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¿Están protegidos ante el despido los trabajadores de A. Latina y el Caribe?
Mar, 06/09/2016 - 10:02

Carmen Pagés

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Carmen Pagés

Carmen Pagés-Serra es la Jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En forma previa a esta labor, Carmen se desempeñó como economista principal en el Departamento de Investigación del BID, donde lideró importantes publicaciones tales como La Era de la Productividad: Cómo transformar las economías desde sus cimientos, las últimas ediciones de la publicación insignia anual del Banco, el Desarrollo en las Americas (DIA). Carmen es también autora del libro Ley y Empleo: Lecciones de América Latina y el Caribe, escrito conjuntamente con el Premio Nobel Prof. James Heckman, así como de dos libros adicionales (Se Buscan Buenos Empleos: Los mercados laborales en América Latina y La Creación de Empleos en América Latina y el Caribe: Tendencias recientes y los retos políticos). Carmen ha publicado extensamente en revistas académicas y de política líderes en las áreas de mercados laborales, seguridad social y productividad. Antes de formar parte del BID, Carmen se desempeñó desde el 2004 hasta el 2006 como economista senior en temas laborales en el Banco Mundial. Carmen cuenta con una Maestría en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y un Doctorado en Economía de la Universidad de Boston.

¿Sabías que América Latina y el Caribe (ALC) tiene un nivel de protección de trabajadores frente a los despidos similar a los países de la OCDE, a pesar de que los niveles de ingresos de la región son, en promedio, mucho más bajos? Este es uno de los hechos que revela el Indicador de Protección del Empleo (LPE) para América Latina y el Caribe que ha desarrollado el BID y la OCDE siguiendo la metodología creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este índice mide el costo y la complejidad de los procedimientos para despedir trabajadores con diferentes contratos, y permite comparar los países de ALC con otros países de todo el mundo en este aspecto del mercado laboral.

¿Cómo se calcula este índice?

El índice LPE pondera tres dimensiones:

1) Despido individual de trabajadores con contratos fijos (EPR), que incluye información sobre nueve aspectos relacionados con la definición de qué es un despido justificado o injustificado, los procedimientos de notificación, el tiempo de pre-aviso para informar al trabajador, así como el pago de una indemnización a los trabajadores según la antigüedad, entre otros.

2) Regulación de los contratos temporales (EPT), que mide los tipos de trabajo para los que se permiten los contratos a plazo fijo y contratos mediante empresas o agencias de trabajo temporal (ATT), así como su duración. También captura las normas que regulan el establecimiento y funcionamiento de las empresas de trabajo temporal.

3) Restricciones adicionales para los despidos colectivos (EPC), que mide las restricciones adicionales en cuanto a tiempo, costos o procedimientos de notificación que la mayoría de países imponen cuando un empleador despide a un gran número de trabajadores a la vez.

Cuanto mayor es este índice, mayor es la protección contra el despido, mientras un valor más bajo indica una regulación menos estricta. Curiosamente, el índice promedio para los países de la OCDE es de 2,2, idéntico al de la media de los países de América Latina. Sin embargo, cuando se incluyen los países del Caribe, el promedio de LAC es ligeramente inferior (1,9) porque la legislación sobre despidos es, en general, más permisiva en los países del Caribe que en los países latinoamericanos. Según este índice, Estados Unidos es el país con el nivel de protección más bajo, seguido de Nicaragua y Barbados; en cambio, Venezuela y Bolivia son los países con una protección mayor frente a los despidos, según su legislación laboral.

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A pesar de esta similitud en el resultado final del índice, en el detalle hay algunas diferencias relevantes entre ambas regiones:

·En América Latina y el Caribe la protección contra el despido colectivo (componente EPC) es más débil que en la OCDE. Ocho países de la región (Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá y El Salvador) no imponen requisitos legales adicionales para el despido colectivo, mientras que México, Colombia y Argentina son los más estrictos.

·En cambio, en ALC es mucho más difícil y costoso contratar trabajadores temporales que en la media de los países de la OCDE (componente EPT, con un 3,04 para ALC y un 2,25 en la OCDE). Venezuela y Uruguay son los países de la región con una regulación más estricta respecto a los trabajadores temporales.

¿Por qué es importante este indicador?

La regulación laboral es un factor determinante de las condiciones bajo las cuales se crean y destruyen puestos de trabajo. Pero como las legislaciones son, habitualmente, específicas de cada país, resulta complejo compararlas entre países y regiones. Una forma de evitar este problema es a través de la creación de indicadores estandarizados que analizan las leyes y reglamentos y las transforman en valores e indicadores, que luego pueden desglosarse y compararse entre países.

Los datos recopilados por el BID y la OCDE son el primer enfoque sistemático para revisar y comparar la legislación sobre la protección del empleo en ALC, con una metodología que también es comparable con países de todo el mundo. Aunque la protección del empleo es solo una de las muchas dimensiones que influyen en los mercados de trabajo, esta información permitirá una mayor investigación sobre la política de la fuerza laboral y otros factores que pueden promover mejores puestos de trabajo. En esta web hay más información sobre cómo este indicador incide en las condiciones del mercado de trabajo y la calidad del empleo en los países de la OCDE y en América Latina y el Caribe.

*Esta columna fue escrita en conjunto con Stefano Scarpetta, director de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, y Verónica Alaimo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)Fue publicada originalmente en el blog Factor Trabajo del BID.

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