Fórmulas y teoremas de igual connotación, “conflicto más pisto” igual frustración e ingobernabilidad. Demostraciones de poder de los entes contestatarios con mensajes crípticos de que hay nubes en lontananza con promesas de lluvias de pencazos gruesos. Al final del día, después de la toma de carreteras, se perdieron cientos de miles de horas hombre de trabajo productivo, se violaron los derechos de locomoción de millares de guatemaltecos y Guatemala se hizo más pobre. Todos estamos claros, la ingobernabilidad crecerá conforme avanza el proceso electoral y los grupos de poder contestatarios alcen sus banderas para ubicar sus nichos electorales a base de la demostración de “poder” de convocatoria. Uno lee las demandas y queda perplejo. Daniel Pascual y asociados le dicen que “no” a la Ley de Túmulos…. (¿?) y no al TLC … (¿?).

Argumentan que la Ley de Túmulos encierra una trampita leguleya entre las piernas de sus normativas que impide el derecho a manifestarse..(¿?) Y uno se pregunta ¿por qué no manifiestan por el derecho de libre locomoción que ellos mismos violan también?

En declaraciones a Prensa Libre, Pascual indicó que también buscan mostrar su rechazo total al paquete de leyes de Inversión y Empleo, a la Ley de Servidumbre de Paso Forzado (Trecsa), las reformas a la Ley de Minería, así como el intento de reglamentar las consultas a través de un protocolo”. Todo un menú tipo wish list o lista de deseos políticos.

Bien harían los representantes del CUC en razonar claramente sus argumentos a favor o en contra de una ley, por ejemplo con la Ley de Servidumbre de Paso Forzado, la cual fue aprobada por el Congreso para garantizar la construcción del Plan de Expansión del Sistema de Transporte Eléctrico (PET), un proyecto de importancia estratégica para Guatemala para disminuir considerablemente la factura de luz, mejorar la cobertura y calidad en el servicio.

El PET atraviesa las principales cuencas hídricas del país para promover la inversión en hidroeléctricas y eventualmente se podrá exportar energía eléctrica a México y Centroamérica. Este es un proyecto largamente demorado que permitirá cumplir con la demanda energética de los grandes consumidores en Guatemala: mineras, zonas francas industriales, hoteles y mega centros comerciales, más todos los proyectos que demandan más energía.

Un Estado no es una grabadora a la cual se le puede poner pausa. La supercarretera eléctrica es vital para la economía del país. No es una ley injusta como aduce el CUC porque viola la soberanía de la propiedad privada o los derechos de las tierras comunales.

Cuando un propietario no está de acuerdo con el precio de compra ofrecida puede impugnarla sometiendo su valor al arbitraje de la Comisión Nacional de Energía, quien contrata una firma para hacer otra valuación. Al final se le pagará el precio de mercado. Esta metodología es totalmente transparente y es el estándar utilizado a nivel mundial.

Otro absurdo es estar en contra de la Ley de Túmulos. “—Ley para la circulación por carreteras libre de cualquier tipo de obstáculos”—, (decreto 08-2014), pues no solo atenta contra el sentido común sino el beneficio de cientos de miles de pequeños y medianos productores y comerciantes de todo el país cuyos costos de transporte son de los más altos de la región.

¿Cómo no va a favorecer esta ley a la economía si se prevé aumentar la velocidad de circulación del transporte pesado, de 15 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio, a 70? ¿Cuáles argumentos de peso tiene el CUC para refutar la lógica de esta ley? Es completamente falso señalar que esta ley pretende impedir el derecho de manifestación. Queda demostrada la fórmula de la protesta mercenaria: C=P —Conflicto igual a pisto—.

*Esta columna fue publicada originalmente en Prensa Libre.com