¿Cómo hacer para que la ley que se cumpla sea la del Estado y no la de los violentos?

Esta semana organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concanaco, Concamin e instituciones como el Imco, ConMéxico y el Consejo de la Comunicación publicaron un desplegado instando a los tres poderes de la Unión y a las tres instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) a que hagan cumplir la ley.

¿Hasta dónde y hasta cuándo? Es la pregunta que se hacen por las constantes y crecientes agresiones en contra del sector empresarial.

Y es que hoy vivimos en un país en donde grupos de ciudadanos organizados están haciendo y deshaciendo a su antojo, algunos cobijados bajo la consigna de que exigen el regreso de los desaparecidos de Ayotzinapa con vida, y no hay quien les haga cumplir con la ley ni quien castigue acciones claramente ilegales.

Es el caso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quien desde hace dos meses tiene en su poder una camioneta blindada que usaba el gobernador Rogelio Ortega, la cual obtuvo bajando del auto al guardaespaldas que la manejaba.

Ahí mismo, en Guerrero, los maestros han desalojado módulos del INE en donde se tramitan las credenciales de elector. Han destrozado las computadoras y las cámaras para tomar las fotografías de los electores ante la desesperación de éstos quienes señalaron, con razón, que la credencial es necesaria para muchos trámites, más allá del voto.

¿Qué ha hecho la autoridad en Guerrero para permitir a los ciudadanos sacar su credencial y para recuperar la camioneta y otros 20 autos de autoridades estatales, municipales y electorales que tienen ilegalmente integrantes de la CETEG? Nada.

Tampoco han hecho algo para frenar al Movimiento Popular Guerrerense que esta semana secuestró en Tlapa a diez consejeros distritales del INE y que los soltaron hasta que éstos se comprometieron a ya no hacer su trabajo, que implica la organización de la elección del 7 de junio.

Y en Oaxaca los manifestantes han bloqueado carreteras y tomado el aeropuerto. ¿La respuesta del gobierno estatal? Pagarles sus sueldos sin demora.

El hartazgo con la falta de un Estado que haga cumplir la ley ha generado otros brotes de ciudadanos molestos con las manifestaciones de quienes se hacen llamar maestros.

Con el cierre del aeropuerto de Huatulco, fueron los taxistas y prestadores de servicios turísticos quienes exigieron a los maestros retirarse.

Ahora empresarios, habitantes, hoteleros, comerciantes, ciudadanos, pescadores, comuneros y transportistas  han creado el Comité de Defensa de Huatulco. Entre las acciones del comité está la de avisarse a través de una red de mensajes si hay una nueva manifestación a la cual juntos le pondrán un hasta aquí.

Increíble que tengamos que ser los ciudadanos los que, con nuestros propios medios, hagamos cumplir la ley.

Inadmisible que el Estado, en sus tres niveles, esté como el chinito, nomás milando, ante el hartazgo y la indefensión ciudadana.

Por ello, es necesario repetir y exigir una respuesta a lo planteado en el desplegado arriba mencionado: ¿hasta dónde y hasta cuándo?

Sin respuesta del Estado, mejor que dejen de exigir el pago de impuestos y que impere la ley de la selva. Ya de plano.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.