Las negociaciones que se iniciarán de manera formal en octubre no son el primer intento por desmovilizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), e incorporar a esa organización en el proceso político. Admitiendo que no existe garantía posible de éxito, ¿hay al menos razones para esperar que en esta ocasión las perspectivas sean más alentadoras? Creo que sí, básicamente porque las condiciones que explican el fracaso de los intentos anteriores han cambiado.

El primer intento de poner fin al conflicto armado interno tuvo lugar hacia mediados de la década del 80. Como parte de él, grupos desmovilizados de las FARC contribuyeron a crear un partido político (V., Unión Patriótica), que decidió participar en las elecciones presidenciales. Fueron diezmados en el proceso: entre militantes, dirigentes y candidatos presidenciales, unos 3.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por grupos paramilitares. Y como sabemos ahora, estos últimos mantuvieron vínculos con sectores del gobierno colombiano (la admisión más reciente es la de quien fuera jefe de seguridad del presidente Uribe, el general en retiro Mauricio Santoyo, durante el juicio que se le sigue en los Estados Unidos).

El segundo intento de poner fin al conflicto armado fracasó en 2002, pero por razones diferentes. Las FARC no sólo recordaban los riesgos de confiar en el gobierno, sino que además eran conscientes de su orfandad popular (algunas encuestas ubicaban su respaldo ciudadano alrededor del 5%). Es decir, si se desmovilizaban podían esperar represalias en el peor de los casos, o ser una fuerza política marginal, en el mejor. Y para conseguir tan magros réditos, debían renunciar al mayor poderío militar y económico que jamás habrían de alcanzar. De un lado, una fuerza militar bien pertrechada, compuesta por entre 16 y 20 mil individuos en armas, además de poseer control efectivo sobre un 20% del territorio colombiano. De otro lado, una investigación financiada por el Banco Mundial sostenía que las FARC recibían hasta US$500 millones anuales por su participación en el narcotráfico, y unos US$200 millones adicionales producto de secuestros y extorsiones.

 Las FARC por ende no tenían ningún incentivo para negociar de buena fe el fin del conflicto armado. Pero los gobiernos de Santos y (sobre todo) Uribe, habrían de proveerles esos incentivos. De un lado, propinándoles golpes contundentes, que hicieron que el número de efectivos bajo el mando del Directorado de las FARC se redujera a entre 8 y 9 mil individuos en armas. De otro lado, el Directorado de 7 miembros que jefatura las FARC no había sufrido una sola baja en combate desde la fundación de esa organización en 1964: entre 2008 y 2011 vio morir a tres de sus integrantes a manos de las fuerzas armadas, además de la muerte por causas naturales de su propio fundador. Todo lo cual revelaba tanto el grado en el que las fuerzas del orden habían infiltrado las FARC, como el grado en el que su Directorado había perdido control sobre sus bases (recordemos que la liberación, entre otros, de Ingrid Betancourt fue producto de un ardid, en el que efectivos del gobierno se hicieron pasar por emisarios del Directorado de las FARC). Esto a su vez contribuyó a reducir los recursos que obtenían las FARC a través de los secuestros, al punto que renunciaron a seguir perpetrándolos (amen de liberar a los miembros de las fuerzas del orden que aún retenían en su poder), como condición para iniciar las negociaciones.

Además de la mengua en las huestes de las FARC, los gobiernos de Uribe y (en menor medida) Santos, consiguieron reducir significativamente la tasa de homicidios, y desmovilizar a la mayoría de los paramilitares (aquellos que no lo hicieron se han convertido en grupos meramente delincuenciales). Lo cual redujo el temor a represalias en caso de que los miembros de las FARC llegaran a desarmarse.  

En resumen, las FARC tiene ahora ante sí una estructura de incentivos diferente a la que enfrentaban en 1985 y, sobre todo, en 2002. Pero si el gobierno está a la ofensiva, ¿qué incentivos tendría para iniciar estas negociaciones? Pues que, como indicamos, las FARC cuentan aún con entre 8 y 9 mil efectivos en armas, y que estos encuentran cobijo en inmensas zonas boscosas con poca población pero muchos recursos. No es casual por ejemplo, que los atentados contra oleoductos se hayan incrementado en un 340% en los primeros 7 meses de 2012: de ese modo las FARC extorsionan a las empresas que operan en la zona, y refuerzan su posición negociadora frente al gobierno (cuya estrategia de crecimiento depende en parte de la explotación de esos recursos por la inversión privada). Se trata de zonas que jamás estuvieron bajo completo control del Estado colombiano, y de las que este no ha conseguido desalojar a las FARC en casi medio siglo: conseguir ese objetivo mediante negociaciones costaría mucho menos en tiempo, recursos y vidas humanas, que conseguirlo mediante la continuación de la guerra.