La estrategia de Obama respecto a Cuba se basó en cierto diagnóstico sobre sus implicaciones. Ese diagnóstico partía de una constatación: medio siglo de embargo económico no sólo no produjo su objetivo declarado (un cambio de régimen), sino que incluso habría sido contraproducente. La evidencia acumulada en décadas recientes sugería algunas razones para ello. Para empezar, la constatación de que las sanciones generalizadas con fines maximalistas (como un cambio de régimen), suelen fracasar en su propósito. Ese fracaso se explicaría porque los regímenes autoritarios pueden redistribuir el costo de las sanciones, haciendo que este sea asumido por sus rivales políticos o por la sociedad en su conjunto, pero no por el propio régimen. Peor aún, el régimen bajo sanciones puede emplearlas para premiar a sus aliados. El gobierno iraní, por ejemplo, concedía a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria control sobre operaciones de contrabando y mercado negro que, a su vez, eran una consecuencia de las sanciones.
De la constatación del fracaso de la política de embargo derivaba la necesidad de un cambio. Por esa razón, cuando el gobierno de Obama decidió aplicar sanciones contra Venezuela, estas se focalizaron contra individuos o empresas particulares, no contra la economía venezolana en su conjunto (política que, por cierto, no ha modificado la administración Trump).
El segundo elemento del diagnóstico era que cualquier cambio en la política hacia Cuba debía darse a través de órdenes ejecutivas. Es decir, de decisiones que no requiriesen ser refrendadas por un Congreso de mayoría republicana. Debía además tratarse de decisiones que crearan grupos con un interés en preservar el nuevo status quo, lo cual elevaría el costo de cualquier intento ulterior por desmontar esas políticas.
A juzgar por lo limitado de los cambios en la política hacia Cuba introducidos por la administración Trump, el diagnóstico de Obama resultó certero. Pensemos por ejemplo en uno de los componentes medulares de la nueva política: la prohibición a empresas estadounidenses de realizar negocios con empresas cubanas controladas por las fuerzas armadas. En principio, esa decisión no contradice un elemento medular del diagnóstico de Obama: al hacer que la sociedad en su conjunto dependiera en gran proporción de las transferencias del régimen para subsistir, lejos de empoderar a actores sociales en su relación con el Estado, el embargo los debilita.
De otro lado, es sintomático que la prohibición de contratar con empresas cubanas bajo control militar haga una excepción con las empresas estadounidenses que ya habían desarrollado vínculos comerciales con Cuba (V., aerolíneas, compañías de crucero, o la cadena de hoteles Marriot). La razón de esa excepción es la que previera el diagnóstico de Obama: de no haberla concedido, esas empresas probablemente habrían desplegado campañas de cabildeo en contra del cambio en la nueva política hacia Cuba, o incluso habrían entablado demandas judiciales contra su propio gobierno.
Paradójicamente, el cambio aprobado por la administración Trump que tendrá mayor impacto en Cuba (V., reintroducir restricciones a los viajes particulares de ciudadanos estadounidenses), podría confirmar el diagnóstico de Obama: al reducir en forma significativa los viajes a la isla, afectará en forma adversa los ingresos de taxistas, guías turísticos, meseros, artesanos, hostales, restaurantes, y, en general, pequeños negocios privados en Cuba. Es decir, aquellos sectores de la sociedad cubana que, según propia versión, la política estadounidense busca empoderar.
