A pesar de los problemas y restricciones existentes que ponen freno al crecimiento de la minería peruana, el Perú sigue siendo una sólida potencia minera mundial, con una fuerte y ancestral tradición en el rubro, desde épocas precolombinas, siendo el segundo productor mundial de plata, tercero de cobre y sexto de oro, con una variada oferta polimetálica sustentada en la producción principal de 1.672 compañías con aportes significativos, de las cuales 15 pertenecen a la gran minería, 315 a la mediana minería y 1.342 a la pequeña minería y minería artesanal, quienes en conjunto generan el 14% del PBI peruano y sustentan -al 2017- el 61% de las exportaciones peruanas al mundo. Estas cifras no incluyen la enorme informalidad en el sector, la cual se estima se encuentra en proporción 5 a 1 respecto a las minas formales, por lo que en realidad se estima que existen en el Perú un conjunto flotante extra sistema de alrededor de 8.400 minas con 35.000 puntos de extracción operando la principal industria extractiva del país.
Las estadísticas sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entre el 2007 y 2017, muestran el valor agregado de la inversión minera peruana y su correspondiente impacto económico. Cada dólar de inversión minera directa genera en el Perú un 70% de Valor Agregado Bruto (IPE, 2017, MINEM, 2017) y activa un movimiento económico equivalente a US$8 adicionales en su cadena de suministro ampliada, generando una contribución tributaria global de US$2,7, incluyendo un canon ampliado equivalente de US$1,12 (MEF, 2017) que se reparte directamente a las regiones, las cuales tienen a su vez muy poca o nula capacidad gestión de gasto e inversión.
Inversión, conflictos y pobreza
La relación entre inversión, conflictos y pobreza en la industria minera en el Perú es esencialmente compleja y está agudizada por la presencia de escenarios de conflicto social que retrasan la conversión de los metales en desarrollo económico. Los conflictos mineros peruanos están basados en relaciones marcadas por la inequidad entre la mina y sus comunidades, con un cúmulo de necesidades insatisfechas en un contexto marcado de ausencia estatal, falta de transparencia en la información y una desigual distribución de los recursos. Los indicadores registrados muestran que al 2017 subsisten un total de 188 conflictos sociales activos asociados a la minería (DP-OCS, 2017), que involucran una cartera de proyectos mineros detenidos por valor de US$54 mil millones (SNMPE, 2017). Una enorme cantidad de inversión que no entra a activar nuestra economía peruana. Sin embargo, a pesar de los problemas y restricciones, la minería es una actividad viable, factible y concreta que nos muestra una permanente oportunidad para activar las verdaderas palancas que permiten el desarrollo.
Por desgracia, aun si activamos la generación de inversión retrasada por la cartera minera, comprobamos con mucha vergüenza cómo al final de la ecuación de conversión la eficiencia del gasto social regional en el Perú es de apenas 18% con un elevado e irresponsable 53% de gasto corriente (por cada dólar de gasto social regional, 53 centavos se gastan en administrarlo); y para colmo, tiene una tasa de filtración sobre la inversión restante que oscila entre 22% y 53%, dependiendo del programa de gasto en ejecución (MEF, 2017). Igualmente vemos que la eficacia de la inversión pública peruana es solo del 68,4% (IPE, 2017), medida como porcentaje de ejecución de la inversión. Sin embargo, las investigaciones del MEF demuestran que mantiene un índice de valor ganado de apenas un 33% (MEF, 2017), con lo cual la eficacia traducida en inversión concreta se reduce solo a un 22,6% real, un lamentable promedio nacional.
El estudio económico de la pobreza asociado a la industria extractiva peruana muestra marcados factores vinculados a una combinación perversa entre la poca efectividad de la articulación económica empresa-sociedad y la escaza eficacia de la inversión pública regional y nacional. El trabajo del Estado ha sido hasta ahora muy ineficiente y con una escaza eficacia en la gestión de proyectos y fondos públicos producto de los ingresos sectoriales. Los indicadores muestran que la pobreza monetaria en el Perú, medida a partir de la capacidad de gasto de las personas, si bien se ha reducido en las últimas tres décadas, aún es actualmente de 21,7% (INEI, 2017).
Sin embargo, en síntesis y a pesar de los problemas, el análisis de los datos muestra finalmente un robusto sector minero que contribuye al PBI Minero de US$20.500 millones, una cartera de proyectos detenidos por valor de US$54 mil millones; una inversión minera promedio anual sostenida de US$4.500 millones; un canon desembolsado a las regiones superior a US$1.100 millones (MEF, 2017; SNMPE, 2017), todo en un contexto de pobreza monetaria de 21,7% (INEI, 2017) y de 188 conflictos sociales detectados (DP-OCS, 2017).
Este panorama refleja una importante oportunidad, pues si los ingresos de la contribución minera pudieran traducirse en articulación económica, empleo, seguridad, salud y educación, entonces, podría activarse una palanca del desarrollo que genere crecimiento sostenido desde las regiones más profundas del Perú.
Actualmente, la inversión minera en el Perú por habitante, con 31 millones de peruanos (población estimada al 2017) se diluye a la insignificante cifra de US$131/habitante-año, con un potencial dormido por proyectos mineros detenidos en conflictos innecesarios, estimado en US$1.670/habitante año, que en términos de impacto, asumiendo una probabilidad de ejecución de solo 80% para la cartera y bajo un efecto multiplicador minero conservador de solo 3 a 1 por cada dólar en el sector, podría alcanzar un crecimiento potencial de hasta 27,5% del PBI nacional. Una oportunidad increíble que estamos desperdiciando!
