La noticia pasó inadvertida: los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano habrán de incorporar un enfoque de género. María Paulina Riveros, negociadora del gobierno, resumió la necesidad de incorporar ese enfoque de la siguiente manera: las mujeres sufren “de manera específica y desproporcionada los efectos del conflicto”. Lo cual simplemente reproduce un hallazgo de la investigación académica: no todos los sectores de la sociedad padecen los efectos de un conflicto armado de la misma manera ni en la misma proporción.
El efecto de un conflicto armado sobre los hombres jóvenes, por ejemplo, tiende a ser paradojal. Porque se les considera un grupo particularmente proclive a portar armas y participar de los combates, tienen un riesgo mayor de ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Pero por lo mismo, también suelen ser uno de los beneficiarios del conflicto. De un lado, por el poder social y político que provee portar armas dentro de un grupo organizado en un contexto de guerra. De otro, por el acceso privilegiado a recursos económicos que permite esa condición.
En un contexto de guerra, las mujeres tienen una probabilidad bastante mayor de ser víctimas de delitos como la violencia sexual, la trata de personas, o el desplazamiento forzado. A su vez, la violencia sexual no se da en la misma proporción ni de la misma manera en todos los conflictos armados. Es decir (contra la presunción machista habitual), no es consecuencia ineludible de que los hombres den rienda suelta a su naturaleza depredadora cuando esta se libera del control de las restricciones institucionales: en contextos de guerra la violencia sexual suele ser parte de una estrategia deliberada para conseguir acceso a territorios y recursos (incluyendo entre estos a las propias mujeres). Un hallazgo relevante para entender la alta incidencia de casos de violación en nuestro país, es que los niveles elevados de violencia sexual tienden a persistir tras la finalización de un conflicto armado (aunque la relación es compleja y dista de ser necesaria).
Las mujeres no sólo sufren de manera específica los efectos de un conflicto armado, sino que además los sufren en mayor proporción. Por ejemplo, suelen estar representadas de manera desproporcionada entre los pobres en la mayoría de sociedades, y a su vez (según un estudio auspiciado por el Banco Mundial), los conflictos armados reducen en promedio el ingreso de un país en 15% y elevan sus niveles de pobreza en 30%. De otro lado, los países con muy bajo nivel de ingresos tienen una mayor probabilidad de padecer un conflicto armado, con lo cual se genera un círculo vicioso particularmente pernicioso. Según otro estudio del propio Banco Mundial, la violencia política se está convirtiendo en la principal causa de la pobreza en un número creciente de países, porque están involucrados en ciclos recurrentes de violencia política: el 90% de los 39 Estados que padecieron guerras civiles entre los años 2000 y 2011, habían padecido ya una guerra civil durante las tres décadas previas.
Precisamente porque aportan una perspectiva que suele estar ausente en las negociaciones de paz, las investigaciones más recientes constatan los beneficios que derivan de incorporar a mujeres que participan de organizaciones sociales (por oposición, por ejemplo, a aquellas que participan en el liderazgo de organizaciones militares), en la prevención y solución de conflictos armados.
