Pasar al contenido principal

ES / EN

Institucionalitis en Costa Rica
Jue, 21/07/2016 - 09:18

Juan Carlos Hidalgo

La Marina estadounidense en aguas costarricenses
Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Escribe frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en los principales periódicos latinoamericanos como La Nación (Argentina), El Tiempo (Colombia), El Universal (México) y El Comercio (Perú). También ha sido entrevistado en medios internacionales como BBC News, Al Jazeera, CNN en Español, Univisión, Telemundo, Voice of America, Bloomberg TV, entre otros. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University.

En Costa Rica padecemos de “institucionalitis”: la proclividad a crear más burocracia ante cualquier problema o coyuntura. El diagnóstico viene en un informe de la Academia de Centroamérica que detalló cómo pasamos de tener 39 entes públicos en 1900 a 98 medio siglo después y 332 en el 2015.

Los números contradicen el relato de la izquierda criolla sobre el supuesto desmantelamiento del Estado en los últimos 30 años. En la campaña pasada, José María Villalta describía una supuesta “larga noche neoliberal” que, según él, básicamente “ha clausurado el Estado”. Pero el estudio muestra que más bien ha habido “una expansión particularmente acelerada” de instituciones desde 1991: se han creado 110.

Y la tendencia continúa. Por ejemplo, actualmente se discuten proyectos de ley que crearían el “Instituto de Investigaciones, Regulación y Control de la Cannabis y el Cáñamo” (para regular la marihuana medicinal), la “Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa” (para controlar a Uber) y el “Instituto Nacional de Infraestructura” (para pasarle por encima a la inutilidad del MOPT).

En muchos casos, las circunstancias por las cuales se creó un ente cambian, pero este sigue campante o simplemente se le cambia el nombre. El ejemplo más claro es el Instituto de Tierras y Colonización (creado en 1961), que luego pasó a ser el Instituto de Desarrollo Agrario (1982) y ahora se transformó en el Instituto de Desarrollo Rural. Más allá de los usuales escándalos por tierras, pocos saben exactamente para qué sirve.

La metástasis institucional no incomoda a algunos que prefieren dorar la píldora. El ex ministro Leonardo Garnier, al comentar el estudio en su página de Facebook, señala que si tomamos en consideración el aumento de la población, más bien notaremos que tenemos pocas instituciones, porque a principios del siglo XX había el doble de entes públicos per cápita de los que hay hoy. ¡Vaya análisis!

Hacer una comparación en términos per cápita es absurdo. Muchos servicios públicos son brindados por una institución sin importar si somos 300.000 personas o casi 5 millones: solo debe haber un Ministerio de Educación, por ejemplo. Siguiendo la lógica de Garnier, no habría entonces problema con duplicar la cantidad de entes estatales. Bien podríamos crear un ministerio distinto para cada uno de los tipos de educación: prekínder, primaria, secundaria, terciaria.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.

Países