El México de 1994 fue turbulento de principio a fin. Economía y política se condicionaron infausta e íntimamente para provocar una espiral de violencia y tensión social sin precedente desde 1928, cuando fue ultimado el General Álvaro Obregón, presidente electo. Contra lo previsto por los profetas del régimen salinista, el final de este sexenio quedó marcado por un descalabro doble: inestabilidad monetaria e incertidumbre política, originadas sobre todo por un cisma sanguinario en la cúpula de sus clases dirigentes. “Los demonios andan sueltos”, dijo con tino fatalista uno de sus miembros insignes. El resultado inevitable de esto se expresó catastróficamente en el campo cambiario y financiero: fue con el llamado “error de diciembre” de 1994, que impuso entonces límites al sistema político instaurado en 1929 y frenó el impulso triunfalista del proyecto neoliberal mexicano de linaje oligárquico.
¿En qué consistió el “error de diciembre”? ¿Hay responsables evidentes de esto? ¿Cuáles fueron su consecuencias? Estas preguntas son indispensables para hacer un breve recuento de aquel naufragio cuyas secuelas todavía hoy gravitan invisibles ante los ojos de muchos en México. Los veinte años transcurridos desde entonces quizá son pocos para ponderar correctamente los costos históricos de esos sucesos repentinos y profundos que, en los meses previos y posteriores a esos días nefastos, conmocionaron al país.
El “error de diciembre” ha sido, después de todo, una expresión atinada para explicar una aberrante instrumentación de política cambiaria, esto es, una forma cretina de encarar dos problemas macroeconómicos simultáneos de 1994: un abultado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos con una sobrevaluación del tipo de cambio que estaba regido básicamente por las reglas de un sistema fijo o predeterminado. Nos llovía sobre mojado, pues, y había voces impenitentes que negaban los altos riesgos que estaban a la vista en este horizonte borrascoso.
Estos dos hechos, hoy incontrovertibles, en buena medida se explicaban por dos escenarios conectados de modo inevitable: por un lado, la entrada en vigor del TLCAN en ese año, con una avalancha de importaciones, sin contar aún con una plataforma exportadora para encarar una apertura comercial que pasaba a una etapa superior. Y, por otra parte, la fuga masiva e intermitente de capitales provocada por cuatro episodios convulsos, de alto impacto social, que mermaron irremisiblemente la confianza de los capitales y, consecuentemente, las reservas internacionales en el banco central: la rebelión zapatista, el asesinato de Colosio, las elecciones presidenciales impregnadas de temores y rumores y, sin duda alguna, el homicidio de Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Peor, imposible.
Frente a esta situación, potencialmente explosiva para cualquier autoridad monetaria y financiera, el sentido común (sic) y la defensa del interés nacional aconsejaban un ajuste cambiario con tres características: oportuno, voluntario y ordenado. Nada de eso se hizo. Los meses pasaban y la soberbia contumaz del equipo salinista (incluyendo al “autónomo” Banco de México, por supuesto) resistían los razonamientos de una devaluación defensiva y precautoria: la oportunidad se dejó ir de modo lastimoso e irresponsable. Los episodios cambiarios entre el 19 y el 21 de diciembre del 94 fueron estrepitosos y destructivos por haberse hecho fuera del momento pertinente y, claro, de forma desordenada y forzada.
La fuga intermitente y significativa de capitales ante la incertidumbre reinante en todo el 94 terminó por hacer obligada y torpe la devaluación del tipo de cambio nominal a finales de ese año. Sin las previsiones típicas del caso y, sobre todo, declinando al ejercicio responsable de su autoridad monetaria y financiera, Hacienda y Banco de México, juntos, advirtieron a los grandes especuladores lo que debería ser discreto e inadvertible: la modificación del tipo de cambio fijo, primero, y luego de inmediato, al fallar ésta, la flotación misma. Los resultados de semejante burrada terminaron por doblegar a estas dos instituciones y lo que debería haber sido un aterrizaje suave, con ciertos costos ineludibles, se convirtió en un aterrizaje forzoso y traumático, de costos elevados e insostenibles.
Si el ajuste cambiario no fue ni oportuno ni voluntario, tampoco iba a ser ordenado. Lejos de ello estaba el equipo económico zedillista para hacerlo en sus primeros días de gobierno. Los enredos y las contradicciones declarativas de Serra Puche, secretario de Hacienda, así como la conducta necia y timorata de Mancera, gobernador del banco central, apuntalaban el desorden y el caos en los mercados financieros. Y eso, nada más que eso, fue lo que sucedió en los meses siguientes.
El ajuste cambiario inoportuno, forzado y desordenado de diciembre de 1994 se convirtió inmediatamente en una crisis cambiaria y, en unas cuantas semanas, en el colapso financiero de 1995. Y vino con una recesión severa y un repunte brutal de la inflación. El desenlace, obvio, fue mayor pobreza y desempleo, fruto amargo del quiebre repentino de la actividad productiva. Fue todo esto el colofón natural del tristemente célebre “error de diciembre”.
Si algún hecho atroz hay que destacar de todo este desbarajuste es, sin duda alguna, el espurio rescate fiscal del sistema bancario que vino en 1995 vía FOBAPROA. En un río revuelto como el de esos días, el repunte súbito de las tasas de interés colocó pronto a los bancos en una situación de quiebra técnica. El salvataje o rescate sólo sirvió para que al poco tiempo éstos se vendieran “limpios y baratos” a sus compradores extranjeros (a precio de remate). La deuda pública derivada de esta operación turbia aún sigue pagándose, imponiendo así más restricciones de largo plazo al gasto social y de inversión del Estado mexicano.
¿Qué papel jugó el Congreso en esos dos años? Apocado, sin nada que estuviera a la altura de las circunstancias adversas que tenían al país en jaque, donde la soberanía financiera y monetaria estaban en la cuerda floja. Dócil y alineado al poder presidencial, el Congreso fue indolente y permisivo hasta la ignominia.
En un entorno de crisis política y social de dimensiones sin precedente desde 1928, la obcecación ruin del círculo rojo del salinismo y la ineptitud cómplice de sus pares en el zedillista, tanto en el terreno cambiario como en el financiero, fueron factores determinantes en los hechos ominosos de hace veinte años. “Tanto peca el que mata la vaca, como el que agarra la pata”: no hay forma de aliviar a ambos presidentes de la carga de sus yerros colosales, los que padeció el país con las múltiples decisiones e indecisiones de ellos en esos dos años inclementes. Las irresponsabilidades en la conducción económica fueron compartidas por Zedillo y Salinas. Ambos ex presidentes incurrieron en omisiones, titubeos y malas decisiones que los dejaron en el banquillo de los acusados; esa es su notoriedad ganada a pulso, ese es su lugar en este capítulo trágico de la historia mexicana reciente.
El trabajo esclarecedor de historiadores, politólogos y economistas sobre estos sucedidos deplorables, entre otros rastreadores de ese pasado parcialmente incógnito, no ha terminado aún. Hay franjas oscuras en esos episodios turbios que exigen esclarecimientos finos y mejor documentados para no quedarnos con una historia inconclusa, de escasas luces. La memoria colectiva de ese periodo así quedará viva en la historia nacional; y en este caso, muy probablemente, los culpables no serán absueltos por este tribunal ineludible.
