Análisis & Opinión

El "Pacto por México" de Peña Nieto

Fernando Chávez

Fernando Chávez es economista y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM). Actualmente es coordinador del sitio de divulgación económica El Observatorio Económico de México. Su línea de investigación abarca remesas y migración, política monetaria, banca central, federalismo fiscal y macroeconomía. Desde 1984 se desempeña en el ámbito editorial como autor y coordinador de publicaciones, boletines, revistas y secciones de periódicos.

  • Wed, 12/19/2012 - 23:36

Las notas informativas, las fotos y los vídeos alusivos a la firma, el 2 de diciembre, del anunciado "Pacto por México", circularon rápida y profusamente en los medios y, por supuesto, comentadas lacónicamente en las redes sociales. Con el abrumador sello mediático muy propio del nuevo grupo gobernante en México, lo así pregonado se mostró como un paquete casi de designios incontrovertibles, sólo rechazados por los aguafiestas de siempre, habrán dicho en voz baja los ufanos y autocomplacidos ideólogos y arquitectos de este documento polémico.

El nuevo pacto, como todos los pactos, se vendió y se seguirá vendiendo -valga la expresión- como una propuesta inicial irrebatible por su esencia conciliadora: se pactó para ser mejores mañana y para estar unidos más que nunca. Los meses por venir, sin duda, demostrarán con crudo realismo las bondades y equívocos de los supuestos quebradizos que hay detrás de los 95 compromisos asumidos explícitamente por sus pocos y distinguidos signatarios.

Unas cuantas horas después de la protocolaria y breve toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto (EPN), el país se enteró, sin festejos populares ni adhesiones espontáneas (excepto, claro está, las que expresan a los infaltables individuos y grupos que siempre están organizados para ser “políticamente correctos”), que su administración asumía tales compromisos para “mover a México” y que en ello se involucraban las tres principales fuerzas políticas mejor posicionadas en el Congreso. Vale señalar que este es el mayor capital político que palpablemente hay en este pergamino de intenciones políticas concertadoras.

El "Pacto por México", entonces, se inscribe en una añeja tradición nacional de acuerdos políticos y económicos que han permitido compartir responsabilidades de modo muy vago, ya que en general esos pactos referidos no han tenido (ni tienen) efectos jurídicos vinculantes ni tampoco se trocaron en compromisos legislativos estables y firmes.

¿Cuáles son los pilares ideológicos que lo envuelven, los que le dan un cierto color político? Son cuatro los acuerdos estratégicos a la vista, que se desgranan desproporcionadamente en esos 95 compromisos: 

1).-Para una sociedad de derechos y libertades. 

2).- Para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. 

3).-Para seguridad y justicia. 

4).-Para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la pobreza.

Esta es la médula del discurso formal, el que será sometido a la prueba de los hechos. Por una parte, éste parece separarse parcialmente de la doctrina neoliberal vigente y, por la otra, aspira esforzadamente a eliminar cualquier sospecha de que el nuevo gobierno es la palanca para la restauración del priismo clásico (autoritario, demagógico, cooptador, corrupto y con un marcado uso oportunista y pragmático de la legalidad). Pero esta impronta indeleble que dejó su hegemonía absoluta durante ocho décadas (1920-2000) nos hace, en el mejor de los casos, darle el beneficio de la duda democrática, con todo y el aval que le den sus dos opositores perredistas y panistas.

Parece que no todas las fuerzas políticas que están presentes en este poderosos espacio del poder republicano fueron invitadas. A esa cumbre de pretensiones ecuménicas faltaron los pequeños partidos y eso tiene una explicación simple: los costos de persuadirlos de participar en el nuevo pactismo podrían ser desmesurados en relación a su aportación real. Se trataba de que en la foto salieran exclusivamente los figurantes políticos con peso electoral significativo y, sobre todo, con un impacto mediático incontrastable dentro y fuera del país. Habrá que ver en el futuro si ese desdén (muy calculado) de los grandes hacia los chiquitos tendrá o no sus consecuencias a la hora de votar en el mismo Congreso muchos asuntos derivados de las nuevas exigencias legislativas vinculadas con algunos de los 95 compromisos suscritos. 

El nuevo pactismo político en México no es posible entenderlo sin las circunstancias políticas que arrojaron los comicios de julio pasado y sin tener en cuenta las mismas estrategias que requiere EPN para mostrarse como gobernante eficaz y algo congruente con las promesas centrales de su campaña. El nacimiento negociado de esta convención interpartidaria es una respuesta que quizá apunta a garantizar mínimamente una gobernabilidad democrática en el corto plazo. La votación presidencial a favor del PRI fue poco más del 37% y, consecuentemente, en las cámaras del Congreso se tendrán que edificar y urdir alianzas parlamentarias para sacar adelante los cambios legislativos que demanda su nuevo proyecto de nación. En ese tenor, el "Pacto por México" debería apuntalar la capacidad de convocatoria de este gobierno, que tiene como viga maestra y bandera principal las multicitadas reformas estructurales, muy ensalzadas entre las élites, pero poco comprendidas entre amplios sectores sociales.

