En mi columna anterior ("Superando el límite de los 120 años de edad") llamaba la atención sobre el incremento que se viene produciendo en el número de personas centenarias, pero más allá del aspecto estadístico esta tendencia tiene consecuencias socioeconómicas.

Según el catedrático de matemática actuarial J. Vegas Asensio, el riesgo de longevidad “lo podemos definir como el riesgo asociado a que el valor actual actuarial de las prestaciones a favor de una cabeza sea inferior al valor actual necesario para pagar las citadas prestaciones en los términos previstos”. Dicho de otra forma, el coste del pago de las pensiones sea más elevado de lo que se ha presupuestado inicialmente.

Dijo Unamuno que todos los seres humanos sentimos un “ansia de no morir”, un “hambre de inmortalidad”, un “anhelo de eternidad”. Los avances científicos y la mejora y extensión de los servicios de salud permiten que disminuya la tasa de mortalidad. Pero, al vivir durante más tiempo la población, aumentan los gastos en pensiones y prestaciones de protección social, lo que incrementa el endeudamiento público.

La esperanza de vida a nivel mundial ha pasado de los 48 años en 1950 hasta los 70 años en la actualidad. En los países de Europa Occidental esta es aún mayor, llegando a los 80 años en 2010. El FMI asegura que si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento se incrementaría en un 50% para el Estado, las empresas, las aseguradoras y los particulares.

Naciones Unidas indica que en 2050 la esperanza de vida será de 86 años en las economías desarrolladas y de 82 en las que se encuentran en vías de desarrollo. Esto supone un incremento muy importante en las prestaciones públicas.

Un ministro japonés sugirió el pasado año a los ancianos del país que “se den prisa en morir”. Dicho ministro estaba preocupado por enderezar la economía nacional y por la reconstrucción de las zonas afectadas por el tsunami de 2011. Casi la cuarta parte de la población japonesa es mayor de 60 años. Curiosamente el ministro tenía 72 años cuando hizo esta declaración. Aparte de las consideraciones éticas que cada cual pueda tener de esta sugerencia, no parece que sea una forma razonable de paliar los problemas económicos derivados de la longevidad.

Entonces ¿Cómo deben prepararse los países de nuestra región ante la evolución demográfica que aquí se describe? ¿Cuál será su impacto en los sistemas de pensiones públicas? Todo ello se analiza en el libro "Mejores Pensiones, Mejores Trabajos", que puede descargar gratis aquí.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Factor Trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).