Un balazo en la cabeza. Ese fue el destino que encontró un joven hincha brasileño previo a un encuentro entre Corinthians y Palmeiras, disputado el 25 de marzo, en Sao Paulo. El enfrentamiento entre las barras bravas de ambos elencos incluyó armas de fuego, granadas caseras y barras metálicas. Además, dejó a otro hincha con muerte cerebral. Todo, a dos años de organizarse el  Mundial Brasil 2014.

Si le ha tocado ir al estadio (¿o a estas alturas, simplemente ha optado por verlo por televisión?), en más de alguna ocasión habrá visto violencia. En mi caso, la violencia me tocó de cerca. Un amigo fue apuñalado por barristas de Universidad de Chile hace 20 años. Yo estaba con él y recibí algunos golpes, aunque pude escapar. Él no.

La última vez que fui a un estadio, hace cerca de cinco años, el escenario no cambió demasiado: las piedras volaban en pleno partido, y sobre los espectadores, entre barras rivales de Universidad Católica y Everton de Viña del Mar, éste último, un equipo de provincia que hace unos diez o 15 años simplemente nadie hubiera imaginado que tuviera hinchas extremos. Y un elemento no menor: el partido en ningún momento estuvo cerca de suspenderse.

Pasan los años, y la situación si bien no sigue igual, empeora. Y en Latinoamérica: en Argentina (donde también se registró un muerto por la violencia entre barristas de San Lorenzo de Almagro y Velez Sarsfield, a fines de marzo), Colombia, Perú, Ecuador...

Ante este escenario recurrente y lamentable, ¿hay  desidia de las autoridades? Es complejo encontrar una sola causa. ¿Complicidad de los dirigentes de los clubes? ¿Falta de recursos para afrontar la violencia? ¿Más frustración en la sociedad y especialmente en las capas menos favorecidas? ¿O simplemente es un asunto de la irresponsabilidad política latinoamericana, donde resulta atractivo para distintos estamentos un apoyo enfervorizado de los hinchas sin medir consecuencias?

Puede haber de todo, pero hay algo claro: falta mayor decisión para enfrentar el tema por parte de las autoridades. Y eso pienso que obedece a un cierto temor a aplicar medidas represivas contra estos grupos. ¿Por qué? Porque las autoridades no quieren figurar haciendo un uso de la fuerza que sea percibida como excesiva por el resto de la sociedad y que les cueste críticas y acusaciones que dañen su popularidad y legitimidad. Esto, porque aún están presentes en las sociedades latinoamericanas los fantasmas de las dictaduras militares que gobernaron la región en las décadas de 1970 y 1980. Mal que mal, 20 ó 30 años es un suspiro en la historia de un país y los recuerdos -y temores- pueden estar aún frescos.

En el caso chileno, ese temor por el uso de poder ante una situación límite se pudo percibir hace un par de años. Fue lejos de las canchas, pero de alguna manera puede ejemplificar lo que sucede alrededor de ellas. Tras el terremoto que afectó a la zona centro-sur de Chile el 27 de febrero de 2010, la ex presidenta Michelle Bachelet se negó, en primera instancia, a implantar un estado de sitio en la Séptima y Octava Región. Pese a las recomendaciones de las autoridades militares de la zona, Bachelet, torturada y exiliada junto a su madre en la dictadura de Augusto Pinochet, no quiso adoptar el estado de sitio, para permitir que fuerzas militares patrullaran las regiones del Maule y Bío-Bío junto a fuerzas policiales. Dicha figura legal, adoptada por Pinochet entre 1973 y 1987, finalmente con el correr de las horas de ese 27 de febrero y los días siguientes, y los graves desórdenes que aparecieron en la zona, no tuvo más que ser adoptada, con las consecuentes acusaciones y cuestionamientos de falta de autoridad por no haber reaccionado con mayor rapidez. Mucho se habló también de los resquemores de la ex mandataria hacia el mundo militar, en el que habría tenido un peso relevante el no adoptar el estado de sitio para no figurar como el primer gobierno democrático en adoptar dicha figura desde la vuelta de la democracia, en 1990.

¿Cómo se une este ejemplo al mundo de las barras bravas? Dejando de lado la presencia militar del anterior ejemplo, se puede percibir un constante temor al uso de la fuerza contra una parte de la sociedad que no desea someterse a las reglas.  Ahí está el caso de Argentina, un país que tras sus brutales dictaduras, ve como aumentan los números de muertos en los estadios con mayor velocidad que décadas pasadas y que ya suman desde mediados del siglo pasado, más de 250 fallecidos.

No tiene lógica que un problema tan evidente y que se arrastra desde décadas en la región, como es la inseguridad en torno al fútbol, no tenga una solución contundente de las autoridades. Como la ingeniada por Inglaterra a fines de la década de los 80 y que aplicó desde principios de los 90. Ello implicó un férreo combate a los hinchas radicales de ese país (hooligans) que estaban minando la actividad futbolística (basta recordar la tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa, entre Liverpool y Juventus en 1985, o la tragedia de Hillsbourough, el 15 de abril de 1989, que arrojó 96 muertos y obligó al gobierno de Margaret Tatcher a intervenir directamente en el aumento de la seguridad en los estadios).

¿Cómo se logró desterrar la violencia de los recintos futbolísticos de manera sustantiva en Inglaterra? Con muchas medidas, no solamente represivas, por cierto, pero sí con mucha decisión, lejos de periódicas insinuaciones sobre iniciativas que al parecer tienen un afán más efectista que efectivo a ojos de la sociedad.

Es urgente terminar con situaciones insólitas, como la que afectó al astro brasileño Ronaldinho, quien debió ser sacado recientemente por sus guardaespaldas desde el estadio con pistolas al aire para intimidar a los barristas del Flamengo que querían increparlo por la temprana eliminación del equipo de la actual Copa Libertadores o el amedrentamiento que sufrió un jugador de Colo Colo de Chile, Carlos Muñoz, por parte de miembros de la barra brava del club, la Garra Blanca, y que implicó un tardío respaldo de sus compañeros de plantel, ya que algunos de ellos se habrían molestado o asustado (o ambas) por la decisión de Muñoz de denunciar las amenazas y ventilarlas públicamente, algo inédito en la historia del fútbol chileno.

No tiene sentido esperar a que una tragedia de proporciones, como las que han afectado a Perú o Argentina, sacudan nuevamente al deporte más popular en Latinoamérica.