Con el retiro de Sudáfrica de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha generado un debate sobre las actuaciones de la justicia internacional que representa dicho tribunal. Sudáfrica señala que sus obligaciones en las resoluciones de conflictos internacionales no son incompatibles con las actuaciones de la CPI, debido a que la aplicación del Estatuto de Roma entra en contradicción con una norma sobre inmunidad diplomática vigente en Pretoria. Fue por esa legislación que durante la cumbre de la Unión Africana, en 2015, no se detuvo al presidente de Sudán, Omar al Bashir, condenado por la CPI por crímenes de guerra.

Desde que entró en vigencia la CPI, los pedidos de intervenciones de la mayoría de los gobiernos africanos para los juzgamientos de crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos fueron convertidos en instrumentos políticos de los gobiernos de turno para acusar a sus adversarios. Ahora ese intervencionismo en las resoluciones de las cuestiones judiciales se ha convertido en asunto político difícil de sortear en varios países, cuyos gobernantes enfrentan procesos en dicho tribunal. Por lo tanto, son unas de las razones para que se haya iniciado la desbandada africana.

La CPI se ha centrado exclusivamente en investigar crímenes y violaciones de los derechos humanos en África, mientras que ignora genocidios, crímenes y graves violaciones de los derechos humanos por parte de las potencias y sus aliados en los conflictos del Medio Oriente y en otras regiones del mundo.

Este ha sido parte del detonante de la rebelión de los africanos a la cabeza de la Unión Africana, que han pedido a sus 54 miembros no doblegarse ante la CPI, dado que nunca ha acusado a nadie que no sea africano. En África se ha pasado del entusiasmo inicial con la administración de justicia consagrada en la CPI, a las desilusiones. Acusan a la corte de ser un instrumento político manipulado por los intereses económicos y geopolíticos de la UE, Estados Unidos y Rusia para seguir teniendo un dominio colonial en África, y su mecanismo de aplicación ha sido el Consejo de Seguridad.

La CPI solo puede intervenir en países miembros si solicitan su intervención, pero también puede actuar por petición del Consejo de Seguridad. En 13 años ha condenado a cuatro acusados, todos africanos. Los líderes africanos alegan que desde que entró en funcionamiento la CPI, abrió investigaciones en diez países, Georgia y nueve países en África. En el caso de Georgia no condenó a ningún líder ruso sobre los crímenes de guerra, tampoco lo ha hecho por los crímenes en Libia y en la franja de Gaza. Sigue ignorando los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos por parte de las potencias y sus aliados en los conflictos en Afganistán, Pakistán en Siria, Irak, Libia, Ucrania y Yemen. 

Estados Unidos, Rusia, India, Israel y China no han ratificado el tratado para que la CPI no actúe contra sus desmanes. Los jueces de la Corte solo se han centrado en investigar casos en la República Centroafricana, Uganda, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Malí, Libia, Congo y Burundi. 

De allí que el retiro de Sudáfrica, el país más desarrollado de África y miembro del Brics (Brasil, Rusia, India y China), las seis economías emergentes más grandes del mundo, ha marcado un nuevo derrotero en los debates sobre sus actuaciones. Su decisión ha empezado a generar un efecto dominó en África. Los gobiernos de Gambia, Burundi, Kenia y Namibia han anunciado su retiro y otros países estudian seguir el mismo camino. 

La desbandada de los países africanos de la CPI, más allá de las connotaciones políticas y judiciales, son señales sobre la crisis que afrontan los organismos multilaterales por el resurgimiento de los nacionalismos. Hasta hace una semana 48 de los 54 países africanos habían ratificaron el tratado y formaban parte de los 123 países, donde tiene jurisdicción la CPI. Pero actualmente califican sus actuaciones como una clara estigmatización para los africanos que los coloca como los más sanguinarios y genocidas del mundo.