Como ocurre con todos los hechos relacionados con temas controversiales, se puede ver desde puntos de vista distintos la condena a 90 años de prisión dictada el lunes por el Tribunal B de Mayor Riesgo en contra de Pedro García Arredondo. Es uno de los dos sobrevivientes de las autoridades guatemaltecas culpables de haber ordenado y, en su caso, ejecutado, las acciones ilegales e inmorales causantes de la quema de la embajada de España, donde murieron personas, en uno de los peores casos relacionados con el largo conflicto armado interno. El otro involucrado, aun vivo y residente en el extranjero, es el ministro de Gobernación de esa época, Donaldo Álvarez Ruiz. Ya murieron Romeo Lucas García y German Chupina Barahona.
Esos 90 años son adicionales a los 70 años de prisión por los cuales García Arredondo fue condenado en el 2011. Esa primera sentencia ya le significa una cadena perpetua, porque sin duda morirá antes de cumplirla. Agregarle la indicada suma de años, solo afianza esa condición de permanecer en la cárcel hasta su muerte. Según una de las formas de analizar este sonado caso, condenar o declarar inocente al acusado era exactamente lo mismo, en la práctica. Quienes piensan de esa manera deben complementar ese criterio con el de rechazar la realización del segundo juicio, porque el sistema de justicia ya había funcionado con la sentencia de hace cuatro años, con lo cual se lograba castigar, aunque fuera 35 años después, a un asesino.
Otra forma inteligente de interpretar la necesidad de la sentencia va en la línea de lograr una condena de determinada cantidad de años por cada una de las víctimas. De allí surgió la petición de la fiscalía para lograr una sentencia de más de mil años de prisión. En esta forma de pensar no se considera el hecho de la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia, sino solo aplicar el castigo por la totalidad de crímenes. En otros países, sentencias de ese tipo son relativamente comunes, y los ciudadanos las aceptan porque las ven como un resultado directo de la magnitud de los crímenes, sobre todo en cuanto el número de víctimas. En Guatemala, esa modalidad de aplicar castigos a crímenes tiene poco tiempo de ser aplicada, en realidad.
A mi criterio, la condena ayuda al sistema judicial del país, porque no parece haber duda de haber logrado su funcionamiento. No constituye ninguna sorpresa señalar el precario prestigio de la justicia de Guatemala, tanto dentro como fuera del país. A quienes 90 años les parece poco, deben aceptar lo decidido por las juezas Irma Jeanette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos. La sentencia es también un mensaje al sector mayoritario de la población guatemalteca adulta, comprendida entre los 18 y los 50 años. Es posible, y sin duda muchos piensan así, estar en desacuerdo con la nueva condena, pero no se puede señalar a lo ocurrido como una prueba de la falta de funcionamiento del engranaje de la justicia.
Debido a las heridas abiertas por los largos años del enfrentamiento armado interno, en todos los niveles y divisiones de la sociedad guatemalteca, este tipo de juicios y sus resultados son en realidad difíciles de aceptar para las generaciones minoritarias, mayores de 50 años, quienes de alguna manera atestiguaron o fueron informadas por la prensa de entonces. Es en este sector poblacional donde los efectos pueden ser tanto negativos como positivos, según las diferencias de criterio. Es momento de pensar en las consecuencias de llevar a juicio a quienes también cometieron atrocidades dirigidas u ordenadas por la contraparte ideológicamente diferente. Pero ese es motivo de otro artículo y de discusiones diferentes, aunque igualmente necesarias.
*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.
