Análisis & Opinión

México: por un sistema donde pierdan los que no hacen su chamba

Luis Rubio

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

  • Vie, 12/28/2012 - 00:01

Los avatares de la iniciativa en material laboral son sugerentes de todo lo que hemos avanzado, pero también del enorme trecho que nos queda por recorrer. La idea misma de una iniciativa preferente indica que existe conciencia de la necesidad de adaptar nuestras instituciones, procedimientos y mecánicas a tiempos distintos a los del presidencialismo exacerbado. Pero la forma en que ésta se constituyó es igual muestra patente de las insuficiencias que persisten o de la indisposición a dar el salto hacia una sociedad con potencial real de desarrollo.

El asunto específico de la iniciativa preferente es que no tiene dientes. En Francia, donde se concibió el procedimiento, cuando el presidente manda una iniciativa de ley bajo ese rubro el poder Legislativo tiene un periodo perentorio en el que puede actuar pero, si no lo hace, la iniciativa queda automáticamente aprobada. Esto le confiere al presidente un instrumento para forzar al poder Legislativo a responder a sus planteamientos, evitar que se congelen temas clave y avanzar así el desarrollo del país. En México se adoptó la idea pero no el mecanismo: se establecen plazos perentorios pero no pasa nada si el poder Legislativo queda paralizado, como ocurrió en este caso. Es decir, no existe la “guillotina” que es el nombre comúnmente usado para el procedimiento en Francia. También, a la mexicana, no se resolvieron los problemas que inevitablemente se presentarían en un sistema bicameral. Se avanzó pero no se llegó a la meta.

Los dimes y diretes de la política mexicana, visibles en las últimas semanas en el asunto laboral, no desaparecerán hasta que exista un sistema en el que todos pierdan cuando no hacen su chamba, es decir, cuando ninguno de los actores políticos pueda eludir su responsabilidad sin que se evidencie su falta.

Unas horas antes de escribir este texto tuve la oportunidad de ver un documental sobre la expropiación bancaria en 1982. Más allá del asunto del documental, lo que resulta extraordinario es el contraste entre un México que desapareció y el que hoy existe. Impactante la forma de conducirse y comportarse de los funcionarios y los gobernadores, de los políticos y, en general de la sociedad. A pesar de las carencias y de las insuficiencias, como la que ilustra la iniciativa preferente, no cabe duda que el país ha avanzado dramáticamente.

Lo que no ha cambiado es la noción de que se puede controlar todo desde arriba, que la concentración del poder es buena y que cualquier acotamiento del mismo constituye una afrenta al desarrollo del país. A juzgar por el desempeño del país en los últimos años esto podría considerarse, al menos en alguna medida, absolutamente lógico. Para muchos, el problema es la debilidad de la presidencia, concepto un tanto extraño dada la historia: no es como que el país se desarrolló para colocarse como ejemplo mundial en los años de concentración del poder y que en años recientes todo se vino abajo.

La ecuación a la que tenemos que llegar es muy simple: se requiere capacidad de Estado –la posibilidad de decidir, actuar, prever y resolver problemas- y se requieren contrapesos. No sirve la primera si no existen los segundos y viceversa: la capacidad de Estado es crucial para el desarrollo pero para que ésta se dé se requieren contrapesos en la sociedad de tal suerte que se propicie la toma de decisiones sin excesos o abusos. Hoy tenemos dos buenos ejemplos de lo perniciosa que puede ser una mala comprensión de estos equilibrios fundamentales: tenemos un sistema de amparo que paraliza toda acción gubernamental y una iniciativa preferente sin dientes ni trascendencia.

Nuestra situación no es excepcional, pues hay decenas de naciones que han intentado transiciones democráticas sin plan ni brújula y que, como nosotros, se han quedado atoradas a la mitad del río. Con un liderazgo capaz y convincente es factible construir el andamiaje institucional requerido, sobre todo porque no son pocos los ejemplos de éxito. Para ello tendríamos abandonar la propensión, si no es que decisión colectiva, de imitar los malos ejemplos. 

En el país existen muchas fuentes de contrapeso, pero no existen equilibrios entre poderes, que es lo que resume el concepto de pesos y contrapesos. Los poderes fácticos, el amparo, los sindicatos y otros instrumentos y factores de poder constituyen contrapesos formidables para el actuar del sistema político. Tan formidables que lo han acabado por paralizar. Nos falta el equilibrio que representa la otra parte del binomio. Por ejemplo, es claro que la intención original de la iniciativa preferente era la de imitar el caso francés. Con esa lógica se creó una fuente de contrapeso en los tiempos legislativos; sin embargo, en el último momento dentro del proceso de aprobación de esa ley se le quitó el factor clave: la llamada afirmativa ficta. El problema es que una cosa no funciona sin la otra. Corrimos para quedarnos en el mismo lugar, pero ahora con enormes frustraciones.

En ausencia del binomio “pesos y contrapesos” persisten muchos de los instrumentos, móviles y mecanismos del sistema autoritario pero sin que el gobierno pueda ser funcional y eficaz. El que un partido tenga mayoría legislativa no garantiza, como ilustraron setenta años en el siglo pasado, que se tomen buenas decisiones o que prospere el país. No tengo duda que un gobierno más diestro en la operación política va a permitir salvar escollos que fueron imposibles de resolver para las administraciones pasadas. Sin embargo, además de capacidad de operación política se requieren instituciones sólidas y funcionales que permitan gobernar de manera normal. 

En un artículo intitulado “Constituciones Frágiles”, W.H. Hutt afirmaba que “la esencia de una constitución efectiva reside en que ésta esté construida sobre la base de desconfianza, no de fe”. En México tendemos a hacer exactamente lo contrario: apuntalamos todo sobre la fe de que todo mundo se comportará de acuerdo a un plan preconcebido, concepto razonable en la era del presidencialismo duro, pero incompatible con una sociedad del tamaño y diversidad de la mexicana de hoy. Es por eso que la tarea más importante del gobierno, pero sobre todo del país, reside en la construcción de un sistema efectivo de pesos y contrapesos. 

Los dimes y diretes de la política mexicana, visibles en las últimas semanas en el asunto laboral, no desaparecerán hasta que exista un sistema en el que todos pierdan cuando no hacen su chamba, es decir, cuando ninguno de los actores políticos pueda eludir su responsabilidad sin que se evidencie su falta. La falta de un sistema de equilibrios premia el conflicto, propicia la parálisis y es fuente permanente de intriga y desconfianza. Mientras sigamos viviendo en un entorno que premia el que, por ausencia de equilibrios, unos se precien sistemáticamente de derrotar a los otros, las columnas periodísticas estarán saturadas pero la democracia mexicana, y el desarrollo del país, seguirán paralizados.

Luis Rubio

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