Colombia es uno de los países con los mayores índices de concentración de la tierra en el mundo y ese es uno de los grandes problemas agrarios sin resolver que tiene el país. Históricamente han fracasado todos los intentos de reforma agraria. En 1936, fracasó la ley de tierras en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo; también naufragó la ley 1 de 1961. Sólo se alcanzó a entregar 123.000 títulos, cuando el potencial fue calculado en 935.000 familias. En 1972, en el gobierno de Misael Pastrana, con el pacto de Chicoral se sepultó el intento de reforma agraria de Lleras y se originó una contrarreforma que impulso más la concentración de la tierra.

En Colombia la concentración de la tierra es tan protuberante que las estadísticas hablan que el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, donde el 1,5% tiene más del 52% de la tierra. Minoría que controla más del 60% de la tierra productiva. De las 114 millones de hectáreas de tierras que tiene el país, 40 millones están concentradas en ganadería extensiva y sólo siete millones de hectáreas, el 6,3%, se dedican a cultivos agrícolas.

Parte del origen del conflicto armado en está estrechamente ligado al tema de la lucha por la tierra. De hecho, el origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo armando está asociado a los conflictos de lucha por el acceso a la tierra. Por lo tanto, para las FARC, una guerrilla de origen campesino, el tema de la tierra es uno de los asuntos políticos más trascendentales en el proceso de paz.

Por eso para las FARC las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC), los resguardos indígenas y las tierras colectivas de comunidades negras, son asuntos clave en su agenda política. Asegurar tierras para sus futuros desmovilizados es uno de sus asuntos cruciales, igual que los futuros desarrollos económicos en aquellos territorios.

El debate desde el principio se concentró en las ZRC. Sin embargo, poco se ha analizado la visión que tienen las FARC sobre los territorios interétnicos que proponen, los resguardos indígenas y las tierras colectivas de comunidades negras. Tres asuntos que ameritan ser examinados más allá de la retórica antiguerrillera, sino como escenarios políticos pos desmovilización.

Las ZRC no son ideas de las FARC debido a que fueron creadas, mediante la ley 160, de 1994, para otorgarle tierra a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, basadas en ciertas condiciones de autonomía y como un mecanismo de acceso a la tierra a miles de campesinos. 

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Mundial dentro de su política de tierras para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. ZRC que tienen su origen en las protestas y movilizaciones campesinas agrarias sobre reclamaciones de tierras en el siglo XX. No son un fenómeno nuevo, porque son el resultado de las luchas de los campesinos por una mejor redistribución de la tierra en Colombia.

La oposición radical a las ZRC proviene de los terratenientes, asociados al sector ganadero latifundista y a la ultra derecha. Ultraderecha que consuetudinariamente se ha opuesto de manera frontal a una reforma agraria que solucione el acceso a la tierra a los campesinos.

Las ZRC son un instrumento legal que las FARC consideran idóneo para que se les entregue tierras a sus futuros desmovilizados. En efecto desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana sobre el desarrollo agrario, propusieron ampliar su cobertura desde las seis zonas existentes que abarcan 830.000 hectáreas, a 59 sobre un territorio de 9,5 millones de hectáreas.

El negociador del gobierno en el proceso de Paz, Humberto de la Calle, ha dicho que nada de lo acordado induce a que un proceso de colectivización de la tierra alterará el régimen vigente sobre el derecho de propiedad. Las ZRC son una figura que busca entregar a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando. 

Otro blanco de las críticas de los sectores políticos de la ultraderecha es que su estructura jurídica se oriente a sustentar una autonomía similar a la que rige en los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.