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Democracia a la carta
Mié, 13/07/2016 - 10:00

Farid Kahhat

Las buenas noticias que trae el fallido atentado a Times Square
Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.

La Carta Democrática Interamericana de la OEA no fue concebida para los casos en que el orden democrático llega a su fin a través de un golpe de Estado, sino para aquellos en que un gobierno democráticamente elegido subvierte el orden constitucional desde el poder. No es casual que fuera suscrita en Lima el fatídico 11 de septiembre de 2001: su fuente de inspiración fue la experiencia del Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori.

Cuando el presidente Maduro le espetó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, "métase su Carta Democrática por donde le quepa", parecía olvidar que la carta era tan suya como de Almagro: fue el gobierno de Hugo Chávez quien la suscribió en representación de Venezuela. Y aunque el chavismo sostenga que defiende una democracia participativa cualitativamente superior a la democracia representativa, fue esta última la que se comprometió a defender en forma explícita al suscribir el documento. 

Aunque se trata de la primera vez que la Carta Democrática es invocada por el Secretario General de la OEA, esa decisión está entre las facultades que le concede el artículo 20 de dicho documento. Y sostener que Luis Almagro actuó basado en alguna animadversión política no resiste mayor análisis. Si hay alguien cercano a constituir un ícono de la izquierda latinoamericana, ese es José Mujica. Almagro fue su ministro de Relaciones Exteriores y pertenece, como Mujica, al Frente Amplio (la coalición de izquierda que gobierna el Uruguay). De hecho, Almagro y Maduro tenían una buena relación personal cuando este último era ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Tanto así, que Almagro fue ungido Secretario General de la OEA contando con el voto a favor del gobierno que ahora preside el propio Nicolás Maduro.  

Siendo ese el caso, la decisión de Almagro no parece haber estado exenta de un cálculo político. En agosto de 2015, el gobierno colombiano buscó que la OEA convocara a una reunión de cancilleres para debatir el trato que el gobierno venezolano dispensaba a sus nacionales en la región fronteriza. Como sabemos, el pedido del gobierno colombiano quedó a un voto de los 18 necesarios para ese propósito. Dos de los gobiernos que se abstuvieron en aquella ocasión fueron el de Brasil (entonces presidido por Dilma Rousseff) y el de Argentina (entonces presidido por Cristina Fernández). Para convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA a pedido de su Secretario General (como establece la Carta Democrática), también se requiere de 18 votos a favor (es decir, una mayoría de los 34 Estados que integran la OEA). Cabe presumir que bajo el gobierno (interino) de Michel Temer en Brasil, y el gobierno (constitucional) de Mauricio Macri en la Argentina, el voto de ambos Estados sería ahora favorable a pedidos como el de Almagro. Ocurre además un tiempo después de que los Estados Unidos adoptaran una serie de iniciativas (de un lado, el reinicio de relaciones diplomáticas con Cuba, el pedido al Congreso de US$1.000 millones en ayuda a los Estados de América  Central, una iniciativa de cooperación energética con Estados situados en la cuenca del Caribe y, de otro, el Decreto Ejecutivo que aplica sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano), que buscarían aislar al gobierno venezolano. 

Tal vez precisamente para prevenir un desenlace adverso, el gobierno venezolano ha venido haciendo concesiones a los esfuerzos de mediación internacional. Un ejemplo de ello fue el aceptar una negociación con la oposición en República Dominicana bajo la mediación de tres ex presidentes iberoamericanos (José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, y Martín Torrijos), bajo auspicio de UNASUR. Otro ejemplo fue el permitir que Rodríguez Zapatero se entrevistara en prisión con el dirigente opositor Leopoldo López (posibilidad que le había sido negada previamente a otros ex jefes de Estado, como Felipe González). Es precisamente ese contexto el que hace que la oposición venezolana las perciba esas negociaciones con suspicacia. En su interpretación, este proceso no tendría lugar para alcanzar un acuerdo que destrabe la crisis política, sino para evitar que la OEA invoque la Carta Democrática Interamericana, de un lado, y posponer indefinidamente la eventual convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato presidencial, de otro: si el referéndum no se realiza a más tardar hacia inicios de enero de 2017, en caso de que Maduro fuese revocado no se convocarían a nuevas elecciones presidenciales (como pretende la oposición), sino que sería reemplazado en lo que resta de su mandato por el actual vicepresidente. De cualquier modo, el gobierno venezolano sabe que cuenta con los votos necesarios para impedir el peor desenlace posible dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana: la suspensión de su membresía en la OEA (para lo cual se requeriría obtener dos tercios de los votos).  

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