En su informe global de 2004, Transparencia Internacional (entidad fundada por Peter Eigen, ex director regional del Banco Mundial) clasifica a los diez jefes de gobierno bajo cuya gestión se habría producido la mayor corrupción a nivel mundial en los 20 años previos: el séptimo lugar lo ocupaba Alberto Fujimori, y el monto de la corrupción bajo su gobierno se estimaba en US$600 millones.
La investigación aclara que "Los diez líderes del cuadro no son necesariamente los más corruptos del período y los estimados de los fondos presuntamente robados son muy aproximados" (después de todo, nadie firma una declaración jurada consignando los fondos que robó al Estado). Sin embargo, el monto de la corrupción atribuida al ex gobernante que ocupa el octavo lugar (el ex primer ministro de Ucrania, Pavlo Lazarenko), fluctúan entre los US$114 y los US$200 millones, por lo que, presumible y tristemente, nuestro séptimo puesto no parece estar en riesgo. Por lo demás, hay dos indicios para suponer que, si acaso, la cifra que brinda Transparencia Internacional podría revisarse al alza.
De un lado, se trata de la décima parte del monto estimado por la Procuraduría Pública Ad Hoc para los casos Fujimori-Montesinos (hago constar que desconozco la metodología a través de la cual se llegó a esa estimación, pero incluso si se tratara de una exageración, eso solo sería consuelo bajo alguna paráfrasis del inefable "Nosotros matamos menos"). El segundo indicio de que la estimación de Transparencia Internacional es verosímil, es el monto de los fondos repatriados (o en proceso de repatriación), producto de la corrupción durante el gobierno de Fujimori, el cual supera los US$200 millones.
Tal vez haya oído decir que todo ello es responsabilidad de Vladimiro Montesinos y no de Alberto Fujimori, lo cual brinda aún menos consuelo que revisar a la baja las cifras de corrupción. Por ejemplo, nadie jamás acusó a Dilma Rousseff de haberse beneficiado de la corrupción que tuvo lugar bajo su gestión. Pero esa corrupción tuvo su epicentro en la empresa estatal Petrobras, es la mayor que haya ocurrido cuando menos desde el retorno a la democracia, se produjo a lo largo de años, e involucró a dirigentes de la mayoría de fuerzas políticas representadas en el parlamento. Mientras todo ello ocurría Rousseff fue, sucesivamente, Ministro de Energía y Minas, Jefe de Gabinete, y presidente de la república. Si jamás se enteró de nada, habría que concluir cuando menos que hizo gala de una ineptitud monumental.
Lo mismo podría decirse de Fujimori, si no fuera porque en su caso sí se formularon cargos de corrupción. Quien piense que en el juicio por ellos no se respetó el debido proceso, debería recordar que Fujimori se allanó a los cargos, aceptando la denominada "conclusión anticipada" del proceso. En cuanto a Montesinos, este no solo no era funcionario público cuando Fujimori llegó al gobierno, sino que incluso tenía prohibido el ingreso a instalaciones militares: accedió al gobierno de la mano de Fujimori. Y fue Fujimori quien lo apañó desde el principio (cuando nos lo presentaron como asesor ad honorem del SIN), hasta la víspera misma de su renuncia a la presidencia (cuando pretendió que Montesinos no era el artífice del tráfico de armas hacia las FARC, sino el personaje que le puso fin).
Ese último hecho permite rastrear el origen del interés de la principal agencia anti-narcóticos del gobierno de los Estados Unidos (la DEA), en las vicisitudes del fujimorismo como fuerza política. Entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral peruano, desde esa agencia se filtró información según la cual Joaquín Ramírez (a la sazón, Secretario General de Fuerza Popular, el partido de la candidata Keiko Fujimori), estaba siendo investigado desde 2011 por lavado de activos. ¿Qué motivación podría tener la DEA para filtrar esa información en plena coyuntura electoral? Comencemos por el principio, en septiembre de 2000, cuando Vladimiro Montesinos gestionaba su asilo político en Panamá, el diario The Washington Post publicó un artículo de Karen De Young titulado “The Doctor’ Divided U.S. Officials". Como sugiere el título, diversas agencias del gobierno estadounidense parecían tener propósitos en conflicto sobre la suerte que debía correr Montesinos. Según fuentes periodísticas como esa, mientras la CIA (que había reclutado a Montesinos como informante en la década del 70), hacía gestiones para que el gobierno panameño aprobara su solicitud de asilo, agencias como la DEA saboteaban esas gestiones.
¿Qué podía tener la DEA contra el entorno de Alberto Fujimori? La razón más probable son los vínculos entre integrantes del entorno presidencial y el narcotráfico, lo cual produjo incluso desavenencias públicas (por ejemplo, las críticas del denominado "Zar antidrogas" del gobierno estadounidense, Barry McCafrey, hacia Vladimiro Montesinos). Por razones de espacio no podemos abundar en la materia, pero la lista es larga. La mencionada venta de armas a las FARC (organización que tenía en el narcotráfico una fuente privilegiada de financiamiento), la denuncia contra Montesinos del condenado por narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera (alias "Vaticano"), o la droga incautada en el otrora avión presidencial, son los principales ejemplos. Documentos de la DEA muestran que esa agencia sospechaba de esos vínculos cuando menos desde 1996.
