Brasil, sede de la cumbre ambiental que se inaugura este lunes en Río de Janeiro, es el mejor país de América Latina para invertir en proyectos de energía verde, según un estudio lanzado también este mismo lunes por Bloomberg New Energy Finance junto al Fondo Multilateral de Inversiones del BID.

Pero el primer lugar regional de Brasil no debiera ser motivo de tanto orgullo: en una escala de 1 a 5, obtuvo apenas 2,6 puntos. Y el controvertido nuevo código forestal brasileño, en la versión aprobada por la presidenta Dilma Rousseff hace un par de semanas después de años de tiras y aflojas legislativos, es un fuerte retroceso en materia de protección ambiental.

Dilma se bajó los pantalones ante la presión de los ruralistas, el poderoso lobby de los terratenientes brasileños, aceptando -entre otras cosas-, una reducción sustancial en la superficie protegida en las riberas fluviales.

Brasil está enfrentando además el escrutinio de grupos ambientalistas que se oponen a grandes proyectos de energía respaldados por la presidenta. Ha habido protestas obreras y huelgas que están atrasando la puesta en marcha de Belo Monte, el mayor proyecto hidroeléctrico del país.

Que los temas ambientales acaparen la agenda política en Brasil, Perú y Chile muestra que esos tres países tienen problemas serios en el frente ambiental, sin duda. Pero también muestra que no tienen problemas más graves, y que han logrado estabilidad económica y relativa estabilidad política.

Retrasos más graves, y hasta manifestantes muertos, ha habido en Perú. Pobladores, trabajadores y ambientalistas han paralizado las obras del proyecto aurífero Conga, de la estadounidense Newmont, que demanda una inversión de US$4.800 millones en el norte del país. En el sur, el presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia y sacó a los militares a la calle para reprimir a pobladores y trabajadores que habían paralizado un proyecto de cobre exigiendo el 30% de las utilidades del yacimiento.

La polémica por los proyectos mineros le han quitado apoyo político a Humala, mientras las protestas antimineras en Perú amenazan con frenar proyectos que contemplan una inversión combinada de US$53.000 millones en los próximos años.

En Chile, las cifras de inversión total en peligro son menores, pero mayor es el riesgo de que al menos uno de los proyectos no se materialice. Hidroaysén, el mayor proyecto hidroeléctrico del país, con una inversión de US$7.000 millones, ha enfrentado tal oposición de ambientalistas, pobladores y ciudadanía, que los inversionistas decidieron paralizar la obra hasta que las reglas del juego para el largo plazo queden bien establecidas.

El tema ambiental ha acaparado la agenda política y las primeras planas en Brasil, Perú y Chile en los últimos meses, mostrando cuán urgentes son hoy problemas que ayer eran abstractos. En esos países, la problemática ambiental enciende protestas callejeras, agita el debate legislativo y paraliza miles de millones de dólares en inversiones.

Los otros países de la región no están exentos de estos problemas. Han habido protestas por proyectos energéticos en Colombia, Argentina y Ecuador, por ejemplo. En México, al menos cuatro activistas ambientales que iniciaron campañas contra la construcción de proyectos ambientalmente discutibles han sido asesinados en el último año.

Pero esas noticias no llegan a las primeras planas porque siempre hay temas más urgentes.

En Colombia, el problema político central sigue siendo la desmilitarización del país y cómo poner punto final a la guerrilla. En Venezuela, un caudillo moribundo avanza hacia la presidencia mientras el fisco avanza hacia la bancarrota. En México, la narcoviolencia sigue decapitando gente y seguirá haciéndolo al regresar el PRI. En Argentina, el autoinfligido aislamiento internacional viene de la mano de inflación, escasez de divisas y cacerolazos.

Que los temas ambientales acaparen la agenda política en Brasil, Perú y Chile muestra que esos tres países tienen problemas serios en el frente ambiental, sin duda. Pero también muestra que no tienen problemas más graves, y que han logrado estabilidad económica y relativa estabilidad política. Para ellos, tener problemas ambientales es una buena noticia.