Una serie de interrogantes deja la manera como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia han seleccionado los nuevos magistrados de descongestión de la Sala de Casación Laboral de aquella corporación colombiana. Su decisión está al borde de desatar un nuevo escándalo de discriminación racial por la manera como se desarrolló el último proceso de selección de los nuevos dignatarios de su Sala Laboral.

En la convocatoria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura colombiano se inscribieron 247 aspirantes. Después de una revisión minuciosa, fueron preseleccionados por cumplir todos los requisitos 143 profesionales del derecho que, posteriormente, fueron convocados a entrevistas. Luego de ese proceso se seleccionaron 120 aspirantes, organizados en doce listas de candidatos elegibles, de diez aspirantes cada una: 44 mujeres y 76 hombres, de los cuales tres afrodescendientes. Listas que fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia para que procediera a la elección de los doce magistrados.

El 20 de abril, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realizó un nuevo proceso de entrevistas a los aspirantes. Entrevistas que aparecen publicadas en su página web. Dentro de los citados a las nuevas entrevistas aparecen los tres afrodescendientes, pero solo dos se presentaron, lo que indica que pasaron todos los filtros del riguroso proceso. Hasta allí todo parecía un proceso de selección transparente. La sorpresa se presentó el 27 de abril, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia publica en su página web la lista de los diez magistrados elegidos para que integraran la Sala en mención: siete hombres mestizos y tres mujeres.

Lo que llamó la atención fue que la Corte debió elegir doce magistrados y solo eligió diez. Respetó los derechos de las mujeres, consagrados en la Ley 581 de 2000, que dice que el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio serán ocupados por mujeres en las entidades de las tres ramas del poder público en todos sus niveles dentro de la estructura del Estado. Sin embargo, no acató los derechos de los afrodescendientes que hablan de una cuota por derecho como minoría, de conformidad con la discriminación positiva.

En Colombia se habla de un 15% en los cargos altos del Estado para los afrodescendientes, basado el principio constitucional de la discriminación positiva. En varios fallos la Corte Constitucional ha protegido las acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas. En virtud de que son contadas las mujeres y hombres de la etnia negra que han ocupado altos cargos en la historia del Poder Judicial colombiano. De hacerse una investigación sobre las estadísticas de la participación de los negros en las altas dignidades de los tribunales de justicia colombiana, desde el nacimiento de la República, seguramente que la cifra será vergonzosa ante los ojos del mundo.

Este nuevo episodio demuestra que en una sociedad como la colombiana, desigual, clasista y excluyente, seguirá siendo difícil que un hombre o una mujer negra llegue a las más altas dignidades del Estado. No es que los negros no tengan las capacidades académicas y éticas para ocupar altas dignidades en el Estado, sino que en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree ‘blanca’ y superior, continúan con los prejuicios de que los negros son personas inferiores e incapaces.

Una 'superioridad' sustentada en las falacias de la creencia de una “supremacía racial”, especialmente en las élites que gobiernan y controlan los centros de poder que continúan pensando que los negros son incompetentes . 

Lo que acaba de suceder con los aspirantes afrodescendientes, en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia colombiana, es una muestra clara de que por la discriminación se les siguen cerrando las oportunidades a las minorías étnicas.

En Colombia, al igual que en muchos países latinoamericanos, todavía se sigue viviendo los rezagos de la herencia colonial con un endémico racismo y una enfermiza discriminación racial abierta y soterrada contra las minorías. Prejuicios que han impedido que miembros de las minorías tengan una mayor representatividad en las estructuras de los Estados. En Colombia, por la arraigada discriminación racial, la población indígena y negra tiene los peores índices de calidad de vida en el país. Por esos ancestrales imaginarios, son contados los negros que hacen parte de las altas dignidades del Estado y del sector privado.

Ni con las leyes, ni con una serie de sentencias judiciales se ha podido romper con las cadenas del racismo y la discriminación en el país. Han sido tan endémicas las desigualdades, las exclusiones y la discriminación contra las minorías étnicas, que solo por presiones de los organismos internacionales y la luchas de las minorías que en las últimas décadas se han tenido que promulgar leyes para abrir espacios a las minorías como la ley de negritudes.

En Colombia ser negro es una limitante para acceder a las altas dignidades del Estado. Lo que acaba de suceder con la cuota afrodescendiente en la elección de los magistrados de descongestión debe generar un enérgico rechazo contra del racismo y la discriminación racial.