Desde que Standard & Poor’s rebajara la calificación que otorga a la deuda pública de los Estados Unidos, entramos a una situación sin precedentes. Y no me refiero aquí al hecho de que esta sea la primera ocasión en que ocurre algo así. Me refiero más bien a que no queda ya sobre la faz de la tierra un solo régimen democrático con sistema presidencial de gobierno cuya deuda pública obtenga la calificación triple A por parte de las tres principales agencias calificadoras de riesgo.
Podría alegarse que se trata de una muestra sesgada: salvo por los Estados Unidos, no existen países que sean a la vez democráticos y desarrollado que no tenga un sistema de gobierno parlamentario (con excepción del modelo híbrido francés). Pero al revisar las razones que presenta Standard & Poor’s para explicar su decisión, resulta que una de ellas es el conflicto entre un Congreso de mayoría republicana, y un presidente demócrata. Es decir, un problema común bajo un sistema presidencial de gobierno, en el que existe una división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, y en el que ambos tienen su legitimidad de origen en el voto ciudadano.
Cuando a su vez se pasa revista a los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo en los Estados Unidos, uno se percata de que el problema trasciende el diseño institucional. Así, mientras según las encuestas de opinión la principal prioridad de la política económica debería ser el problema del empleo, el eje del debate dentro del Legislativo, y entre éste y el Ejecutivo, era el problema del déficit fiscal. No sólo eso, las preferencias de la mayoría del Legislativo y de la mayoría de la población también diferían en cómo lidiar con el problema del déficit: mientras los republicanos del Congreso creen que este debería reducirse únicamente mediante una reducción del gasto, el votante medio (al igual que el economista medio), creía que, si bien la reducción del gasto debería ser la base de la solución, esta también debía comprender un incremento en la recaudación tributaria (en lo esencial, dejando expirar las exoneraciones temporales aprobadas durante el gobierno de George W. Bush, y que benefician sobre todo a los sectores de mayores ingresos).
Por ejemplo, la condición para que la mayoría del Congreso permitiera elevar el límite de endeudamiento público (es decir, un acuerdo para reducir el déficit fiscal sin elevar impuestos), no sólo se ubica a la derecha del votante medio: se ubica incluso a la derecha del votante medio del partido republicano. No se requiere por ende creer en teorías conspirativas sobre una siniestra élite de poder que urde su trama tras bastidores para concluir que quienes iniciaron la campaña para “Ocupar Wall Street” tienen una reivindicación legítima: en un país en el que parte de los impuestos que paga la clase media se destinan al rescate de bancos privados (incluyendo a sus ejecutivos), es difícil argumentar que la elevada y creciente desigualdad en la distribución del ingreso se explica por diferencias en méritos (máxime cuando la secretaria de Warren Buffett paga una mayor proporción de sus ingresos en impuestos que él, según confesión del propio Buffett).
La Eurozona en cambio, está compuesta por democracias desarrolladas con sistemas de gobierno parlamentarios. El déficit fiscal del conjunto de países que la integran es menor como proporción del PBI que el de Gran Bretaña o el de los Estados Unidos. La proporción del producto que representa su deuda pública es a su vez menor que la proporción respectiva para Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Por qué entonces el Euro está en la picota? Porque acabamos de comparar peras con manzanas: Gran Bretaña y los Estados Unidos son Estados, es decir, sus respectivos gobiernos son la máxima instancia de decisión en política monetaria y fiscal. La Eurozona sólo es su equivalente para algunos efectos. Tiene por ejemplo un solo Banco Central, pero no tiene un fisco compartido. Es decir, algunas decisiones de política económica se toman en la Eurozona (aunque ponderadas por el poderío relativo de sus Estados miembros), otras las toma cada Estado por separado. Lo cual crea problemas de acción colectiva: en ausencia de una instancia capaz de dirimir sus diferencias, hay una tendencia a desplazar la responsabilidad hacia terceros, esperando que asuman la mayor parte del costo que implica proveer bienes públicos que, como una moneda común estable, benefician a todos los Estados miembros. Lo cual tarde o temprano podría inducir a más de un Estado a buscar minimizar sus pérdidas, prescindiendo del bien en cuestión. Alemania, por ejemplo, podría decidir que, en lugar de proveer fondos al gobierno griego para que pague a tiempo los bonos del tesoro en poder de bancos alemanes, le convendría proveer esos fondos directamente a sus bancos y dejar que los griegos se las arreglen como puedan. Grecia a su vez podría llegar a una situación como la de Argentina a principios de siglo, y seguir un curso de acción similar: declarar una cesación de pagos, y acto seguido ofrecer cancelar la deuda sólo a aquellos acreedores que acepten una reducción dramática en su valor nominal. Poner en práctica un “corralito” que evite una fuga de los euros en poder de su sistema financiero. Finalmente, volver a acuñar una moneda de curso legal obligatorio, cuya cotización de mercado probablemente concedería ventajas competitivas a las exportaciones griegas. Sería un pésimo curso de acción. Pero puestos a elegir lo pésimo y algo que parece ser aún peor, la decisión podría súbitamente tornarse sencilla.
