El anuncio del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sobre el cierre de la frontera colombo-panameña, con el fin de frenar el tráfico de indocumentados desde Colombia, sin dudas que será una medida que tendrá pocos resultados sobre la reducción del flujo de ciudadanos indocumentados de Cuba, África y China, procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos.

La medida, que busca evitar el tráfico de inmigrantes de Colombia hacia su país, fue tomado por el gobierno de Varela en el marco del lanzamiento de una operación antinarcóticos que implica el cierre de varios puntos fronterizos, entre ellos el área de Puerto Obaldía. Se habla que esta medida también será para combatir la producción y el embarque de drogas desde Colombia. Por lo tanto, lo que busca el gobierno panameño en general es "blindar" a Panamá de los efectos del tráfico de drogas y de los indocumentados.

Se trata de una medida similar a otras decretadas en Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, en el caso panameño será sólo un saludo a la bandera, dado que Panamá tiene una fuerza policial permeada por los tratantes de personas y poco entrenada realmente para combatir el narcotráfico. Además, el hecho de que Panamá sea un paraíso fiscal, donde existe abiertamente la lavandería de activos en la Zona Libre de Colón y es evidente la permisividad de su sistema financiero, seguirá siendo uno de los mayores centros de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico que se mueve desde Sudamérica hacia Centroamérica, Estados Unidos, Europa y África. Por lo tanto, todo lo anterior hace que su territorio sea un santuario de negocios ilícitos y de operaciones de lavados de activos como las que han revelado los Papeles de Panamá.

A lo anterior se suman hechos inocultables: el crecimiento de los cultivos ilícitos y el procesamiento de drogas en el Darién panameño. En la zona fronteriza pululan las plantaciones de coca y los laboratorios. Hace siete años reseñé la existencia de más de 200 pistas aéreas clandestinas en Darién, diseminadas en decenas de haciendas de connotados empresarios y hombres de negocios panameños. ¿Cuantas más hay en la actualidad?

La tercera razón para dudar de la efectividad de la medida del gobierno de Varela, es que sin dudas seguirá siendo un coladero de rutas clandestinas, tanto por tierra como por los esteros de ambas costas, difíciles de combatir por las autoridades desde la época colonial. Es que la falta de vías ha hecho que la vigilancia, la seguridad y el control de esta franja fronteriza sea algo tortuoso para las autoridades colombo-panameñas. Obviamente que las medidas del presidente Varela deben de servir para abrir el debate sobre la importancia de la conexión vial entre ambos países. Una vía que traerá más seguridad en la región, porque permitirá el desarrollo de redes de vigilancia más efectivas, debido a que las condiciones selváticas y de aislamiento son un paraíso para narcotraficantes de armas, drogas e indocumentados.

Erróneamente, algunos sectores de la clase dirigente panameña siguen creyendo que mantener "la barrera natural" de las selvas porosas de Darién es la mejor manera de evitar la "invasión" de la delincuencia internacional desde los países sudamericanos. Sin embargo, cada vez la realidad les demuestra que el camino es la integración vial de los territorios fronterizos, por ser pasos fundamentales y estratégicos para mejorar los niveles de seguridad y defensa de la frontera. 

Es necesario que aquellos sectores de la clase política panameña comprendan que es absurdo seguir oponiéndose a la conexión vial con Sudamérica y al desarrollo de redes de comunicación en la región, preponderante para aumentar las capacidades de defensa, los niveles de respuesta para combatir la delincuencia; frenar la tala indiscriminada de los bosques, desarrollar mejores políticas de conservación de los ecosistemas y para fomentar un eje de ecoturismo binacional en los dos parques naturales.