Respondiendo a la presión de las movilizaciones democráticas en Venezuela, de la OEA y de diversos gobiernos latinoamericanos, el gobierno de Nicolás Maduro echó marcha atrás en su resolución de anular las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y transferirlas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Formalmente, era el TSJ quien había resuelto esto, lo que equivalía a un golpe de Estado. Políticamente, esta decisión de retroceder termina por confirmar que es desde el gobierno que se decide todo, y que el poder Judicial independiente es una quimera en Venezuela.

El día martes 4, en Washington, en una reunión de emergencia de la OEA, 17 de los 21 países presentes emitieron una dura declaración que califica las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela contra la Asamblea Nacional como “incompatibles con la práctica democrática”, constituyendo “una violación del orden constitucional”. El texto expresa la preocupación de las naciones por la “alteración del orden democrático”, y urge al gobierno venezolano para que se restaure la separación de poderes y la autoridad de la Asamblea Nacional.

Luis Almagro debiera tener el mismo arrojo de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y llamar ahora a una reunión de cancilleres que abra el camino para la salida cuanto antes del régimen de Nicolás Maduro, facilitando la convocatoria a elecciones libres y la inmediata restitución de las libertades públicas en Venezuela.

Ese mismo día martes, en Caracas, las fuerzas policiales bolivarianas reprimieron a los manifestantes democráticos y a los propios representantes a la Asamblea Nacional, comenzando por su presidente, el diputado Julio Borges, evitando así que la AN se reuniera para condenar el golpe de estado fraguado entre el TSJ y el gobierno de Maduro.

Se confirma así un cuadro de alteración –digamos más claramente: atropello- del orden democrático, que no tiene ninguna posibilidad de ser recuperado bajo la conducción de gobierno de Nicolás Maduro. Éste ha sometido al poder Judicial y prácticamente anulado los poderes del Legislativo, y generado un régimen arbitrario que persigue y encarcela a sus opositores y amordaza a la prensa que se le opone. Mientras, los venezolanos que sufren hambre, una inflación de 700%, falta de medicamentos, de empleos, reprueban en 70% la gestión de Maduro.

Un indicio promisorio es que hoy el escenario dictatorial ya comienza a ser reconocido desde antiguos partidarios del chavismo. La fractura que se ve en las calles de Venezuela, entre chavistas (cada vez menos) y la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, también ha tenido un correlato al interior de la Fiscalía General de la República, donde su máxima autoridad, Luisa Ortega Díaz, adherente al chavismo hasta ahora, decidió sumarse a las críticas por la conculcación de las facultades de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, afirmando contundente que significaba "una ruptura del orden constitucional" en el país.

Las palabras de Ortega Díaz no cayeron bien en el madurismo. Fueron un chorro de bencina sobre la hoguera que se esparcía sobre las calles de Caracas. Tanto así, que Ortega Díaz podría llegar a convertirse en una inesperada heroína para la izquierda que critica a Maduro y, qué duda cabe, también para la gran marea de opositores que hoy se atreve a salir a protestar en Venezuela, más animados por la valentía de la Fiscal General (Maduro necesitaría de la oposición para sacarla de su cargo) a afirmar con todas sus letras que la democracia ya es una nostalgia en la bella Caracas.

Un ánimo parecido parece movilizar al uruguayo Luis Almagro, quien al mando de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha empezado a jugar un rol positivo en esta crisis. Almagro debiera tener el mismo arrojo de la fiscal Ortega Díaz y llamar ahora a una reunión de cancilleres que abra el camino para la salida cuanto antes del régimen de Maduro, facilitando la convocatoria a elecciones libres y la inmediata restitución de las libertades públicas en Venezuela.