Desde el comienzo de mi larga carrera periodística, fui prevenido por mis jefes del peligro de infiltraciones de información en las redacciones de los periódicos. Eran acciones de los gobiernos o de los ministros, porque a todos ellos siempre les ha interesado conocer, influir, cambiar a su favor o eliminar el contenido periodístico. Las razones son simples: una, la credibilidad de los políticos es bastante menor a la de la prensa; otra, el orgullo y la vanidad de presumir ante el gabinete de conocer ese contenido antes de su salida a la calle. En cierta manera se puede considerar parte de la actividad periodística en todos los países, en especial los subdesarrollados. Cada vez los intentos aumentan y la tecnología se convierte en cómplice.
El actual gobierno también ha cometido errores debidos a su poco interés por entender el papel de los medios informativos, pero sobre todo el de la mencionada tecnología para la difusión de noticias. Algunas de esas acciones se realizan como si no supieran de la imposibilidad e ilegalidad de intentar controlar las publicaciones. Las redes sociales se han encargado de ello, y por eso circulan en segundos y en todo el mundo, noticias, comentarios y críticas, aunque también —por infortunio— insultos y muestras de cobardía. Es imposible la censura, para decirlo claro. Y cuando se intenta, el fracaso surge de inmediato y la información se convierte en una verdad total. El efecto es contraproducente y solo demuestra incapacidad y actitud caprichosa.
Hay varias maneras de intentar ese control. A la corrupción se agrega la instalación de informantes. En el caso actual, el gobierno recibió la copia de un artículo aún no publicado, y lo justifica como una acción individual de un periodista. Asumiendo esta versión como verdadera, la reacción de salir a la defensa antes del ataque no tomó en cuenta cómo iba a ser interpretada dentro y fuera del país: una clara prueba de abuso, de espionaje, de intento de control de las redes sociales, aunque no fuera así. En todo caso debió haberla preparado para lanzarla después de la publicación. Al actuar así, nadie hubiera podido criticar, porque el papel de los medios oficiales u oficialistas es el de defender todo, hasta aquello indefendible.
A lo sinterno, el presidente debe investigar quién dio la orden de criticar y descalificar el artículo antes de ser publicado. Ese error elemental de criterio demuestra mucho de la modesta capacidad del equipo de gobierno. Se encuentra ahora en un problema cuyo efecto negativo será aún más notorio en el campo internacional. No existe, porque no ha nacido el político satisfecho con la labor crítica de la prensa, o enojado cuando recibe felicitaciones. Así como todo gira alrededor del principio de la libre emisión del pensamiento, estas acciones le pasan la factura al país, lo cual es injusto e inmerecido. Ciertamente constituye una generalización imperfecta, porque le otorgan la calidad de intolerante a todo el conglomerado guatemalteco.
A mi juicio defender al gobierno fuera del país en estas circunstancias es tarea muy difícil, talvez imposible. La comunidad internacional se pregunta las causas de reacciones como la hoy comentada. Pide explicaciones a quienes lo representan en instituciones sociales, políticas o económicas internacionales, pero son indefendibles. La ira implícita y poco disimulada dentro de las acciones oficiales afecta a todo el gobierno, aunque muchos de sus integrantes no quieran hablar del tema y alcanza a quienes sean candidatos patriotistas. Para finalizar, se debe recordar la ley respectiva: no constituye delito alguno ningún señalamiento en contra de los burócratas, lo cual implica —necesariamente— tener serenidad cuando se reciben críticas.
*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com
