La Constitución de Venezuela prevé tres formas de cambiar al presidente de la República. La primera es derrotándolo en la siguiente elección presidencial. La segunda es derrotándolo en un referendo revocatorio, el cual sólo puede ser convocado una vez alcanzada la mitad del mandato presidencial para el cual fue elegido. La tercera es tras un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con autorización previa de la Asamblea Nacional (es decir, del Parlamento venezolano).
En este momento no se da ninguna de esas circunstancias, razón por la cual el pedido de un sector de la oposición para que Nicolás Maduro abandone la presidencia no se atiene a la Constitución. Podría alegarse (con razón), que los gobiernos chavistas han sido los primeros en ignorar lo que dispone su propia Constitución. Pero eso no cambia el hecho de que aquello que exige parte de la oposición también ignora lo que la Constitución establece.
Lo cual, sin embargo, no prueba que ese sector de la oposición esté involucrado en un intento de golpe de Estado. Y francamente es difícil tomar en serio los alegatos del presidente Maduro al respecto, dado que desde que asumió la presidencia las denuncias de golpe se suceden a razón de una cada dos meses. De cualquier modo, en la Venezuela actual no existe una justicia independiente que pueda establecer la verdad de los hechos ateniéndose a las normas del debido proceso.
Que los juicios contra los opositores no se atienen a las normas del debido proceso es algo que han denunciado por igual tanto el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, como Amnistía Internacional. Podría alegarse que el prestigio de esas organizaciones no es prueba suficiente de que sus acusaciones sean verdaderas. Pero esa no es la única evidencia que consta sobre la falta de independencia judicial en Venezuela. La Ley Orgánica del TSJ, aprobada en mayo de 2004, amplió de 20 a 32 el número de integrantes de ese organismo. Tanto esos doce integrantes adicionales, como otros cinco que reemplazaron a magistrados que se jubilaban, fueron designados por mayoría simple por la Asamblea Nacional (es decir, contando exclusivamente con los votos del oficialismo).
¿Cuáles fueron las consecuencias de ese cambio? En el plano de la anécdota podríamos recordar a esos magistrados que durante la inauguración del año judicial, en 2006, coreaban de pie la consigna "Uh, ah, Chávez no se va". Más allá de la anécdota, una investigación dirigida por Antonio Canova titulada "El TSJ al servicio de la revolución", encuentra datos dignos de asombro. Durante el período que media entre su reforma y el año 2013 las distintas salas del TSJ emitieron un total de 45.474 sentencias. No hay entre ellas una sola sentencia que sea contraria a los intereses del gobierno.
No sé si Leopoldo López o Antonio Ledezma son responsables de los crímenes que se les imputan. Me queda claro, sin embargo, que esas responsabilidades no podrán establecerse de una manera justa e independiente mientras en Venezuela los tribunales sigan siendo un mero apéndice del poder político.
