Que en los 60 fuese difícil prever que las sanciones económicas contra Cuba no habrían de conseguir su principal propósito (el fin del régimen comunista), es comprensible. Que tampoco pudiera preverse que las sanciones serían contraproducentes (al perjudicar al ciudadano medio, mientras fortalecían al régimen), también puede entenderse. Pero que en 2014 el viejo mantra se siga repitiendo una y otra vez, sin lógica ni remordimiento alguno, amerita que éste sea incluido dentro de una pieza del teatro del absurdo. Porque si algo sobra para saber la verdad sobre aquello que ignorábamos hace 50 años, es evidencia: fuentes como la base de datos denominada “Amenaza y Aplicación de Sanciones” (conocida como TIES, por sus siglas en inglés), están disponibles de forma gratuita en internet para todo el que se tome la molestia de consultarlas. Y la evidencia es clara: las sanciones con propósitos maximalistas (como el cambio de un régimen político), casi nunca tienen éxito. Y las sanciones parciales para conseguir propósitos más acotados (como las que buscaban en 1960 una indemnización por la expropiación de bienes a ciudadanos estadounidenses), tienen una probabilidad de éxito algo mayor, pero igualmente baja (lo que debió ser previsible incluso en los 60, es que no ibas a obtener indemnización alguna de un régimen al que, simultáneamente, intentas derrocar por todos los medios).
Que las sanciones habrían además de resultar contraproducentes (porque proveen al régimen de una coartada para evadir sus responsabilidades, y porque al empobrecer al cubano medio lo hacen más dependiente del Estado), es también algo que hubieran alcanzado a vislumbrar las investigaciones de las últimas décadas. Las de Daniel Drezner, por ejemplo, según las cuales los regímenes autoritarios suelen redistribuir el impacto de las sanciones, de modo tal que su costo recaiga sobre grupos vulnerables de la sociedad o sobre sus rivales políticos, pero no sobre el propio régimen. Peor aún, las sanciones pueden emplearse para premiar a los aliados del régimen (por ejemplo, el gobierno iraní concede a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria un papel prominente en operaciones de contrabando y mercado negro), reforzando de ese modo su lealtad.
Otro argumento sostiene que las sanciones comienzan a levantarse cuando finalmente tenían una chance de surtir efecto. La razón sería que, dada la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, cabe dentro de lo posible que ese país reduzca o incluso elimine en un futuro cercano los subsidios que concede a Cuba. Se trata pues de un argumento contra-fáctico: dado que las sanciones se vienen levantando en forma progresiva, jamás sabremos si habrían funcionado de haberse mantenido en el escenario descrito. El problema con ese argumento es que el escenario que describe no es inédito. Cuba perdió un subsidio aún mayor tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, y Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia de Venezuela en 1999: ese interregno es el denominado “Período Especial”, porque fue especialmente dramático para la economía de Cuba. Bajo un argumento similar al que se esgrime ahora, el Congreso estadounidense se dedicó entonces a reforzar el embargo (desde el Acta para la Democracia en Cuba de 1992, hasta la ley Helms-Burton de 1996), sin que el régimen cubano diera signos de un colapso inminente. Tal vez precisamente porque el “Período Especial” hizo que segmentos crecientes de la población dependieran cada vez más de las transferencias del régimen para subsistir, el mismo no está asociado con un activismo significativo de la oposición: virtualmente todas las iniciativas relevantes de la disidencia cubana (V., el Proyecto Varela, la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco, etc.) surgieron en el nuevo siglo (cuando la economía daba signos de una mejoría relativa).
El argumento postrero de los partidarios del embargo es que, a diferencia de China (que cuenta con la segunda economía mundial), o Arabia Saudita (que cuenta con la segunda reserva mundial de petróleo), en el caso de Cuba no hay razones de interés nacional que sugieran la conveniencia de mirar hacia otro lado mientras el régimen viola los derechos de sus ciudadanos: el embargo debería mantenerse como una cuestión de principios, incluso si resulta ineficaz. Pero de ser ese el caso, uno hubiese esperado una reacción de indignación entre los republicanos partidarios del embargo, frente al informe senatorial sobre las torturas de la CIA. No sólo porque estas fueron perpetradas por su propio gobierno, sino además porque, como declaró León Panetta cuando era director de la CIA, esas torturas produjeron o bien información falsa, o bien información que se obtuvo en forma simultánea por otras vías (es decir, no sirvieron fines de seguridad nacional). O habría esperado de esos republicanos una férrea oposición a la decisión del presidente Obama en 2012 de reiniciar la ayuda al régimen de Uzbekistán (acusado tanto por Human Rights Watch como por el ex embajador británico Craig Murray en su libro “Murder in Samarkanda”, de sumergir a sus opositores en agua hirviente).
Pero como sabemos, con excepciones notables (como la de John Mc Cain), los mismos congresistas republicanos que consideran al régimen cubano una afrenta intolerable a la conciencia humana, no tuvieron inconveniente en tolerar que la CIA “subcontrate” nada menos que al régimen uzbeko para realizar parte de las tareas de tortura (sin que en este caso quepa siquiera la coartada geopolítica, dado que Uzbekistán no tiene la relevancia de China o Arabia Saudita).
