Existen críticas legítimas al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En particular, la crítica a las penas por demás benignas que enfrentarían dirigentes de las FARC por los crímenes cometidos durante la guerra. Pero claro, si las fuerzas gubernamentales hubiesen podido infligirles una derrota definitiva en el campo de batalla, no estaríamos teniendo esta discusión: los dirigentes de las FARC habrían sido ultimados o apresados, y en ese caso habrían sido condenados a severas penas de cárcel. Dado que ello no ocurrió, la disyuntiva no era entre el acuerdo logrado y el escenario descrito, sino entre aquel y la continuación de un conflicto armado que hacia 2013 había provocado unas 220.000 muertes y cerca de 6 millones de desplazados internos.
El que las críticas por las concesiones hechas a las FARC sean comprensibles, no implica que todos aquellos que las esgrimen tengan autoridad moral para hacerlo. Ese es el caso de Álvaro Uribe, quien hoy critica concesiones similares a las que él realizó en su acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, es decir, los paramilitares), y que en declaraciones de la época indicó que podría realizar también en una eventual negociación con las FARC.
Uribe criticó por ejemplo que no se le exigiera a las FARC un cese de hostilidades como condición previa a cualquier negociación. Aunque es cierto que su gobierno planteó esa exigencia a las AUC, un informe gubernamental en 2004 constató que, tras 14 meses de negociaciones, los grupos paramilitares habían perpetrado 362 asesinatos, 16 masacres, y 180 secuestros, sin que el gobierno cuestionara por ello la continuidad del proceso. La crítica fundamental de Uribe al acuerdo es el hecho de que los dirigentes de las FARC que se desmovilicen no tendrían que purgar penas de prisión. Pero bajo sus condiciones tampoco tenían que hacerlo los paramilitares que, al momento de deponer las armas, carecieran de una condena o un proceso judicial abierto en su contra (por eso, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, sólo 2% de ellos pasó por una cárcel): al igual que ahora, el acuerdo con los paramilitares contempló en lo esencial penas que no implicaban prisión efectiva, con una duración máxima de ocho años.
En las denominadas memorias del ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se transcribe una entrevista que Uribe concedió en 2005 a una estación de radio. En ella aseguraba que los paramilitares que se desmovilizaran podrían librarse de los pedidos de extradición en su contra, cosa a la que ahora se opone en el caso de las FARC. De hecho, cuando algunos de ellos finalmente fueron extraditados, el gobierno de Uribe argumentó que ello era producto de delitos cometidos después de la implementación del acuerdo (sus opositores alegan que fue más bien consecuencia de que dirigentes paramilitares, como Salvatore Mancuso, comenzaron a revelar sus vínculos con la clase política).
Sobre los vínculos entre los grupos irregulares armados y el narcotráfico, Uribe declaró entonces que no había guerrillero o paramilitar que no estuviese involucrado en el negocio. Añadió sin embargo que la ley producto del acuerdo con los paramilitares podía beneficiar tanto a estos como a los “guerrilleros” (sic), siempre y cuando el narcotráfico no fuese su principal actividad. Y concluía afirmando que “todos los procesos de paz son imperfectos”.
