Durante el pasado fin de semana, agentes federales instruidos por una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump realizaron nuevas redadas en diferentes estados, con el objetivo de encontrar inmigrantes ilegales para proceder a su deportación inmediata. El New York Times reporta que el sábado pasado una mujer indocumentada se encontraba trabajando en una lavandería de Austin, Texas, cuando quedó petrificada al ver un video que mostraba agentes federales arrestando a inmigrantes en un almacén muy cercano a donde ella se encontraba. Mientras, un mecánico que trabaja en Staten Island le explicaba a su hijo lo que debía hacer en caso de que fuera deportado, incluyendo el nombramiento de un tutor legal. Muchos directores de escuelas de Los Ángeles han distribuido un listado de lo que debe hacerse en caso de deportación.

Un caso ilustra con aún más fuerza y elocuencia lo absurdo e inhumano de las medidas que está implementando Donald Trump hacia los inmigrantes indocumentados, dirigidas principalmente contra ciudadanos mexicanos y centroamericanos. Guadalupe García de Rayos, de 36 años de edad, quien vivía en Phoenix, Arizona, fue deportada a Nogales, México, localidad fronteriza con Arizona, el mismo lugar desde donde Guadalupe había cruzado como inmigrante ilegal hace 21 años, cuando tenía apenas 14. Guadalupe está casada con otro indocumentado, y tiene dos hijos adolescentes nacidos en EE.UU., por lo que tienen ciudadanía estadounidense. Sin embargo, ha sido deportada sin ninguna consideración y separada de su familia.

Quizá hay que dejar que Trump, que es básicamente un cobarde con poder, pase un tiempo cavilando y tweeteando cómo hacerle pagar a México el famoso muro, mientras México construye alianzas dentro y fuera de EE.UU. que lo hagan entrar en razón.

Es verdad que este no es un problema nuevo en EE.UU.: el presidente Obama batió todos los records en expulsiones de inmigrantes. Pero lo que desconcierta por su novedad y violencia es el énfasis que ha puesto el nuevo gobierno en la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometidos delitos, sin distinción alguna de su tipificación: hoy es igual un hurto o un asesinato. Incluso los que han violado las leyes del tránsito corren peligro de ser expulsados. Sin olvidar que Trump caracterizó en su campaña a los mexicanos inmigrantes como criminales, y que una de sus promesas de campaña fue deportar a 11 millones de indocumentados. Eso ya comenzó...

México está conmocionado, y cómo no. El domingo pasado se registraron marchas masivas en todas las grandes ciudades del país para protestar contra el gobierno de Donald Trump. Y es que las deportaciones de Trump y el anuncio de la construcción del muro en la frontera común son una afrenta a la dignidad pueblo mexicano.

En las ciudades con comunidades de alta concentración latina, el pánico y la rabia han dado paso a una lucha más organizada, en virtud de la convicción amenazante de que la situación solo empeorará. Producto de ello es el surgimiento de líderes de opinión, como el periodista Jorge Ramos, hombre ancla de Univisión, quien dijo esta semana en el programa de Anderson Cooper, 60 Minutes, mientras rompía ante las cámaras la foto de una familia de inmigrantes: “Esto es lo que está haciendo Trump con las familias latinas...”.

En AméricaEconomía estamos por una amplia libertad de movimiento transfronterizo de bienes, capitales y de personas, que consideramos clave para el crecimiento económico y también para el bienestar humano. Esto es bueno recordarlo cuando también en nuestros propios países –Chile y Argentina son un lamentable ejemplo- empiezan las discusiones de medidas contra los inmigrantes. Por otro lado, aceptamos la idea que todo país tiene derecho a tener una política migratoria que regule la entrada de inmigrantes. Pero lo que resulta completamente absurdo y cruel es que personas que llevan más de 20 años viviendo en un país, como es el caso de Guadalupe García, puedan ser deportadas, a pesar que se han establecido de hecho en dicho país, formado una familia y trabajado honradamente durante toda una vida. ¿Qué clase de país es aquel incapaz de regularizar el estatus migratorio de millones de personas que se han establecido allí, contribuyendo a su crecimiento? ¿Acaso no sería este un caso típico en derecho, donde el uso y la costumbre otorgan derechos legales a quienes los ejercen de hecho?

Estos inmigrantes son una pieza clave de la prosperidad de EE.UU. Ahora, el gobierno de Trump quiere echarlos, sin consideración a que hay 4,5 millones de niños que tienen al menos uno de sus padres cono inmigrantes indocumentados. Es una batida racista de proporciones históricas, promovida por la banda de supremacistas blancos que inspira a la Administración Trump.

