Cuando estaba por graduarme de secundaria y quería escoger una profesión para aportar a cambiar mi país, desoí a quienes me recomendaban estudiar leyes y ser abogado. Me parecía una carrera de memorización de códigos. Chata. Plana. Cerrada. Esta semana el tribunal de honor (con minúsculas) del colegio de abogados (con minúsculas) hizo que me recordara de mi acierto al no escoger esa profesión.

El tribunal de honor, ese que se constituye en un pedestal para analizar eso que llamamos ética de la profesión, quiere suspender durante un año a una de las jueza más valientes que hemos tenido en América Latina, Yasmín Barrios. La quiere suspender porque cuando iba a empezar el juicio por genocidio contra uno de nuestros dictadores del siglo pasado, actuó contra el litigio malicioso de los abogados de la defensa.

Litigio malicioso, naturalmente, que nunca ha sido condenado por el tribunal de honor del colegio de abogados. Litigio malicioso que, naturalmente, busca mantener el fin último de la justicia en Guatemala, que es la impunidad para los poderosos. Cualquier esfuerzo por reformar o derribar este monumento a la injusticia que es el derecho guatemalteco, es considerado por “los honorables”, “los éticos”, como algo anti-ético, ideologizado y castigable.

Y es que el derecho tradicional guatemalteco –como en buena parte del mundo– busca hacer malabares con las leyes para que siempre caiga la moneda del lado que escogen sus poderosos clientes. Claro, hay muchos abogados que se especializan en comprender al sistema para cambiarlo y que los malabares den paso a la justicia. Justicia para los poderosos cuando tengan la razón; justicia para los débiles cuando tengan la razón; justicia justa.

El tribunal de honor del colegio de abogados, electo por algunos cientos de personas que en su mayoría sólo tienen un título de memorización de códigos (algunos plagiados), es presidido por Manuel Marroquín Pineda. Con su firma escribió el último capítulo del modelo de justicia que quieren la mayoría de los abogados tradicionales y emergentes de Guatemala: una justicia ideologizada, de extrema derecha; en el que se premia el litigio malicioso; en el que se deja impune a los poderosos, los clientes, los amigos o los afines; y en el que el sistema judicial y la democracia formal guatemalteca pierden cada vez más legitimidad. Está en picada libre desde hace once meses y veinte días. Pierde legitimidad entre los mayas, entre los mestizos y entre los países del planeta que son nuestros socios económicos y políticos.

Espero, como ciudadano y nacional, que los abogados minoritarios que escogieron esa profesión noble usen sus mejores saberes y entenderes para enmendar este sinsentido y salvar un poco la dignidad de su oficio. Y de paso que con esto aporten a rescatar la democracia.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Blog de Wachik' aj.