Como si el refrán popular de que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague tuviese algún asidero en la realidad mexicana. Como si nos corriera prisa.

Hoy, legisladores, gobierno y televisoras discuten si la postergación del apagón al que constitucionalmente están obligados por el transitorio de la reforma puede obviarse, si hay circunstancias atenuantes para no cumplir el plazo porque primero va el bienestar de la población o si hay que cuidar el interés de las televisoras.

Una rápida revisión del actuar de la clase política contradice la preocupación de esta nueva demora y, en general, sobre la muy arraigada costumbre de los aplazamientos. Ejemplos hay muchos.

Se postergó hasta última hora la anulación de la elección a gobernador en Colima, cuando ya se habían presentado, literalmente, cientos de pruebas de irregularidades, se había desechado y se había elaborado un proyecto de resolución para sostener el triunfo del PRI. En el último minuto, después de un intento de asesinato y quién sabe de qué tipo de negociaciones políticas, se aceptaron pruebas supervenientes, vino la anulación olvidándose del principio de definitividad de las etapas en los procesos electorales y se siguió alimentando la incertidumbre. Este aplazamiento está relacionado con otros dos: la vacante del TEPJF y la inexistencia de la reglamentación del artículo 134 de la Constitución, que deberá normar la intervención de las autoridades en las elecciones. Este muy conveniente aplazamiento ha permitido que innumerables funcionarios queden sin castigo por su actuación indebida en los procesos electorales.

En cuatro ocasiones (2008, 2010 y dos veces en 2013) se pospusieron los nombramientos de los consejeros del entonces IFE, obligándolo a operar con menos de la mitad de sus integrantes, violando abiertamente la Constitución, y no pasó nada, a pesar de que cada resolución del instituto podía haber sido cuestionada por no haber estado completo el órgano. Hoy le deben al país, cuando menos: un magistrado del TEPJF, un contralor del IFT y la totalidad del Consejo General del Coneval, que debió haberse conformado desde abril de 2014. También se retrasó durante cinco meses el nombramiento del embajador de México en Estados Unidos.

Según el “violómetro” del CIDE, los legisladores incumplen o han incumplido alrededor de 60 obligaciones constitucionales o legales desde 2006, a pesar de que “los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en general, de cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él”.

No se trata de formalismos ni de asuntos sin importancia. Las Fuerzas Armadas, a pesar de su legítimo reclamo, siguen sin contar con el respaldo jurídico para actuar en tareas de seguridad pública, seguimos sin cédula de identidad, sin ley de propaganda gubernamental, sin derecho de réplica, sin ley federal de competencia económica o sin ley reglamentaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Los aplazamientos no se circunscriben a los legisladores. En materia de justicia se ha postergado tres años la decisión de comenzar a poner un alto a los actos de vandalismo y desafío a la ley de los maestros de la CNTE, se ha demorado la evaluación del desempeño docente, se ha tardado la investigación sobre la Línea 12 del Metro y ahora la del escándalo de OHL o la del tren México-Querétaro. Veamos qué pasará con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio —los juicios orales— que, a decir de los expertos, difícilmente estará listo —o lo estará sólo formalmente— para junio de 2016, cuando vence el plazo de ocho años para entrar en operación.

Los plazos para cumplir las obligaciones fiscales de los ciudadanos también suelen aplazarse y, además, con ventaja para los incumplidos. Nos bombardean con anuncios en la radio y la TV para que paguemos los impuestos generales, el predial, las tenencias, los seguros obligatorios de los automóviles, la luz y el agua. Algunos mexicanos cumplimos en tiempo y forma para luego descubrir que es mejor negocio no pagar porque, luego, vienen las quitas, los perdones, los borrón y cuenta nueva.

Se posponen también asuntos de vida o muerte. Hace unos días Héctor de Mauleón (“El lado negro de la campaña rosa contra el cáncer”, El Universal, 26/X/15) documentó, con gran claridad y dramatismo, el aplazamiento en la atención al cáncer de mama de las mujeres. Se hacen grandes campañas de este mal, pero después el tiempo de espera para la intervención médica permite que el cáncer avance y cobre la vida de cinco mil 700 mujeres al año.

Total, en lugar de apretar el paso, preferimos las prórrogas, aunque esté demostrado que éstas salen más caras en dinero, bienestar y credibilidad.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.