En el clima intervencionista que vivimos, cada crisis es aprovechadapara que el Leviatán de un paso más en dirección al aplastamiento delas libertades individuales. Ahora se trata de un calamitoso accidentede la cuarta empresa más grande del mundo en facturación: la BritishPetroleum, de la que el gobierno inglés, durante la administraciónThatcher, se desprendió del poder accionario que detentaba, debido a losreiterados desaciertos que la politización implicaba.

A partir deentonces, hubo varias fusiones, la más importante con Amoco en 1998,y la empresa mostró balances en general atractivos para los accionistasy para emprendimientos estrechamente vinculados a esos activos.

El 20 de abril del corriente año se produjo una explosión en laplataforma de la BP para la explotación de petróleo “off-shore”, queprodujo once muertos y 17 heridos y un desastre ecológico deproporciones colosales en las costas estadounidenses y sus aledaños enla zona del Golfo de México.

Del mismo modo en que ha ocurrido conotros accidentes, en esta y en otras industrias, los perjudicados ensus derechos (lucro cesante y daño emergente) deben tener expedito elcamino ante la justicia para reclamar y ser satisfechos con losrecursos de la empresa responsable. Solamente en el Golfo de México hayactualmente 4.000 plataformas petroleras en operaciones con unasuperficie cubierta promedio de 20.000 pies cuadrados cada una.

En este caso, intervino el gobierno debido a la manía de que elaparato estatal “debe hacer algo” aunque no se sepa a ciencia ciertaqué es lo que se debe hacer ni se tenga el menor conocimientotecnológico en la materia. Ahora Obama habló por primera vez en sugestión desde el Salón Oval y recurrió a terminología de guerra ycombate al aludir a su “plan de batalla” frente al “asalto a nuestrascostas”, en paralelo con “los armamentos necesarios para la SegundaGuerra Mundial”.

Y no fueron meras metáforas, sino que le declaró laguerra a la energía basada en el petróleo; manifestó que el gobiernoadoptará las medidas necesarias para encarar fuentes de energíaalternativas y decidió apropiarse de US$20.000 millones de BP que se manejarán desde las esferas políticas para hacer frentea los daños (con lo cual, en caso de quiebra de la empresa en cuestión,colocará a los perjudicados en una posición de privilegio respecto aotros acreedores), todo lo cual no significa un tope al pasivo de laempresa para estos fines de reparación.

Al mismo tiempo, el Comité de Energía y Comercio del Congresoincrepó a los ejecutivos de la empresa, no para resolver el problema,sino para aprovechar la oportunidad de pronunciar discursosrimbombantes que los congresistas en cuestión estiman que les redituaránbeneficios políticos ante la opinión pública, a pesar de que esosmismos gobernantes no pueden siquiera administrar bien el correo a sucargo y son responsables de la situación lamentable de EE.UU. en cuantoal déficit que muestra la relación con el producto nacional, superioral de Grecia, una deuda pública que asciende al 90% delo que se produce anualmente y una inflación en marcha que pone enserio riesgo al futuro del dólar (excepción hecha en el Congreso de J.Barton, quien le pidió disculpas al CEO de la empresa porque considerabael antes referido monto como “una extorsión”, aclarando luego que eso nosignificaba excusar a la empresa por su responsabilidad en el siniestro;y declaraciones como las del ex congresista N. Gingrich, que estima quelo realizado hasta ahora por el gobierno “se asemeja a la políticavenezolana”).

Debe hacerse notar que la Minerals Management Service delDepartamento del Interior de EE.UU., entre otras funciones, es el agenteregulador de las actividades “off-shore”, la cual no solo no ha servidopara prevenir el desastre de marras, sino que su fenomenal burocraciabloqueó medidas precautorias entre las que se contaba el pedido delgobernador de Luisiana al efecto de construir vallas de contención encaso de accidentes de este tipo que, en menor medida, han ocurrido enel pasado en diferentes partes de mundo.

Algunos de esos miembros delPoder Legislativo y otros que integran el Ejecutivo han propuestoseriamente -a lo Bananas de Woody Allen- prohibir lasexplotaciones “off-shore” debido a los riegos que implican; en la mismalínea argumental, deberían prohibir el uso de automóviles o lasoperaciones quirúrgicas por los mismos motivos.

Respecto al discurso de Obama, debe señalarse que el Ejecutivo espara ejecutar las norma existentes y no para inventar e improvisarlegislación sobre la marcha. Al mismo tiempo, el presidente revela undesconocimiento superlativo del funcionamiento de la economía, puestoque las fuentes alternativas de energía se desarrollan en la medida enque los precios de la existente justifican esa investigación eimplementación, lo cual no ocurre en la medida en que el aparatoestatal se inmiscuye en el tema.

Precisamente, este problema se puso enevidencia durante la administración Carter, en los 70, cuandodecidió imponer controles de precios, lo cual incrementóexponencialmente el consumo de petróleo al tiempo que no permitió quelos precios incentivaran la exploración de fuentes eólicas, nucleares ysolares.

En el caso de Obama, también llama poderosamente la atenciónque su gobierno acaba de aprobar en estos días un préstamo US$2.000 millones para operaciones “off-shore” a Petrobras de Brasil(donde invierte fuertemente George Soros, el empresarioanti-capitalista que apoya a Obama y sugiere la inmediata estatizaciónde todos los bancos y sandeces de tenor equivalente).

A través de los antedichos mecanismos judiciales deben resarcirselos daños de la forma más expeditiva posible, pero las regulacionesserán siempre un problema mientras no se resuelva el asunto de fondo, asaber, lo que en economía se conoce como “la tragedia de los comunes”:lo que es de todos, no es de nadie, y las medidas de prevención sedegradan en la negociación política. Si alguien desea hacer unexperimento en un campo de mi propiedad, tomaré todos los recaudosnecesarios que las circunstancias permitan para evitar accidentes, perosi la propiedad es “de todos”, como el mar, naturalmente no solo seextinguirán las riquezas marítimas (puesto que nadie se ocupará dereproducir para que saquen partida los free-riders), sino quelos resguardos respecto de accidentes y otros riesgos se tratarán demodo desaprensivo.

Esto en modo alguno significa que se eliminaránerrores humanos, se trata de buscar incentivos para minimizarlos. Se hasostenido que el mar es un caso distinto, porque a ojos vista se mueve,pero, como se ha explicado en la copiosa literatura disponible, el casono es distinto para la asignación de derechos de propiedad en tierrafirme.

En la situación que nos ocupa, debemos estar atentospuesto que como hemos consignado al abrir esta nota, toda crisis esutilizada para una embestida adicional de los gobiernos para asaltar laprivacidad y las autonomías individuales. Eso ocurrió después de lamasacre del 11 de septiembre de 2001, oportunidad en la que se promulgóla fatídica Patriot Act que abiertamente vulneró eldebido proceso y facultó a escuchas telefónicas e intervención en elsecreto bancario sin autorización de juez competente y, ahora, con estacatástrofe ecológica, se acentúa el cercenamiento de los procesoscompetitivos abiertos en el mercado, lo cual incrementa la ya de por síprecaria situación de EE.UU. y, por ende, pone también en riesgo alresto del mundo libre.

Como ha escrito Frédéric Bastiat, elcélebre pensador decimonónico: “cuando la expoliación se comete en formahabitual para un grupo de hombres que viven juntos en sociedad, creapara sí mismo un sistema legal que lo autoriza y un código moral que loglorifica”.

Esta columna fue publicada anteriormente por el centro de estudios públicos ElCato.org.