Los avales decisivos de esta iniciativa peñista, PRD y PAN, que son respectivamente la segunda y tercera fuerzas electoral, viven hoy la paradoja de una situación de enorme vulnerabilidad institucional. El "Pacto por México" está muy lejos de ser hoy un factor que los fortalezca en lo inmediato. Todo lo contrario. Las firmas estampadas por Madero y Zambrano en este documento, en tanto jefes superiores de estos dos institutos políticos, los ha colocado hoy en una situación incómoda y cuestionada en sus mismos clanes. Esto último es evidente en el PRD y no tanto en el PAN, aunque éste ciertamente vive su crisis interna también de modo agudo, donde la desafiliación implícita del ex presidente Vicente Fox, por ejemplo, es un síntoma palpable de ello.

Los publicistas y exégetas del nuevo pacto aspiran sigilosamente, sin memoria histórica alguna, a que desde fuera se vea y perciba este documento como algo sin precedentes en la historia política del país. Es ingenua esta pretensión fatua. Sólo para mencionar algunos ejemplos recientes de la historia mexicana habrá que recordar la Alianza para la Producción de José López Portillo en 1977; el Pacto de Aliento y Crecimiento de Miguel de la Madrid en 1987 y para 1988 el Pacto de Solidaridad Económica. Los sucesivos pactos nacionales de estabilización monetaria (derivados del último anterior) que se acordaron durante el sexenio salinista, e incluso en los albores del gobierno zedillista, también dan cuenta de un planteamiento aliancista que se adoptó para sortear las circunstancia adversas en el terreno económico-financiero de esos años. 

Ya en la fase panista-foxista encontramos el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional en 2001; el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo del 2005. En la presidencia de Calderón se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008. El "Pacto por México", entonces, se inscribe en una añeja tradición nacional de acuerdos políticos y económicos que han permitido compartir responsabilidades de modo muy vago, ya que en general esos pactos referidos no han tenido (ni tienen) efectos jurídicos vinculantes ni tampoco se trocaron en compromisos legislativos estables y firmes. 

De los 95 compromisos que integran el "Pacto por México" tenemos un análisis oportuno y orientador de la politóloga María Amparo Casar. Conviene remitirnos a ciertos datos suyos que permiten hacer una radiografía rápida para valorar este repertorio ideológicamente mixto y no jerarquizado de intenciones que quieren marcar distancia de la malhadada herencia panista. De los 95 compromisos ella estima que 33 (34,7%) dependen directamente del poder presidencial, lo cual supone que son de fácil realización; 43 (45%) requieren de reformas legales y aquí las cosas se complicarán un poco; 19 (20%) necesitan de una reforma constitucional para ser implementados: el esfuerzo de concertación en el Congreso entre los actuales firmantes es poco menos que colosal. Cabe subrayar que ella valora que 62 compromisos pasan tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo, lo cual supone un trabajo de coordinación de estos poderes que no se percibe como expeditamente hacedero.  Desde la perspectiva presupuestal, crucial para ponerle un precio a estas iniciativas reformadoras, esta analista señala que 46 (48,4%) compromisos están condicionados por reformas hacendarias, 15 (15,8%) dependen de la disponibilidad presupuestal y 49 (35,8%) no requieren recursos. 

¿Qué tan originales son estos 95 compromisos suscritos el 2 de diciembre?  Prácticamente ninguno, pues el valor agregado por el "Pacto por México" ha consistido en integrar y darle cierta articulación a las muchas propuestas que están desparramadas por aquí y por allá, generadas por varios autores individuales e institucionales de tendencias políticas divergentes. Y vale enfatizar algunas de ellas ya están plasmadas en la legislación vigente y expresadas incluso en la actual estructura de la administración pública. Aquí se percibe el pragmatismo de los priistas típicos, ni más ni menos. Y en esa línea se fueron muy expiados (¿será?) los dos líderes partidarios firmantes. 

El pactismo político apunta casi siempre, creo, en una dirección apacible, muy a tono con concepciones democráticas de responsabilidad compartida en fines y medios entre los principales actores políticos y sociales. Surge esta fórmula como respuesta a situaciones contingentes que combinan la emergencia económica-financiera con las tensiones políticas del caso, que por lo mismo postula una plataforma mínima que unifique y cohesione en lo primordial a las fuerzas políticas y sociales en objetivos comunes de corto plazo. El "Pacto por México" tiene algunas propuestas atractivas, sensatas para el interés nacional, pero como fórmula de consenso político interpartidario, no ha permeado aún la confianza ciudadana mayoritaria. Los momentos de su validación vendrán en breve y estarán muy acotados por un año 2013 lleno de incógnitas. 

El pacto de estos días nació apremiado de una legitimidad política extra electoral, la necesaria para arrancar un programa sexenal que complete de una vez por todas el modelo económico liberal iniciado hace 30 años. Es prematuro juzgar sus genuinas posibilidades transformadoras en esa ruta muy reprochada. En el 2013 será muy difícil que se noten los cambios impulsados por el pactismo peñista.

La viabilidad de corto plazo del pacto encabezado por EPN exigirá no sólo sumar otras fuerzas políticas -que obviamente vayan más allá de las cúpulas partidarias del PRD y del PAN-, sino que también esas mismas cúpulas se mantengan de pie, y ello implica ofrecerles muy pronto algo más que gratitudes  virtuales.  Ni Madero ni Zambrano son jefes indiscutidos de sus partidos. Las heridas que abrieron las elecciones presidenciales siguen abiertas en esos dos partidos. ¿Será barato y fácil para el presidente EPN  intervenir en casas ajenas en aras de darle un poco de calor a su criatura política sietemesina?

Fernando Chávez

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