Los asuntos de Estado se convierten cada vez más en asuntos de orden personal: nunca como ahora, a pesar de que siempre ha sucedido, se ha visto tal grado de ineptitud entre quienes ocupan los puestos de dirección en nuestro país. Hemos llegado a tal grado de descomposición de la cosa pública producto de la dominación de ella por gente con miras estrechas y personales, que la actividad de “servir” al pueblo está en su peor nivel de crisis.

En resumen, el Estado y sus instituciones están en el piso, han tocado fondo. Después del tristísimo estado del Estado, que se ha tornado inoperante en amplias regiones del país, controladas por criminales de cepa y por criminales de corbata, pocas son las instancias que pudieran hacer pensar que desde las instituciones tendremos salida a nuestro general y cada vez más bárbaro caos.

Vivir en un país en donde los Derechos Humanos, consagrados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales, son en realidad, letra muerta, significa el grado más evidente de nuestra descomposición.

Enterarse de acontecimientos hirientes es cada vez menos doloroso, debido a la reiteración con que suceden. Nuestra coraza ante las situaciones de vulnerabilidad del conocido, amigo, vecino o familiar, es muy gruesa para darnos cuenta de la gravedad. Sin embargo, hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, parecen llegar para hacer despertar nuestras dormidas conciencias.

Las demandas sociales son cada vez más sentidas y nutridas en su participación. Pero quienes deben estar de su lado, no lo están, o lo están a destiempo y a medias, porque ven las cosas desde otra esquina, pertenecen a otro bando, en realidad están al servicio de otros; por ello, sólo simulan.

Hay una clara separación entre dos bandos que parecieran estar enfrentados: la ciudadanía sin cargo público versus la ciudadanía con cargo dentro de la enorme burocracia nacional. ¿Quién puede y debe estar en el medio entre ambos y velar por los intereses de los primeros ante los actos violatorios de los segundos?

Una figura de nuestro Estado que por pertenecer a su burocracia y comportarse dentro de los márgenes impuestos por la estructura de poder, dejó de lado su verdadera función, el espíritu original de su creación: la defensoría del pueblo. ¿Qué hubiera sido de México si hubiésemos contado con un Defensor del Pueblo ante las atropelladas decisiones tomadas por el anterior presidente, impuestas coartando libertades? Como ésta, varias preguntas pudieran formularse para explicar el daño hecho a México al no dotarlo de una figura comprometida con los derechos humanos, en la presidencia de la comisión creada para su defensa.

La importancia estratégica de contar con un Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificado en el tema, experimentado y libre de intereses que lo aten, en tiempos como los que vivimos, se torna fundamental si aspiramos a salir del marasmo violento y sangriento que padecemos.

Debido a que las instituciones sólo son fuertes y cumplen su función si quienes las encabezan lo son, en 2006 padecimos en el corazón de nuestra democracia la debilidad personal de quien debió verla por ella; la institución en mi opinión más emblemática de nuestro país, la UNAM, ha estado en dificultades, a pesar de su fortaleza institucional, cuando ha sido indebidamente encabezada, como en 1999.

Nuestras leyes pueden decir una y mil cosas fantásticas, pero si quienes deben hacer de su letra hechos, no tienen las condiciones personales para empujar en esa dirección, las reformas a las instituciones nunca llegarán o incluso éstas retrocederán.

Es por ello que la oportunidad que tiene el Senado de elegir a un nuevo conductor del timón de un importantísimo barco llamado Derechos Humanos, puede convertirse en el un primer paso que comience a crear las condiciones de salida de nuestra lamentable realidad.

Y de entre quienes se inscribieron para ocupar dicha posición, alguno es cínicamente inviable; otro es muy bien intencionado, pero falto de carácter; algun@s están vinculados a intereses propios de personas a quienes deberán enfrentar de llegar a ser elect@s; otr@s, simplemente no cubren ningún aspecto más que el formal.

Y a pesar de la amplitud del abanico de candidat@s, y las buenas y muy respetables intenciones, Luis Raúl González Pérez cubre por trayectoria, que es el indicador más claro de su potencial, las características idóneas para convertirse en el defensor del pueblo mexicano.

Quienes lo conocemos y sabemos de su paso por la propia CNDH cuando se fundó, así como de su experiencia en la materia y su valía como Abogado General de la UNAM, estamos convencidos de que será el presidente de la CNDH que se convierta en la piedra de toque que México ocupa con urgencia.

*Esta columna fue publicada originalmente en Asuntos del Sur.