacer trizas a sus adversarios políticos. Pero, también los conservadores británicos hace tiempo que van también por los caminos de Trump, en vista de su desprecio por los principios democráticos y los buenos modales.

Esa actitud llegó al extremo de que la ministra de Justicia no defendió al Tribunal Supremo cuando la prensa difamatoria de derecha lo calificó de "enemigo del pueblo". Todo indica que el "brexit" se ha transformado en una superior razón de Estado, que lo justifica todo. Y va en camino a dañar seriamente no solo las relaciones con Europa, sino también la propia democracia británica.

Boris Johnson, David Davis y Liam Fox, los tres líderes del grupo pro "brexit", recurren a todo medio para silenciar a la oposición. No obstante, no está claro todavía cómo se llevará a cabo el desacoplamiento de la UE. Además, sus supuestos beneficios para Gran Bretaña y su economía son puestos seriamente en duda por los expertos. Sus defensores, sin embargo, persiguen sus objetivos con un fanatismo cuasi religioso y una inexplicable irracionalidad.

La hora del Parlamento

Para la UE, el fallo de Londres no modifica nada: Bruselas espera que Theresa May pida la aprobación del Parlamento y presente la solicitud de abandono de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la UE. Pero, para el Parlamento británico, ha llegado la hora de la verdad: los representantes del pueblo deben defender los intereses de los ciudadanos británicos. Se trata de derechos de los trabajadores, de los consumidores y mucho más. Y, simultáneamente, deben proteger las tradiciones democráticas del país, que, desde el referéndum sobre el "brexit", están en peligro.