Todo indica que el ganador de las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo en México será esa vetusta  máquina política llamada Partido Revolucionario Institucional. El PRI, que estuvo en el poder en México durante 70 años ininterrumpidos hasta el 2000, y que instituyó un sistema político que muchos recuerdan como la “dictadura perfecta”, regresa encarnado en Enrique Peña Nieto, un abogado de juveniles 45 años de edad y cara de niño bueno que llega prometiendo renovación.

Renovación no es lo que quieren muchos de los mexicanos que lo apoyan. Sin embargo, el actual presidente, Felipe Calderón, trajo renovación en 2006, cuando lanzó una guerra armada contra los carteles del narcotráfico que. desde entonces a la fecha, ha dejado 55.000 muertos: más que todos los estadounidenses que murieron en la guerra de Vietnam.

Los 15 puntos de ventaja que mantiene el candidato priísta en las encuestas tras lanzar su candidatura a la presidencia hace algunos meses, obedecen más que nada al fracaso del actual gobierno en su intento de derrotar por las armas a las mafias de la droga, y también al desilusionante desempeño económico de México durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ambos problemas surgen de la singularidad geográfica de México: es vecino de Estados Unidos y, desde 1994, está integrado comercialmente al país del norte por obra y gracia del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). De los países latinoamericanos, México fue el más afectado por la crisis financiera y recesión de EE.UU. en 2008-2009 y, aunque se ha recuperado, todavía siente los efectos de la contracción de 6,3% que sufrió en 2009.

El vecino de México es también el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del mundo. Estados Unidos, según diversos estudios, compra entre US$14.000 millones y US$49.000 millones anuales en drogas. Hay 3.200 kilómetros de frontera entre ambos países y, de acuerdo con un informe entregado al Congreso de EE.UU. hace pocos años, las carteles mexicanos del narcotráfico controlan el 90% de las drogas que entran a Estados Unidos.

Varios ex presidentes latinoamericanos se han agrupado para abogar por políticas que combinen legalización, descriminalización y programas de prevención y tratamiento médico. Hay evidencia anecdótica en varios países de que este enfoque da resultados. Lo que el nuevo presidente de México debe hacer es tomar en serio ese enfoque, empezar por casa y, una vez que pueda mostrar resultados, llevar la evidencia al país vecino. Quizá Obama -o Romney-, le preste atención.

El contrabando de drogas existía también durante los años de gobierno del PRI, pero la violencia asociada a él sólo ha surgido en los últimos diez. En privado, algunos mexicanos que apoyan a Peña hablan con nostalgia de los tiempos del PRI, cuando -dicen- un pacto tácito entre los carteles y el gobierno mantenía la paz interna en México.

Pero incluso si este pacto tácito existió durante los tiempos del PRI, hoy sería imposible esa forma de contrato social. Hasta fines de los años 90, la cocaína que ingresaba a Estados Unidos estaba en manos de dos carteles colombianos, el de Medellín y el de Cali, y el mercado que les quedaba a los narcotraficantes mexicanos era mucho menos jugoso. Cuando los carteles de Cali y Medellín fueron desmantelados por el gobierno colombiano con ayuda de tropas y dinero estadounidenses, el mercado completo quedó a disposición de los carteles mexicanos. Y no son dos como en Colombia, sino muchos. La violencia comenzó entre carteles rivales antes de que el gobierno les declarara la guerra enviando tropas. Y cuando los militares han logrado derrotar a uno de los carteles, la violencia ha recrudecido porque los grupos restantes comienzan a disputarse el territorio.

¿Qué ha hecho entre tanto Estados Unidos para intentar reducir el mercado consumidor? Desde 1980 hasta la fecha ha aumentado por diez el tiempo en prisión para los condenados por delitos relacionados con drogas, sin otro efecto que aumentar temporalmente los precios de las drogas en la calle. Estados Unidos es hoy el país que más personas tiene encarceladas en el mundo -casi uno de cada cien habitantes, según un estudio del King's College, London-, posición a la que ha ido escalando tras varias iniciativas de guerra contra las drogas que se iniciaron en los años 70. Un alto porcentaje de la población penal estadounidense cumple condenas por drogas, sin que se note una disminución en la demanda.

El gobierno estadounidense gasta US$7.000 millones al año en arrestar y enjuiciar a más de medio millón de personas por delitos relacionados con drogas, pero el mercado ni se entera: desde 1975 hasta 2011, una encuesta escolar arroja todos los años casi el mismo resultado: alrededor de un 75% de los estudiantes responde que les es “muy fácil” conseguir marihuana.

Peña Nieto enfrenta un desafío grande. Ha hablado de convertir en gendarmes a los cerca de 50.000 militares que hay destinados hoy a la lucha contra el crimen organizado, y de pedir mayor cooperación a Estados Unidos. Pero mientras exista mercado de drogas ilegales habrá organizaciones dispuestas a producir y distribuir drogas ilegales para abastecer ese mercado.

Han surgido posibilidades de mitigar el problema por el lado de la legalización y la descriminalización. Algunos estados de EE.UU. han legalizado el uso de marihuana con fines terapéuticos y la posesión de pequeñas cantidades de droga -incluidas la cocaína, la heroína y la metanfetamina- ha sido descriminalizada en varios países de América Latina, incluido México. Pero eso no ha reducido el problema de la narcoviolencia.

La legalización del uso recreativo de marihuana sí sería un paliativo, ya que su contrabando y distribución constituye la principal fuente de ingreso de varios carteles. Pero incluso si EE.UU. legalizara el consumo de marihuana -acción que hoy parece impensable- persistiría la demanda por otras drogas ilegales.

Varios ex presidentes latinoamericanos se han agrupado para abogar por políticas que combinen legalización, descriminalización y programas de prevención y tratamiento médico, destinando a salud pública los fondos que hoy van a represión policial, militar y encarcelamiento. Hay evidencia anecdótica en varios países de que este enfoque da resultados. Lo que el nuevo presidente de México debe hacer es tomar en serio ese enfoque, empezar por casa y, una vez que pueda mostrar resultados, llevar la evidencia al país vecino. Quizá Obama -o Romney- le preste atención.