Desde el principio de la historia, la religión ha estado relacionada de manera directa con la política. Los reyes estaban siempre relacionados con los sacerdotes, y en muchas ocasiones eran lo mismo, para dar origen a las llamadas teocracias. Luego se pasó a una separación a veces simbólica entre la autoridad mundana —los soberanos— y la espiritual. Los altos jefes religiosos eran los encargados de darle legitimidad al mando político, y ello explica las coronaciones encargadas a los obispos. En esa etapa histórica nunca hubo una posición contraria entre el Estado y la religión. Con el paso de los siglos se llegó a la secularización estatal, existente en la actualidad como un resultado de las conquistas emanadas de la Revolución Francesa.

En Guatemala, la relación entre Iglesia y Estado durante la vida republicana ha fluctuado entre una actitud clara o sutilmente relacionada a una separación muy conveniente, derivada de un Estado laico en el cual existe libertad de cultos. Esto ha significado en la práctica el alejamiento oficial con el catolicismo, la religión dominante a partir de la conquista española, para permitir el surgimiento y práctica del tipo de iglesias ahora mejor definidas como no-católicas, a las cuales los ciudadanos pueden adherirse de manera voluntaria por razones eminentemente personales, por moda, por hastío, etcétera. Ayudados inicialmente por fondos extranjeros, estos grupos han crecido de manera notable en el país, un hecho cierto y de diversas interpretaciones.

La política guatemalteca no ha escapado a esta realidad religiosa cambiante. Es interesante señalar el error de autodenominarse como “cristianos”, porque lo son pero se ha tratado de darle un significado de “no católicos”. Por ello, aunque en efecto la conversión a iglesias o sectas, sobre todo las fundamentalistas, se debe a una reacción en contra del catolicismo, es mejor una definición más exacta. Para todas las otras religiones —los musulmanes, por ejemplo— no tiene sentido la división entre católicos y toda la gama de iglesias y sectas basadas en otras interpretaciones del mensaje de Cristo, como para los cristianos sucede lo mismo con las diferentes divisiones de quienes tienen a Alá como el profeta y a la guerra santa como algo aceptable.

La participación de los “no católicos” en la política guatemalteca no ha tenido resultados positivos. El primero de ellos fue Efraín Ríos Montt, quien indirectamente promocionó a su iglesia y tuvo como miembros de una tríada muy cercana a altos jerarcas, de un grupo de ascendencia vertiginosa terminada de manera abrupta al fin del gobierno. Lo mismo fue Jorge Serrano y posteriormente Harold Caballeros, impedido de participar por ser jefe máximo de una iglesia. Algo similar ocurrió con la señora de Arzú. Esta vez me sorprendió, por inadecuada, la invocación a Cristo hecha por el aspirante a la vicepresidencia liderista, así como algunas de las declaraciones del candidato Baldizón y de su contrincante Jimmy Morales.

Es importante explicar por qué es mala esta mezcla. Hay muchas razones, pero la principal se refiere a la ética, cuyo camino en la religión es muy angosto, precisamente para así ser difícil de cumplir, mientras en la política es ancho y por ello algunas acciones políticas son correctas sólo porque permanecen dentro de la política. Las referencias a Dios en los discursos políticos, son fuente de problemas, a veces muy serios. Desde la perspectiva de la política, es irrelevante la afiliación religiosa de quienes pueden ser simpatizantes, o ya lo son. Los peligros de la mezcla de religión y política tienen su más claro ejemplo en el actual mundo musulmán, porque los crímenes de todo tipo son justificados como una acción válida religiosa.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.