El argumento según el cual la corrupción vinculada al caso Lava Jato era parte de un proyecto de hegemonía regional del Partido de los Trabajadores (PT), me parece inverosímil por varias razones. La primera es que algunas de las políticas asociadas a ese caso surgieron décadas antes no solo de que el PT llegara al gobierno, sino incluso de su fundación en 1980. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (que tiene entre sus funciones otorgar crédito en condiciones preferenciales a empresas brasileñas que exportan o invierten en el exterior), fue creado en 1952. Y el proyecto más grande vinculado al caso Lava Jato que involucra al Perú (la carretera interoceánica), fue parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). La IIRSA fue concebida bajo la presidencia de Fernando Enrique Cardoso en Brasil, a la que se unió Alberto Fujimori en representación del gobierno peruano en Agosto del año 2000. Es decir, dos años y medio antes de que el PT llegara al gobierno.
Precisamente porque esas políticas trascendían los alineamientos partidarios, la gran mayoría de los partidos representados en el parlamento brasileño recibieron financiamiento de las empresas vinculadas al caso Lava Jato. Y no debería sorprender que los partidos que más financiamiento obtuvieron fuesen los de mayor fortaleza electoral, con prescindencia de su ideología (es decir, el PMDB, el PT, y el PSDB). De hecho, los indicios sugieren que el partido del presidente Michel Temer (el PMDB, principal fuerza política en ambas cámaras del Congreso así como a nivel de gobiernos locales, y que ocupó la vicepresidencia bajo los gobiernos del PT), podría ser el que más donaciones obtuvo de las empresas vinculadas al caso Lava Jato.
La misma lógica se repite en otros países de la región: las acusaciones de financiamiento de campaña o concesión de sobornos por parte de las empresas involucradas en el caso Lava Jato (aún bajo investigación judicial), involucran tanto a políticos de izquierda (en Chile y Venezuela), como a políticos conservadoras (en Colombia y Panamá). Al igual que en Brasil, el mejor predictor de la probabilidad de que un candidato obtuviese recursos de esas empresas no era su orientación ideológica, sino su capacidad para ganar elecciones.
El, digamos, contrato implícito pretendía ser el mismo en todos los casos: los políticos involucrados obtenían recursos para su enriquecimiento personal o para financiar campañas electorales que les permitieran acceder o permanecer en el gobierno. A cambio, desde el gobierno esos políticos otorgarían a esas empresas concesiones y contratos sobrevaluados. El que esas prácticas corruptas fueran realizadas de manera indistinta por gobiernos de derecha o de izquierda revela su verdadera naturaleza: estamos ante políticas propias de lo que algunos denominan capitalismo de amigotes o mercantilista, no ante políticas radicales que, presumiblemente, empresas capitalistas transnacionales no tendrían interés alguno en respaldar.
Por eso el Foro de San Pablo parece importar más a sus detractores que a quienes nominalmente forman parte de él. Como revela la teoría de las organizaciones, estás desarrollan intereses institucionales que las inducen a perpetuar su existencia aun cuando la razón que les dio origen hubiera desaparecido. Sino vean como la OTAN consigue persuadirse a sí misma que debe expandirse e incrementar su gasto militar aun cuando su principal razón de ser (la Unión Soviética), desapareció en 1991.
