Tiene razón el secretario de Economía: “No es sostenible gobernar un país que prácticamente es dos países en uno. El garantizar las condiciones de justicia, seguridad y oportunidades para todos los mexicanos es un compromiso que debemos tener permanente, porque no es posible y no es sostenible seguir teniendo esas disparidades en un mismo territorio”. Pero lo mismo que dijo Ildefonso Guajardo sobre México podría afirmarse de su gobierno: es insostenible su dualidad. ¿A qué me refiero?
Por un lado tenemos un gobierno modernizador que ya quisieran otros países. Los dos primeros años del sexenio de Peña han sido impresionantes en cuanto a reformas estructurales. Eso lo reconocen propios y extraños. Tomemos, por ejemplo, el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre México publicado la semana pasada. Hay una gráfica sensacional sobre la “proporción de recomendaciones de reforma hechas por la OCDE que se adoptaron de manera sustancial en 2013-2014”. La conclusión es digna de sacar el pecho: “México emprendió acciones significativas en materia de política pública atendiendo cada año y en promedio 58% de las recomendaciones de reforma, cifra mayor a la de cualquier otra economía de la OCDE para el momento en que se hicieron los cálculos provisionales”.
Nuestro país, bajo el gobierno de Peña, ha sido el más reformista de las 34 naciones que conforman la OCDE. Esta organización considera al Pacto por México como un hecho histórico que “contribuyó a disipar mucha de la oposición a las reformas individuales, lo que permitió al gobierno promover legislación en segmentos clave de la economía […] Entre ellas se cuentan: una Reforma Laboral que aumentó considerablemente la flexibilidad en las contrataciones; una reforma de amparos que dio al sistema jurídico mayor eficacia y justicia; la entrada en vigor de un nuevo código de procedimientos penales; una Reforma Educativa de gran calado que estableció estándares más claros para profesores y escuelas; una Reforma Fiscal que mejoró la eficacia del sistema tributario, aumentó la tasa de recaudación y reforzó el marco de responsabilidad fiscal; una reforma de competencia económica; reformas a los sectores financiero, de telecomunicaciones y energético, las cuales han abierto estos segmentos -durante mucho tiempo impenetrables- a la competencia, y han fortalecido las facultades de los órganos reguladores; y una reforma política que posibilita la reelección de quienes ostentan cargos públicos, lo que les permite adoptar una perspectiva de largo plazo para la planeación e instrumentación de políticas públicas”.
Desgraciadamente, por otro lado, hay un gobierno opaco, con conflictos de interés y hasta corrupto. Es el que canceló la licitación del tren México-Querétaro por la revelación de que uno de los ganadores era propietario y le había financiado una multimillonaria casa en las Lomas de Chapultepec a la primera dama. Es el gobierno donde aparecen mansiones propiedad de Grupo Higa, una de las constructoras favoritas del gobierno del Estado de México durante la gestión de Peña y que comenzaba a ganar proyectos federales ahora que el mexiquense se había mudado a Los Pinos. Ahí está la casa en que vivía y despachaba Peña cuando era candidato presidencial también en las Lomas. Ahí está la que le financió, en condiciones francamente absurdas, al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco.
Las casas Higa han despertado la sospecha de que el gobierno de Peña, además de pretender modernizar a México, quiere enriquecerse a la sombra del poder. Ambos objetivos son incompatibles. Hacer reformas estructurales implica perjudicar los intereses de los grupos beneficiados con el statu quo. Los afectados naturalmente tratarán de debilitar al gobierno para que no puedan implementar los cambios a cabalidad. Y si de repente se encuentran con una pepita de oro -que el círculo cercano al presidente recibió casas de una empresa que le construye al gobierno federal- pues van a utilizar dicha información para postrar al gobierno reformista.
No es posible chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Son incompatibles un gobierno modernizador y corrupto. No es posible reformar al país y a la vez enriquecerse desde el poder. Esa historia ya la conocemos. Fue el caso del gobierno de Salinas que terminó tan mal. Por eso es insostenible, tal y como diría Guajardo acerca de los dos países que tenemos.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
