La crisis de los niños migrantes el verano pasado sirvió para volcar la atención de EE.UU. hacia la precaria situación que viven los países del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. Lamentablemente, la solución que ha planteado la administración de Barack Obama es la típica de Washington: tirarle dinero al problema.

El vicepresidente estadounidense Joe Biden delineó en el New York Times la propuesta de su gobierno de brindar a dichas naciones mil millones de dólares en asistencia financiera, con el fin de promover el desarrollo económico y combatir sus altos niveles de violencia. Biden incluso señaló que este programa bien podría dar paso a “la próxima historia de éxito en el Hemisferio Occidental”.

Los retos que estas naciones enfrentan en materia económica y de seguridad se encuentran entre los más graves de las Américas y, en algunos casos, Washington ha desempeñado un papel decisivo en crearlos. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que, cuando se brinda ayuda externa a países con serios problemas institucionales, estos pueden agravarse.

Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de las Naciones Unidas de 2013, Honduras, El Salvador y Guatemala se ubicaban primero, cuarto y quinto, respectivamente, en el listado mundial de tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes. El vecino Belice estaba de tercero, convirtiendo así al Triángulo del Norte en la región más violenta del planeta. Las autoridades centroamericanas achacan los altos niveles de criminalidad a las pandillas conocidas como maras. El drástico colapso en los homicidios que experimentó El Salvador tras lochentaa tregua que alcanzaron sus maras en marzo de 2012, y su subsecuente salto después de que esta se desmoronara, parece confirmar esta tesis.

El fenómeno de las maras constituye uno de los problemas sociales más complejos en el Hemisferio Occidental. Los esfuerzos de varios gobiernos centroamericanos por enfrentar el flagelo mediante políticas de “mano dura” no dieron resultado. Incluso, la decisión del ex presidente salvadoreño Mauricio Funes de utilizar el ejército para patrullar las calles fue contraproducente: las maras, de hecho, infiltraron a las fuerzas armadas y estarían recibiendo armas de su arsenal.

Un enfoque diferente ve a las pandillas como hijos de la pobreza y sugiere que, en lugar de combatirlas con plomo, los gobiernos centroamericanos deberían debilitarlas construyendo escuelas, generando empleos y ofreciendo programas comuochentanales. Si bien es cierto que la pobreza juega un papel en la proliferación de estas pandillas, es difícil verla como la principal causa. Nicaragua padece un nivel de miseria mayor que estos tres países -además de también haber tenido una guerra civil en los 80- y aun así no cuenta con maras.

El Triángulo Norte de Centroamérica es la región más violenta del planeta

La propuesta de la administración Obama no explica cómo la ayuda a los gobiernos centroamericanos contribuiría a resolver este problema, más aun cuando no se han articulado nuevas políticas para enfrentarlo. Y, hasta tanto estos países se encuentren entre los más violentos del mundo, es difícil avizorar un escenario en el que puedan prosperar.

Que el gobierno de Obama establezca un paralelo entre el Plan Colombia y su propuesta para Centroamérica levanta más sospechas. El Plan Colombia fue diseñado para combatir la producción de coca y la insurgencia marxista detrás del negocio. La realidad centroamericana es muy diferente de la colombiana de hace 15 años. Ninguno de los países de la región enfrenta una guerrilla. En cambio, el principal reto de seguridad son las ya mencionadas maras, por lo que la ayuda militar -que representó aproximadamente 82% del Plan Colombia- sería de poco uso en el contexto centroamericano.

El narcotráfico exacerba los problemas institucionales de estos países. La región sí cuenta con un serio problema de crimen organizado debido a la infiltración del narcotráfico. Pero aun con la prometida ayuda estadounidense, estos gobiernos se quedan cortos frente al poderío de los carteles. En 2014, Guatemala, El Salvador y Honduras gastaron juntos aproximadamente US$2.600 millones en sus aparatos de justicia y seguridad. De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia estadounidense, los carteles tendrían ingresos anuales de hasta US$39.000 millones.

Es difícil estimar con precisión el impacto que la guerra contra las drogas tiene sobre el nivel de violencia en Centroamérica, pero es claro que el narcotráfico exacerba los serios problemas institucionales de estos países. Si Washington quisiera enfrentar de raíz las causas de inestabilidad en la región, prestaría atención al llamado del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina de legalizar las drogas como mecanismo para enfrentar a los carteles.

Tampoco podemos esperar que estas naciones implementen reformas a cambio de la ayuda, como lo sugiere Biden. Después de todo, durante casi una década, El Salvador y Honduras han recibido cientos de millones de dólares en asistencia de la Corporación Reto del Milenio por supuestamente cumplir metas contra la corrupción y en mejora de la institucionalidad. Durante este lapso, las calificaciones de estos países en el apartado de “Estado de Derecho” en los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial más bien cayeron. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional refleja un panorama igualmente magro: El Salvador se encuentra en la posición 80 (de 175 naciones), Guatemala en la 115 y Honduras en la 126.

En el mejor escenario, la propuesta de Washington es un desperdicio de dinero. En el peor, dar mil millones a gobiernos con lúgubres historiales de transparencia y derechos humanos empoderará a políticos corruptos en detrimento de los centroamericanos a los que se pretende ayudar.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.