La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff se desplomó en los últimos dos meses. El número de los que consideran que su gobierno es malo o pésimo saltó de 24% hasta llegar a 44%, según reveló una reciente encuesta del Instituto Datafolha.

Ni siquiera durante las protestas que debilitaron Brasil en 2013, la popularidad de la presidenta registró un nivel tan bajo. Eso demuestra cómo el escándalo por la crisis que afectó a Petrobras -con un desvío billonario de recursos, según investigaciones que aún llevan a cabo el Ministerio Público y la Policía Federal- se vincula a la figura de la presidenta.

Incluso se especula con la posibilidad de que Dilma Rousseff esté implicada en el caso por falta de probidad administrativa. El espacio que han ganado tales especulaciones en los medios brasileros puede conducir a una interpretación errónea de algo que es un paso lógico en el saneamiento de la empresa con la que los brasileros se identifican tanto como con su país.

Finalmente, el elector sabe que la salida de Graça Foster y de cinco directores del ejecutivo de esa empresa estatal no es suficiente para resolver los problemas de Petrobras. Será preciso mucho más para recuperar la credibilidad perdida.

El nuevo presidente, Aldemir Bendine, hasta entonces presidente y miembro del Consejo de Administración del Banco de Brasil, no podrá hacer simplemente tabula rasa. En una época de contracción económica global y con un bajo precio del petróleo todavía deberá sanear los problemas de la gestión de contratos denunciados por las investigaciones anticorrupción. Es decir, que ni Petrobras podrá recomenzar de cero, ni la coyuntura es propicia para una recuperación rápida.

Así las cosas, reducir el saneamiento de Petrobras a una dimensión política sería un error, tanto para Brasil como democracia como para Petrobras como empresa. De hecho, las empresas estatales frecuentemente son explotadas para atender a fines políticos, y sus tomadores de decisiones saben que, en caso de emergencia, el dinero público estará allí para cubrir las pérdidas. Para los críticos, una ocasión oportuna para retomar el viejo argumento de que la solución para Petrobras sería una privatización completa. Pero eso significaría simplificar demasiado el problema. Del mismo modo como sería un error instrumentalizar la crisis de esa empresa para usarla con fines meramente políticos. Eso no resolvería el problema de nadie.

Naturalmente, es de desear que un sistema de corrupción tan pérfido y nocivo sea investigado, y que los acusados sean llevados a juicio y condenados. También es perfectamente correcto esperar de la jefa del Ejecutivo que comunique todo lo que sabe al respecto, así como incentivar que haga uso de su poder como instancia de control. Eso debería ser evidente.

Sin embargo, como dice la propia presidenta, es preciso castigar a las personas, no a la empresa. Solo así se haría justicia con los miles de profesionales capacitados que transformaron Petrobras en una de las mayores empresas petroleras del mundo, con presencia en 17 países, y con un ingreso anual de 300 billones de reales.

El objetivo de los electores debería ser defender a Petrobras, protegerla de la mera instrumentalización política. Solo así, la empresa estatal será capaz de ejecutar las más que urgentes reformas, necesarias para sacarla del pantano ideológico en el cual se encuentra atrapada.

*Esta columna fue publicada originalmente en sitio web de Deutsche Welle.