Popularizada por José Luis Rodríguez 'El Puma' hace más de tres décadas, el estribillo central de la canción dice "Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada". Esta canción relata la historia de un hombre que se lamenta de su pareja. Su ilusión se estrella contra el maltrato de ella.

Un reciente proyecto de ley (3774) del congresista Manuel Dammert Ego-Aguirre recuerda la misma canción. Su propuesta: reforzar las empresas públicas (Petro-Perú, Enapu, Electro-Perú, Banco de la Nación, etc.) limitando su posible privatización, restringiendo la participación privada y fomentando una mayor inversión pública para hacerlas crecer.

¿El objetivo? El bienestar de la población. Asume que las empresas públicas actuarán en beneficio del interés general y contribuirán al desarrollo del país. La exposición de motivos menciona como base la famosa "Gran transformación", el documento que contenía el plan de gobierno de Humala, y que proponía reforzar las empresas públicas estratégicas.

Según la propuesta, es bueno que ciertas actividades económicas sean de propiedad de todos. Las empresas públicas representan una suerte de propiedad social, en la que el accionista (el Estado) es representante del pueblo que es finalmente el propietario. Nos hacen a todos "dueños de algo".

Pero lo que es de todos no es de nadie. Las empresas del Estado en realidad nos hacen dueños de nada. Un reciente artículo de Andrea Cadenas nos hace recordar que en 1994, solo 52 mil personas tenían un teléfono móvil mientras que actualmente 30 millones de personas cuentan con uno. Y nos recordó también que en el 2005, el puerto del Callao era el único en el ránking de puertos de América Latina y el Caribe que no tenía ni una grúa pórtico ni una grúa móvil y que, hace poco más de un mes, arribaron 6 grúas que permitirán duplicar su capacidad operativa.

Estos son algunos de los logros que explican la sustancial mejora en los niveles de vida de los peruanos en las últimas dos décadas, a los que se suman un espectacular desarrollo de la producción de electricidad, un cambio radical de la matriz energética gracias a la llegada del gas de Camisea, la transformación del Jorge Chávez de un aeródromo de segunda en el mejor aeropuerto de Sudamérica, la ampliación y mejora sustancial de buena parte de nuestra red de carreteras, entre otros cambios. Esa, y no el plan de gobierno del incipiente candidato Humala, ha sido la verdadera gran transformación.

Todo ello no es fruto de la "eficiencia" y "eficacia" de las empresas públicas. Es todo lo contrario. Es consecuencia de la inversión privada, la cual llegó gracias a un marco de protección que reforzó la propiedad y creó los incentivos necesarios para que los retornos justificaran la venida de capitales importantes.

Lo cierto es que ser dueños de empresas públicas nos hace dueños de nada. No es que los funcionarios de las empresas públicas sean per se incompetentes o corruptos (aunque muchas veces sea así). Es simplemente que no tienen los incentivos adecuados para mejorar la performance de las empresas.

Diversos estudios efectuados en varios países muestran que las empresas públicas, a diferencia de las privadas, no maximizan ni eficiencia ni utilidades, sino que maximizan gastos. Tienen incentivos para contratar personal, pagar más a sus proveedores, mejorar su imagen mediante gastos inútiles. Además, su gestión suele orientarse no a la mejora del bienestar de sus consumidores, sino al logro de objetivos políticos. Antes que vender bienes y servicios de calidad, las empresas públicas se usan para comprar votos.

Las empresas del Estado han sido culpables de buena parte del subdesarrollo que heredamos de los gobiernos de los 70 y 80. Ya que el congresista Dammert parece querer emular a 'El Puma', quizás quiera, en el futuro, entonar otra canción que este último popularizó: "No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo".

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.