El 29 de septiembre recién pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.780, que modifica el sistema tributario chileno. Se trata de la reforma impositiva más importante de los últimos 30 años.

Durante la promulgación, la presidenta de la República indicó que la Reforma Tributaria -lograda en el marco de un gran acuerdo- permitirá que el Estado cuente de manera responsable con nuevos recursos, para apostar por la ampliación de derechos sociales como la educación, la salud y la protección social. “Será un medio que ayudará a reducir la desigualdad por la vía de la justicia tributaria”, destacó la mandataria.

La normativa, que  comenzó a tramitarse en el Congreso desde comienzos de abril pasado, se propone aumentar la carga tributaria, incrementando la recaudación de US$8.300 millones (en régimen) que irá en directo beneficio de los sectores más vulnerables y de la clase media. La Reforma plantea generar mayor equidad tributaria, recaudando más entre los que ganan más; lograr una mejor distribución secundaria del ingreso; crear nuevos incentivos a la inversión y al ahorro, así como disminuir la evasión y la elusión.

Ahora corresponde la etapa de implementar la ley, que implica fortalecer la Administración Tributaria, optimizando la gestión en este ámbito, con el aumento de la dotación en el SII, en Aduanas y en la Tesorería General de la República, para lograr la adecuación de todos los servicios frente a este desafío histórico.

En materia de recaudación y cobranza de las obligaciones tributarias del país -que ejerce por mandato legal la Tesorería General- el reto estará centrado en la modernización tecnológica, los cambios normativos y la calidad de los procesos internos. El aumento de fiscalizadores del SII y las nuevas atribuciones de este organismo, pondrán a prueba la capacidad de la Tesorería para recaudar y recuperar la carga tributaria del Estado.

Otro desafío es fortalecer la recaudación previa al cobro judicial, que apunta a recuperar las acreencias del fisco, y también difundir los beneficios que posibilitan  el pago de los contribuyentes morosos. Para ello, la Tesorería cuenta con una moderna plataforma que permite contactarse con los deudores por diferentes canales. Aumentar la cobertura permitirá implementar estrategias preventivas, informando a los contribuyentes sobre el vencimiento legal del pago de sus impuestos.

Más allá del importante reforzamiento que tendrá la Tesorería en sus áreas de cobro, y los cambios en su estructura tributaria y de egresos, este organismo reforzará su mirada social, teniendo presente el rol del  Estado en el ámbito del apoyo a contribuyentes, por ejemplo, del sector de la pequeña y la mediana empresa, que podrán eximirse del Impuesto de Primera Categoría (personas naturales) y diferir el pago del IVA.

El marco de tributación preferencial para las pequeñas y medianas empresas busca hacer realidad uno de los objetivos centrales de la reforma: avanzar en equidad tributaria, mejorando las oportunidades a partir de un desarrollo inclusivo.