Nicaragua, desde la semana pasada, vive uno de los períodos más trágicos y tenebrosos de su historia reciente, después del régimen del terror de la tiranía de Anastasio Somoza, quien instauró un régimen dictatorial absolutista desde 1967 a 1979. Una tiranía que originó la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación. ¡Quién lo iba a pensar que décadas después el presidente Daniel Ortega se convertiría en otro sátrapa de las mismas características del autócrata de Somoza, que combatió en la lucha armada del FSLN! 

La realidad actual es que Ortega y su esposa Rosario Murillo controlan todos los hilos de poder en Nicaragua. Un poder edificado sobre una personalización caudillista, de un despiadado autoritarismo; un fundamentalismo religioso y populista, cohesionado con una voracidad económica y una poderosa red de asistencialismo.

Una pareja que ha estructurado un régimen absolutista que domina todas las ramas de los poderes nicaragüenses, el sistema electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía. Su fin ha sido eternizase en el poder y por eso ha dado un golpe de Estado al ordenamiento Constitucional con la anulación de las credenciales de 28 legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional, quienes lideraban la Coalición Nacional por la Democracia (CND), la principal alianza de oposición al gobierno. Ortega busca constituir un régimen de partido único.

Daniel Ortega gobernó por primera vez desde 1985 a 1990. Luego perdió las elecciones con una coalición de 14 partidos, agrupados en la Unión Nacional Opositora (UNO), que llevó a la presidencia a Violeta Chamorro. Regresó al poder en las elecciones de 2006, reformó la Constitución y se hizo reelegir en 2011. De allí en adelante tomó una serie de medidas que le permitieron ir acumulando poderes. Una de las decisiones más polémicas fue cuando decretó prorrogar los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Electoral y otros funcionarios de los organismos de control. Una movida que le permitió el dominio absoluto.

Una nefasta acumulación de poder que estuvo su origen en un acuerdo político que suscribió con el Partido Liberal Constitucional (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán, el cual permitió reformar las estructuras de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la Nación. Un acuerdo que permitió un reparto paritariamente en dichas instituciones entre liberales y sandinistas. Pacto que Ortega rompió cuando regresó al poder. Y de aliados con el PLC, pasaron a ser rivales políticos.

Pero Ortega no sólo ha diezmado a los partidos de oposición nicaragüenses con el control de las ramas del poder público, sino también a punta de fraudes electorales. En las elecciones municipales de 2008 los observadores internacionales documentaron fraude a favor del partido de gobierno en más de la mitad de los 153 municipios del país. En las elecciones presidenciales y legislativas de 2011 la misión de la UE también denunció un fraude monumental. Fue mediante ese fraude que Ortega ganó la presidencia y obtuvo el control de las dos terceras partes del Parlamento. 

Ahora para su reelección en los comicios de noviembre cambió el libreto y su primera medida fue no aceptar observadores electorales internacionales. La segunda, fraguar para que la Corte Suprema de Justicia anulará las decisiones de la Convención del Partido Liberal Independiente, una disidencia del PLC en que eligió a su fórmula presidencial Eduardo Montealegre, anterior rival en las elecciones del 2006. De paso, también invalido las candidaturas de otros opositores de la CND: Luis Callejas y Violeta Granera.

El Tribunal Electoral despojó a la oposición de sus escaños parlamentarios y así el gobierno tomo el control absoluto de la Asamblea Nacional. De esa manera, Ortega ha quedado solo en el ruedo y sin competidor en las próximas elecciones de noviembre. Un tirano que a los 70 años se presentará en las elecciones para su tercer mandato consecutivo, sin candidatos de oposición, en un país de seis millones de habitantes, donde el 70% de los nicaragüenses son pobres y dependen de las limosnas de las políticas de subsistencia alimentaria de su régimen despótico y antidemocrático.