Cuando se inaugure en Cancún la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, faltarán 41 días para que se lleven a cabo en Venezuela las elecciones convocadas por el régimen para modificar la Constitución. Lo que no hagan en ese tiempo las naciones que demandan el retorno de la democracia a ese querido país sudamericano, se lamentará por largo tiempo.

La reunión en Cancún es una oportunidad única para pintar la raya al chavismo respecto de la represión que viene aplicando desde el 1 de abril —cuando comenzó una serie de manifestaciones multitudinarias— y su intención de deshacerse del control que representa el Legislativo mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Pocos dudan que en las elecciones del 30 de julio, el régimen de Nicolás Maduro no incrementará sus poderes para gobernar con una mano más férrea que la que ya ha causado 72 muertos en menos de tres meses de movilizaciones populares. 

Si las naciones representadas en la OEA no tienen la capacidad de aprobar una resolución que condene claramente la represión en Venezuela e imponga al régimen un proceso de diálogo acompañado de otras naciones, así como la amenaza de sanciones en caso de incumplimiento, la delegación chavista se llevará de Cancún un triunfo importante en las maletas.

La crisis política venezolana está en un delicado momento de definiciones. Temerosos de ser llevados ante cortes internacionales, por su papel en actos represivos, distintos personajes cercanos al régimen han comenzado a tomar distancia.

Una resolución de la OEA que condene sin ambages las maniobras del chavismo para aferrarse al poder mandaría una señal para la resistencia en las calles y para los partidarios dubitativos del chavismo de que los días del régimen están contados. Cualquier otra cosa, incluida la resolución anodina y hasta cómplice que impulsan algunas naciones caribeñas —seguramente por los favores recibidos de Caracas— sería un balde de agua fría sobre las espaldas de una población castigada por años de escasez de alimentos y otras formas de sufrimiento provocadas por el chavismo.

Hay delegaciones que dudarán en condenar a Venezuela en Cancún, porque sus respectivos gobiernos han sido chantajeados por Caracas —se habla de grabaciones en los que funcionarios de distintos países del Caribe reciben el pago de favores— o bien, porque el tema venezolano forma parte de la discusión política nacional, como sucede en Uruguay, donde una condena del régimen de Maduro sería vista como un triunfo de la oposición.

Será clave, pues, la reunión de la OEA que comienza mañana en Cancún con la reposición del encuentro de cancilleres en Washington, que fue suspendida el 31 de mayo por falta de consenso. Ahí habrá una primera oportunidad de pasar un proyecto de resolución promovido por Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Panamá para crear un “grupo de contacto” integrado por países seleccionados para acompañar un nuevo proceso de negociación en Venezuela.

En la reunión de cancilleres se requieren dos tercios de los votos, es decir, 23 delegaciones. Si no se logra allí, se puede volver a intentar en la Asamblea General, donde sólo se necesita la mayoría simple. Por supuesto, habrá intentos por reventar la discusión, como la que se espera que protagonice la canciller venezolana Delcy Rodríguez Gómez, quien aparentemente llegará a Cancún con la intención de descalificar al país anfitrión, echándole en cara su propio palmarés en materia de derechos humanos. Además de eso, la decisión del presidente estadunidense Donald Trump, anunciada el viernes pasado en Miami, de echar atrás algunas de las medidas adoptadas por su antecesor Barack Obama para descongelar las relaciones con Cuba, pudiera servir de pretexto para desviar la discusión. Ante esos distractores, el presidente en turno de la Asamblea, el canciller mexicano Luis Videgaray, deberá hacer gala de una enorme destreza. Los ojos del mundo estarán pendientes de su desempeño.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.