El trumpismo justifica esta medida como necesaria para que los “verdaderos americanos” recuperen sus empleos. Pero este argumento es totalmente falso: los inmigrantes mexicanos y otros latinoamericanos ocupan, en su amplia mayoría, empleos de baja calificación, tales como servicio doméstico, atención en restaurantes de conveniencia, supermercados, labores básicas de seguridad, taxistas, y así. Trabajos que los estadounidenses hace mucho tiempo no están dispuesto a hacer, ni menos por el nivel de salario que se ofrece en una economía que actualmente está en pleno empleo.

No son razones económicas. No hay duda. Esta barbárica cruzada representa la adhesión a una ideología que cree en la superioridad de los blancos y de la “civilización judeo-cristiana” respecto del resto del mundo (que es lo que explica el raro romance de Trump y sus correligionarios con Putin). Si bien Trump no parece ser muy ideologizado, sino más bien un hombre práctico y oportunista, lo concreto es que se siente muy a gusto rodeado de figuras que encarnan las tesis racistas y supremacistas blancas, como Stephen Bannon y Stephen Miller, a quienes les ha dado total acceso y mucho poder.

¿Qué puede hacer México? A primera vista, no mucho. Pero pareciera que la democracia estadounidense funciona, como demostraría el que una corte del estado de Washington haya –por ahora- echado por tierra la orden ejecutiva del gobierno que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países, predominantemente musulmanes. Es muy potente la señal de que ni siquiera el presidente está por encima de la ley.

Es razonable pensar que los oponentes más poderosos de Trump y que pueden coartar sus medidas y sus locuras están dentro de EE.UU. Partiendo por sus ciudadanos, que han protagonizado las mayores manifestaciones de la historia de ese país contra Trump, y que lo tiene tempranamente muy abajo en las encuestas. Siguiendo por sus instituciones, como el poder judicial (aunque amenazado por una Corte Suprema que muy pronto puede tener una mayoría ultraconservadora) y el Congreso (hoy neutralizado por una mayoría republicana). Y, para nada menor, el poder de sus compañías, interesadas en su mayoría en mantener abierto el comercio, el movimiento de capitales, y, sí, también la inmigración a EE.UU., tal como han firmado en una potente declaración más de 100 de las mayores empresas tecnológicas del país, y lo han hecho saber empresas como Coca Cola, Bank of America, y hasta los hijos de su amigo Rupert Murdoch (sí, el de Fox News), entre muchas otras.

Quizá hay que aprender de China. Tras el inusitado gesto de Trump de recibir la llamada de la presidenta de Taiwán, desconociendo la política de una sola China (que no reconoce a Taiwán como país soberano), el presidente chino simplemente rechazó recibir durante dos meses la llamada de Trump mientras éste no volviera a la política anterior de una sola China. Y lo logró la semana pasada. ¿Cuánta presión habrá recibido Trump en ese intervalo? Quizá, entonces, el presidente Peña Nieto se apresuró al invitarlo a México durante la campaña. Quizá se apresuró al hacerse invitar (fallidamente) entre los primeros a la Casa Blanca de Trump. Quizá se apresuró en enviar antes a dos de sus ministros, y luego al enviarlos de nuevo la semana pasada. Quizá hay que dejar que Trump, que es básicamente un cobarde con poder, pase un tiempo cavilando y tweeteando cómo hacerle pagar a México el famoso muro, mientras México construye alianzas dentro y fuera de EE.UU. que lo hagan entrar en razón.

Una de estas alianzas que México debe fortalecer es con el resto de América Latina. Pero también con muchos estados norteamericanos, que es lo que hizo México cuando armó la campaña en EE.UU. para que se aprobara el Nafta en 1992. México es clave para la economía de California y otros estados. La agricultura de muchos estados de la Unión depende de la mano de obra inmigrante mexicana y latina. México es el segundo destino para las exportaciones desde EE.UU., alcanzando a US$ 194 mil millones. Muchas de las empresas estadounidenses están integradas a cadenas de valor binacionales.

En la relación entre los dos países, México tiene más que perder. Pero EEUU tiene mucho que perder también. Más allá de lo económico, EE.UU. depende para su seguridad de la colaboración de México. El famoso muro de Trump no va a detener la droga ni al terrorismo en los 3.142 kms de frontera sin el apoyo de México. El verdadero muro que limita este doble tráfico potencial es la colaboración mexicana.

Se equivoca en sus bravatas el presidente Trump, como lo hizo al jugar la carta Taiwán contra China. Solo que, lamentablemente, por ahora son miles de Guadalupes y sus familias las que están pagando sus barbaridades.