Cuando se habita en Venezuela y se observa el deterioro de la calidad de vida y los problemas que se multiplican en un sistema en colapso, es fácil pensar que se trata de un país que tiene que enfocarse en el futuro, construyéndolo desde los puntos críticos. 

La causa desencadenante del shock que está viviendo la economía venezolana, es la caída del precio petrolero. Esta situación ha provocado una abrupta disminución de los ingresos del gobierno, frenando su margen de maniobra en la política económica y social.

Mientras tanto, en el mundo se impone como prioritario el problema del cambio climático, que hace necesario transformar el modelo energético contaminante del petróleo y energías fósiles por energías alternativas, renovables y de menor impacto ambiental, para preservar los recursos naturales y los ecosistemas. Todo parece indicar que el futuro del petróleo es corto.

En ese escenario, Venezuela, un país mono-exportador de petróleo con graves problemas de corrupción, problemas sociales profundos, desequilibrios macroeconómicos, desequilibrios políticos y pobreza estructural, deberá reajustar su visión de futuro para superar su notable atraso y caída de bienestar. La crisis venezolana es sistémica y exige planificar en un escenario inestable con amenaza de colapso económico.

Por lo tanto, Venezuela tiene el reto de activar acciones fundamentales para recuperar el equilibrio entre el 2017 y el 2030. El primer paso es restituir totalmente la democracia, recuperando las principales instituciones políticas del sistema y reestableciendo la división de poderes en el corto plazo. De lograrse el reestablecimiento de la institucionalidad democrática, el reto es aún mayor, superar la crisis económica y social.

El descalabro de la economía venezolana no inició hace dos años, comenzó a mediados de los años 70’ del siglo XX, cuando se nacionalizó la industria petrolera, que hasta entonces había estado en manos de empresas privadas y transnacionales. Este acontecimiento distorsionó el sistema, al incrementarse significativamente los ingresos fiscales del gobierno y su capacidad de gasto, exacerbándose el poder económico del gobierno, al ser el componente del Estado que administra el caudal de divisas que provienen de la exportación petrolera. 

Los gobiernos venezolanos desde la nacionalización petrolera, han utilizado su poder económico para influir en todos los ámbitos de la sociedad. Tener acceso a tan extraordinario volumen de ingresos petroleros ha fomentado la corrupción, el clientelismo, el populismo, el nepotismo y ha terminado por generar un desequilibrio entre los componentes del Estado, dando predominio al gobierno por encima de la población. Para tener una idea del volumen de ingresos que ha tenido el gobierno, en 2012 la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) exportó US$121.480 millones, quedando como la primera en el ránking de las 100 principales empresas exportadoras en América Latina y la tercera en el ránking de las 500 empresas exportadoras a nivel mundial.

La nacionalización petrolera convirtió a la economía venezolana en estructuralmente inflacionaria. Entre 1951 y 1973, antes de la nacionalización de la industria petrolera, la inflación promedio anual de la economía venezolana fue de 1,70%. Entre 1974 y 1996, la inflación promedio anual fue de 29%, con un pico de 103% en 1996. Pero entre 1997 y el año 2015, la inflación promedio anual alcanzó 35%, con un pico de 160% en 2015. Con la caída del precio petrolero en los dos últimos años, el gobierno ha financiado como nunca antes, su déficit fiscal con emisión monetaria sin respaldo en reservas. La liquidez monetaria entre el 2013 y 2015 se ha incrementado en 229%, con una tasa promedio anual de 74%, que explica buena parte de la inflación. Mientras la contracción económica ha generado una enorme brecha entre producción y demanda, que presiona a una mayor inflación. 

La escasez que enfrenta el venezolano promedio ha erosionado su capacidad de compra al provocar junto al exceso de liquidez, la inflación más alta del mundo. Esta escasez es consecuencia de los controles de precios, y aunque a través de ellos se ha tratado de contener la inflación, la medida sólo ha logrado agravar el problema, impulsar los mercados negros e impactar negativamente la productividad de las empresas. 

El escenario de la economía venezolana en el mediano plazo es con hiperinflación, escasez, desaparición de empresas, caída del empleo y regresión económica. Además se impone la necesidad de cambiar el modelo energético, porque el petróleo no tiene futuro. El reto económico del país entre el año 2017 y 2030 es muy grande e implica medidas coherentes e ineludibles.

Es de vital importancia para restablecer y diversificar el aparato productivo nacional, devolver las libertades económicas a los agentes del sistema, eliminar todos los controles de precios y reducir el tamaño del gobierno en la economía, para lo que hay que reducir el poder económico del Estado. Recuperar la autonomía de acción de agentes económicos privados, así como garantizar las condiciones para la inversión extranjera directa en el país, acelerarían la recuperación de la economía venezolana entre el año 2017 y 2025. 

De lograrse una recuperación económica sostenible, para combatir la pobreza estructural debe diseñarse e implantarse una profunda reforma educativa, enfocada a la competitividad, la libertad y la meritocracia. Asimismo, debe estabilizarse el sistema político y social, y toda la nación debe comprometerse con una visión de desarrollo del país, donde el bienestar, la libertad y la productividad sean los bienes más preciados.

Dadas las características de la crisis venezolana actual, las iniciativas para superar los desequilibrios consisten en restablecer la auténtica democracia, reducir el tamaño del gobierno central dentro del Estado, reducir lo más posible el tamaño del Estado en la economía, devolver a las empresas privadas las libertades económicas para la producción nacional, impulsar la descentralización política y económica, restablecer la autonomía de las instituciones educativas, devolver las libertades económicas a la ciudadanía, reformar el sistema educativo con visión de productividad e innovación,  garantizar las condiciones para la inversión extranjera directa, y cambiar el modelo energético, y todo en tiempo récord, para mitigar el atraso acumulado en los años de nacionalización petrolera y de pésima administración de recursos.