Los componentes de una política integral de seguridad ciudadana son la prevención de la violencia y el delito, el control y la persecución penal, la rehabilitación y la reinserción social de los infractores, la asistencia y la protección de las víctimas, y el gobierno de la seguridad ciudadana. Este último comprende el diseño, la formulación y la gestión de la política pública, así como su evaluación y su supervisión.

El diseño, la formulación y la gestión de la política. Comprende el diseño de la política; su financiamiento; su conducción, su coordinación y su organización; y, la gestión de sus recursos.

El diseño de la política involucra cuatro etapas. Uno, el diagnóstico de la situación de seguridad. Dos, el diagnóstico de los recursos institucionales. Tres, la definición de la política para enfrentar los desafíos, que incluye sus objetivos generales, principios que la inspiran y ámbitos de intervención. Cuatro, la estrategia, es decir, la puesta en marcha de la política, que establece las metas, las responsabilidades y el cronograma de cumplimiento. Las metas se deben traducir en indicadores objetivos y mensurables, los que de preferencia deben evaluar resultados y no procesos, de modo que sirvan para dar cuenta de su impacto. La política y la estrategia adoptadas deben dar pie a planes de acción específicos para cada una de las instituciones involucradas y cada nivel de gobierno. Los planes de acción institucionales, por un lado, y los planes locales, por el otro, deben enmarcarse en la política y estrategia definidas al más alto nivel de decisión.

El esfuerzo por definir una política de seguridad ciudadana es un hecho relativamente reciente en América Latina. Hasta hace pocos años cada sector o institución definía sus objetivos y sus metas sin coordinación alguna con las otras instituciones del sistema. Esto ha comenzado a cambiar. La definición conjunta de una política y una estrategia obliga a compartir una mirada integral, aunque la mayoría de las estrategias aún son una suma de las que corresponden a cada institución.

El financiamiento de la política consiste en la asignación de los recursos necesarios para cumplir con las metas. En los últimos años se ha avanzado en la adopción de una metodología de presupuesto por resultados, que consiste en evaluar la calidad del gasto y su impacto antes de comprometer nuevos recursos. Esta metodología modifica la naturaleza inercial de la formulación presupuestaria del pasado y obliga a las instituciones a dar cuenta del impacto de sus intervenciones, lo que contribuye a una optimización de los recursos. Empero, aún la dinámica presupuestal gira en torno a los pliegos sectoriales y no en función de las estrategias.

La tercera etapa en la formulación de la política consiste en su conducción, coordinación y organización. Esta labor debe recaer en el ministerio o secretaría encargada de la seguridad, a quien le corresponde articular una diversidad de instituciones de carácter nacional, regional o local. La posibilidad de contar con verdaderas políticas y estrategias nacionales de seguridad ciudadana depende de la fortaleza y profesionalismo de estas instancias, sobre todo porque la inercia lleva a las instituciones a operar de manera autónoma y a resistirse a la coordinación interinstitucional. Muchos países de la región han constituido en los últimos años instancias de coordinación en todos los niveles de gobierno. La suma de esas instancias configura la arquitectura institucional del sistema de seguridad ciudadana.

La gestión de los recursos es transversal a toda la política y está referida, por un lado, a los recursos económicos, logísticos y tecnológicos; y, por el otro, a los humanos. En relación con los primeros se advierte cinco etapas, a saber, la previsión de necesidades, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, el almacenamiento, la distribución y el uso de los recursos. La gestión de los segundos comprende los siete procesos de la carrera funcionaria: la selección del personal; su formación; la asignación de responsabilidades; la evaluación del desempeño; la promoción, los incentivos y el ascenso; el régimen disciplinario; y, la terminación de la carrera. Algunas instituciones grandes, especialmente las policías, cuentan además con políticas de bienestar para su personal y sus familiares.

La evaluación y supervisión de la política. La evaluación tiene por objeto dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y de la calidad de los servicios de seguridad ciudadana. Contribuye a enriquecer el proceso de formulación de la política, en la medida en que permite determinar qué funciona y qué no.

La supervisión tiene como propósito detectar irregularidades funcionales, establecer responsabilidades y adoptar las medidas correctivas que correspondan. Existen dos tipos de supervisión, la interna y la externa.

Los órganos de supervisión interna tienen tres competencias: la disciplinaria, la contable y la administrativa. La primera sirve para identificar las transgresiones disciplinarias y penales; de presumirse responsabilidad penal, los actuados son derivados a la Fiscalía. La supervisión administrativa es ejercida por los superiores jerárquicos, al igual que la disciplinaria y la contable. Asimismo, existen órganos especializados de supervisión interna, como las inspectorías, las unidades de control contable y las oficinas de asuntos internos o de responsabilidad profesional. Algunas instituciones policiales todavía están adscritas a un fuero privativo; otras cuentan con tribunales administrativos disciplinarios.

Se pueden identificar, por lo menos, ocho instituciones que realizan supervisión externa: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la Fiscalía, la Contraloría y el Ombudsman; y, los medios de comunicación social y las organizaciones de la sociedad civil. El Poder Ejecutivo ejerce una supervisión política, al igual que el Legislativo, que además controla el presupuesto y legisla. El sistema de justicia ejerce la supervisión penal y la Contraloría la contable. El Ombudsman recibe e investiga quejas individuales contra las instituciones del sistema de seguridad y realiza estudios de gestión, formulando recomendaciones.

*Esta columna fue publicada originalmente en revista Humanum.